Comenzó AGE esta semana auditoría al Instituto Electoral

Esta semana, la Auditoría General del Estado (AGE) inició formalmente la investigación financiera al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) con el fin de conocer cómo y en qué aplicó el presupuesto que le fue asignado este año.

De acuerdo a una fuente del mismo IEPC, fue el martes de esta semana cuando el auditor especial se presentó a las oficinas del órgano responsable de la organización de las elecciones locales y se instaló con su personal para llevar a cabo la auditoría.
Cabe recordar que fue el pleno del Congreso del Estado el que le ordenó a la AGE la aplicación de una auditoría al IEPC después de que sus consejeros integrantes, principalmente la presidenta del organismo, Marisela Reyes Reyes, exigieron de manera insistente la autorización de recursos adicionales para poder solventar de buena manera la organización de las elecciones del pasado siete de junio, ya que el presupuesto que se le asignó para este año era totalmente insuficiente.
Por tal motivo, hace aproximadamente 15 días, la AGE requirió a la titularidad del IEPC, la presentación de información relacionada con el personal con que cuenta, desde los trabajadores que tiene en nómina, los que están por contrato, los edificios que tiene en renta y sus vehículos, incluidos los que le fueron arrebatados durante el conflicto estudiantil-magisterial.
Después de ese requerimiento, finalmente el martes de esta semana comenzó de manera formal la investigación financiera que tiene como propósito conocer cómo y en qué se gastaron los recursos que le fueron asignados al IEPC para este año, principalmente durante el primer semestre de este 2015.
Es de señalarse que antes de que iniciara esta investigación financiera, el IEPC entregó a la AGE el informe financiero correspondiente al primer semestre de este año, informó la fuente informativa.
En ese informe financiero se da cuenta de la aplicación de los más de 300 millones de pesos que fueron destinados únicamente para la organización del proceso electoral y para el pago de prerrogativas a los partidos políticos. (Baltazar Jiménez Rosales)

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