En trámite la regularización de cinco mil plazas de Salud sin techo presupuestal
El gobernador Rogelio Ortega Martínez dio a conocer el inicio del proceso formal para regularizar más de 5 mil plazas sin techo presupuestal en la Secretaría de Salud.
Recordó que en la Secretaría de Educación regularizaron 8 mil de más de 12 mil plazas sin
reconocimiento del gobierno federal. “Aligera un poco el peso de un problema acumulado en muchos años”, dijo.
Consideró que ese es el ejemplo que debe seguirse para resolver el déficit financiero acumulado en la Secretaría de Salud.
En entrevista, informó que su administración ya inició los trabajos con la Secretaría de Salud federal “para llegar a una conciliación y resolver este problema histórico”.
Ortega Martínez estimó que la situación legal de las 5 mil plazas de esa dependencia sin reconocimiento del gobierno federal se pueda resolver durante la administración del gobernador electo Héctor Astudillo Flores.
En otros temas, Ortega informó que la liberación de 9 “presos políticos” no fue una decisión del Ejecutivo, sino del Poder Judicial.
Comentó que al asumir el cargo de gobernador se comprometió a revisar escrupulosamente los casos de los líderes sociales bajo proceso penal, pero respetando el “debido proceso” y las atribuciones del Poder Judicial. Comentó que las preliberaciones están sujetas al debido proceso, en apego a su buen comportamiento.
“El caso más extremo es de un ciudadano bajo proceso desde hace 19 años, de Chilapa. Analizamos de manera escrupulosa, perfectamente documentado en términos técnico-jurídicos para poder preliberar”, comentó. Sobre la crisis financiera que heredará a la próxima administración en las secretarías de Salud y Educación, Ortega resaltó que ambas son “prioritarias en el proceso de entrega-recepción”.
Cuestionado sobre la constante intervención de policías antimotines del gobierno estatal para disolver cualquier intento de protesta, el gobernador dijo que su gobierno sigue defendiendo la “tolerancia extrema”, pero en apego a la legalidad. “De pronto 30 o 40 personas que piden apoyos bloquean la autopista.
El derecho de libre manifestación, de crítica, de demanda y de exigencia están plenamente garantizados, pero donde termina nuestro derecho inicia el derecho de otros”, expuso. “No podemos seguir permitiendo que a cualquier persona se le ocurra obstruir y violar el derecho de terceros. La fuerza pública interviene en base a los protocolos establecidos, que también es cultura de la legalidad”, concluyó. (www.agenciairza.com)
Recordó que en la Secretaría de Educación regularizaron 8 mil de más de 12 mil plazas sin
reconocimiento del gobierno federal. “Aligera un poco el peso de un problema acumulado en muchos años”, dijo.
Consideró que ese es el ejemplo que debe seguirse para resolver el déficit financiero acumulado en la Secretaría de Salud.
En entrevista, informó que su administración ya inició los trabajos con la Secretaría de Salud federal “para llegar a una conciliación y resolver este problema histórico”.
Ortega Martínez estimó que la situación legal de las 5 mil plazas de esa dependencia sin reconocimiento del gobierno federal se pueda resolver durante la administración del gobernador electo Héctor Astudillo Flores.
En otros temas, Ortega informó que la liberación de 9 “presos políticos” no fue una decisión del Ejecutivo, sino del Poder Judicial.
Comentó que al asumir el cargo de gobernador se comprometió a revisar escrupulosamente los casos de los líderes sociales bajo proceso penal, pero respetando el “debido proceso” y las atribuciones del Poder Judicial. Comentó que las preliberaciones están sujetas al debido proceso, en apego a su buen comportamiento.
“El caso más extremo es de un ciudadano bajo proceso desde hace 19 años, de Chilapa. Analizamos de manera escrupulosa, perfectamente documentado en términos técnico-jurídicos para poder preliberar”, comentó. Sobre la crisis financiera que heredará a la próxima administración en las secretarías de Salud y Educación, Ortega resaltó que ambas son “prioritarias en el proceso de entrega-recepción”.
Cuestionado sobre la constante intervención de policías antimotines del gobierno estatal para disolver cualquier intento de protesta, el gobernador dijo que su gobierno sigue defendiendo la “tolerancia extrema”, pero en apego a la legalidad. “De pronto 30 o 40 personas que piden apoyos bloquean la autopista.
El derecho de libre manifestación, de crítica, de demanda y de exigencia están plenamente garantizados, pero donde termina nuestro derecho inicia el derecho de otros”, expuso. “No podemos seguir permitiendo que a cualquier persona se le ocurra obstruir y violar el derecho de terceros. La fuerza pública interviene en base a los protocolos establecidos, que también es cultura de la legalidad”, concluyó. (www.agenciairza.com)
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