En proceso de despido 37 policías estatales paristas
Tras tres días de paro laboral, 37 elementos de la Policía estatal fueron notificados que se encuentran suspendidos del servicio y serán sometidos a un juicio administrativo en la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la propia Secretaría de Seguridad Pública, donde se les acusa de insubordinación.
De acuerdo con los oficios que les entregó personal de la dependencia en el propio plantón, se establece que “dirigir, organizar o participar en movilizaciones, paros de servicio o cualquier otra forma de manifestación o protesta en contra de sus superiores o de la institución policial, dentro o fuera de su servicio constituye una infracción al Artículo 132, inciso XI, de la Ley 281, de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.
La misma ley aclara que: No aplicará esta hipótesis cuando el presunto infractor haya ejercido previamente el derecho de petición previsto en el artículo 8° de la Constitución Federal sin haber recibido la respuesta.
Los policías iniciaron su protesta el pasado lunes afuera del edificio del C4 de esta capital, para demandar la destitución del Secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán a quien señalan de abusos laborales, además de desviar recursos destinados a bonos de riesgo, uniformes, fornituras y otros enseres necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Asimismo acusaron al funcionario de no entregar viáticos, combustible para las unidades y otros gastos que se generan en los operativos, por lo que la acción de los uniformados se limitó a instalar retenes y suspendieron los rondines de vigilancia.
En respuesta al paro laboral la secretaría de Seguridad pública envió a los paristas oficios en los que les comunicaba que debería reincorporarse de inmediato a sus labores y con nuevas asignaciones a sitios apartados y de difícil acceso, oficios que se negaron a recibir y por eso este día les notificaron su suspensión laboral y el inicio del proceso administrativo en su contra.
En el documento se les especifica que antes de recibir una sanción, serán escuchados para que ofrezcan los argumentos que consideren pertinentes en su defensa, a fin de respetar plenamente sus derechos humanos y garantías reconocidas en la Carta Magma.
INICIAN PROTESTAS EN LAS CALLES
Tras recibir la notificación de que serán sancionados, los 37 policías iniciaron una marcha de protesta que partió del C4, avanzó por las laterales del bulevar Vicente Guerrero y llegó hasta el Congreso el Estado, donde pidieron la intervención de los diputados para gestionar una entrevista con el gobernador Rogelio Ortega Martínez.
A su llegada al Palacio Legislativo se generó una situación de tensión debido a que otro grupo de policías del estado se concentraron para evitar que los manifestantes ingresaran al inmueble, hubo algunos intercambios de palabras que incrementaron la tensión, pero no paso a mayores, luego se permitió el ingreso de una comisión.
“Muchos” de los policías que resguardaban el inmueble dijeron ser solidarios con el movimiento, e incluso les permitieron poner las mantas de protestas en sus patrullas.
Tras dialogar con una comisión de diputados, los policías siguieron su marcha hacia el Palacio de Gobierno donde igual fueron recibidos por vallas de policías anti motín, ahí se presentó el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno.
El ombudsman gestionó una reunión con el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, Victoriano Sánchez Carbajal, con quien no lograron ningún acuerdo por lo que decidieron instalar su campamento de protesta en la entrada del palacio de gobierno, en espera de que los reciba el gobernador Rogelio Ortega o al menos el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos, que son quienes podrían ofrecer una audiencia con carácter resolutivo y no solo para escucharlos como pasó en las entrevistas de ayer. (Por Abel Miranda Ayala)
De acuerdo con los oficios que les entregó personal de la dependencia en el propio plantón, se establece que “dirigir, organizar o participar en movilizaciones, paros de servicio o cualquier otra forma de manifestación o protesta en contra de sus superiores o de la institución policial, dentro o fuera de su servicio constituye una infracción al Artículo 132, inciso XI, de la Ley 281, de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.
La misma ley aclara que: No aplicará esta hipótesis cuando el presunto infractor haya ejercido previamente el derecho de petición previsto en el artículo 8° de la Constitución Federal sin haber recibido la respuesta.
Los policías iniciaron su protesta el pasado lunes afuera del edificio del C4 de esta capital, para demandar la destitución del Secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán a quien señalan de abusos laborales, además de desviar recursos destinados a bonos de riesgo, uniformes, fornituras y otros enseres necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Asimismo acusaron al funcionario de no entregar viáticos, combustible para las unidades y otros gastos que se generan en los operativos, por lo que la acción de los uniformados se limitó a instalar retenes y suspendieron los rondines de vigilancia.
En respuesta al paro laboral la secretaría de Seguridad pública envió a los paristas oficios en los que les comunicaba que debería reincorporarse de inmediato a sus labores y con nuevas asignaciones a sitios apartados y de difícil acceso, oficios que se negaron a recibir y por eso este día les notificaron su suspensión laboral y el inicio del proceso administrativo en su contra.
En el documento se les especifica que antes de recibir una sanción, serán escuchados para que ofrezcan los argumentos que consideren pertinentes en su defensa, a fin de respetar plenamente sus derechos humanos y garantías reconocidas en la Carta Magma.
INICIAN PROTESTAS EN LAS CALLES
Tras recibir la notificación de que serán sancionados, los 37 policías iniciaron una marcha de protesta que partió del C4, avanzó por las laterales del bulevar Vicente Guerrero y llegó hasta el Congreso el Estado, donde pidieron la intervención de los diputados para gestionar una entrevista con el gobernador Rogelio Ortega Martínez.
A su llegada al Palacio Legislativo se generó una situación de tensión debido a que otro grupo de policías del estado se concentraron para evitar que los manifestantes ingresaran al inmueble, hubo algunos intercambios de palabras que incrementaron la tensión, pero no paso a mayores, luego se permitió el ingreso de una comisión.
“Muchos” de los policías que resguardaban el inmueble dijeron ser solidarios con el movimiento, e incluso les permitieron poner las mantas de protestas en sus patrullas.
Tras dialogar con una comisión de diputados, los policías siguieron su marcha hacia el Palacio de Gobierno donde igual fueron recibidos por vallas de policías anti motín, ahí se presentó el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno.
El ombudsman gestionó una reunión con el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, Victoriano Sánchez Carbajal, con quien no lograron ningún acuerdo por lo que decidieron instalar su campamento de protesta en la entrada del palacio de gobierno, en espera de que los reciba el gobernador Rogelio Ortega o al menos el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos, que son quienes podrían ofrecer una audiencia con carácter resolutivo y no solo para escucharlos como pasó en las entrevistas de ayer. (Por Abel Miranda Ayala)
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