Espera el gobierno que el líder del CECOP obtenga su libertad pronto
Autoridades del gobierno estatal prevén que el líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa hidroeléctrica de La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz, obtenga su libertad en los próximos días.
Si se demuestra la inexistencia de los bienes que presuntamente el dirigente robó a
una empresa extractora de grava, inmediatamente cobraría su libertad.
De acuerdo con David Cienfuegos Salgado, secretario general de Gobierno, dentro del proceso jurídico hay momentos en que “las órdenes de aprehensión se pueden echar abajo si se demuestra que no hay elementos que constituyan un delito”.
“En el caso particular Tlachinollan, está tratando que se demuestre la no existencia de los bienes que se imputa fueron robados por Marco Antonio, y si esto sucede así, inmediatamente quedaría libre”, expuso. Para la administración del gobernador sustituto Rogelio Ortega Martínez, “el concepto de presos políticos no existe formalmente”, sólo reconoce que “hay luchadores sociales en la cárcel”.
No obstante, Cienfuegos Salgado precisó que al menos 60 personas están consideradas como “presos de conciencia por sus “condiciones políticas e ideológicas”.
Comentó que esa lista ya fue enviada al Congreso local para que se anexe a la iniciativa sobre la Ley de Amnistía y que podrían obtener el beneficio de la libertad por esa vía, a la cual se adhiere el caso de los líderes comunitarios encarcelados desde el 2013.
Al respecto, el secretario informó que se ha mantenido diálogo con sus familiares, pero explicó que es indispensable mantener la ruta jurídica para conseguir su liberación, lo cual llevará un tiempo razonable.
“El debido proceso no es algo que sea de un día para otro”, refirió. Comentó que Rogelio Ortega ha cumplido con lo que está a su alcance para apoyar la liberación de los coordinadores comunitarios.
Recordó que primero solicitó a la Fiscalía General del Estrado el desistimiento de la acción penal y luego envió al Congreso local la propuesta de Ley de Amnistía, pero en ambos casos, dijo, corresponde a otras instancias resolver.
“El gobernador ha sido respetuoso del principio de división de poderes y es algo que a lo mejor no estamos acostumbrados; el gobernador no ha presionado a ninguna autoridad para que tome decisiones”, dijo. (www.agenciairza.com)
una empresa extractora de grava, inmediatamente cobraría su libertad.
De acuerdo con David Cienfuegos Salgado, secretario general de Gobierno, dentro del proceso jurídico hay momentos en que “las órdenes de aprehensión se pueden echar abajo si se demuestra que no hay elementos que constituyan un delito”.
“En el caso particular Tlachinollan, está tratando que se demuestre la no existencia de los bienes que se imputa fueron robados por Marco Antonio, y si esto sucede así, inmediatamente quedaría libre”, expuso. Para la administración del gobernador sustituto Rogelio Ortega Martínez, “el concepto de presos políticos no existe formalmente”, sólo reconoce que “hay luchadores sociales en la cárcel”.
No obstante, Cienfuegos Salgado precisó que al menos 60 personas están consideradas como “presos de conciencia por sus “condiciones políticas e ideológicas”.
Comentó que esa lista ya fue enviada al Congreso local para que se anexe a la iniciativa sobre la Ley de Amnistía y que podrían obtener el beneficio de la libertad por esa vía, a la cual se adhiere el caso de los líderes comunitarios encarcelados desde el 2013.
Al respecto, el secretario informó que se ha mantenido diálogo con sus familiares, pero explicó que es indispensable mantener la ruta jurídica para conseguir su liberación, lo cual llevará un tiempo razonable.
“El debido proceso no es algo que sea de un día para otro”, refirió. Comentó que Rogelio Ortega ha cumplido con lo que está a su alcance para apoyar la liberación de los coordinadores comunitarios.
Recordó que primero solicitó a la Fiscalía General del Estrado el desistimiento de la acción penal y luego envió al Congreso local la propuesta de Ley de Amnistía, pero en ambos casos, dijo, corresponde a otras instancias resolver.
“El gobernador ha sido respetuoso del principio de división de poderes y es algo que a lo mejor no estamos acostumbrados; el gobernador no ha presionado a ninguna autoridad para que tome decisiones”, dijo. (www.agenciairza.com)
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