Los contrataron hace cinco meses en Seguridad Pública y aún no les pagan

Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública que fueron contratados para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en los municipios de Tlapa, Zihuatanejo y Ometepec, se instalaron en paro de labores con carácter de indefinido y tomaron la oficina de la Dirección
General de Medidas Cautelares y Ejecución de Sentencias.
Los quejosos refieren que desde principios de año fueron reclutados, después capacitados para atender la parte que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública en el nuevo sistema de justicia penal, por ello el primero de mayo fueron enviados a las ciudades que son sede de las salas de oralidad.
Los quejosos en voz de Karina Nájera Castro, señalaron que se fueron a Ometepec, Tlapa y Zihuatanejo, luego de haber sido capacitados y empezaron a trabajar con el ofrecimiento de que en sólo dos o tres quincenas habrían de recibir su pago que sería a partir del primer de mayo, sin embargo han transcurrido cinco meses y el dichoso pago no llega.
Debido a que no recibieron su salario se entrevistaron con Adriana Yadira López Lazcano, coordinadora de a implementación del nuevo sistema de justicia en la Secretaría de seguridad Pública, y que es la persona que los contrató y capacitó, sin embargo ella les dijo que su contratación salía de su capacidad, “porque el presupuesto no fue autorizado”.
Ante tal respuesta acudieron al director del área, Gonzalo Nicolás Meléndez, quien tampoco pudo ofrecerles una solución; así las cosas dirigieron su queja al Secretario de Seguridad, general Pedro Almazán Cervantes, a quien enviaron varios documentos e los que no han tenido respuesta.
Por ello decidieron integrarse a la protesta de trabajadores del SUSPEG hace dos semanas y una vez que ese movimiento concluyó, ahora por su cuenta se mantienen en paro, y dicen que así seguirán hasta que les paguen.
Refirieron que la función que están realizando es intervenir cuando en la Fiscalía hay personas detenidas, para hacer una evaluación y determinar el estatus en que se mantendrá al detenido, es decir que "tras realizar una evaluación socioeconómica y psicológica y emitimos una sugerencia sobre sobre qué medidas se le debe de imponer a esta persona si tiene por ejemplo arraigo domiciliario, si no se puede sustraer de la justicia, o si es conveniente que su proceso lo lleve en libertad".
"No estamos pidiendo nada extraordinario, solo que se nos respeten nuestros derechos y se nos pague por lo que ya trabajamos, de lo contrario seguiremos en plantón en este lugar a pesar de que ya hemos sido amenazados con que utilizarán los antimotines para desalojarnos, a pesar de eso estaremos aquí exigiendo el salario". Por los tres municipios son 44 trabajadores los que no han recibido su pago y la totalidad se encuentra actualmente en el paro en esta capital. (Por Abel Miranda Ayala)