Empleados administrativos del CERESO piden bono de riesgo

Trabajadores administrativos del Centro de Readaptación Social de Chilpancingo y del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes (Albergue Tutelar), iniciaron ayer un paro de labores indefinido, para exigir que sea reconocido el riesgo que tienen al desarrollar su trabajo y por ello se
les asigne un bono mensual.
Desde las siete de la mañana se instalaron en la puerta del penal capitalino, colocaron pancartas, en la que se pide el reconocimiento a su labor como un trabajo de riesgo y respeto a la relación laboral y principalmente la erradicación de la corrupción en el centro penitenciario.
La trabajadora Rosa Alonso Sánchez, indicó que desde hace un par de años han venido sufriendo acoso, amenazas y la muerte de algunos de sus compañeros que han sido seguidos al salir del trabajo y asesinados como resultado de su trabajo al interior del penal.
Por ello demandaron tener un seguro de vida igual que el del personal operativo de custodia penitenciaria, y un bono de riesgo que se han propuesto por un monto de tres mil pesos mensuales, “nosotros tenemos igual riesgo que el personal operativo, pues también tenemos trabajo con los internos, recibimos a sus familiares y si algunos se enferma somos responsables de atenderlo incluso trasladarlo a hospitales, eso sin lugar a duda significa igual riesgo que el que tiene los custodios”.
La quejosa destacó que desde hace un par de semanas se instalaron mesas de trabajo entre la dirigencia del SUSPEG y el secretario de Seguridad Pública en el estado para analizar esta exigencia, de un bono por riesgo laboral que sería de tres mil pesos mensuales, pero el secretario se retiró de la mesa y en dos ocasiones más ha dejado plantado al dirigente del SUSPEG, Adolfo Calderón.
A la manifestación acudieron en respaldo dirigentes de la Sección VII del SUSPEG que encabeza José Manuel Nava Oliveros, quien confirmó que la protesta es para exigir mejores condiciones salariales y laborales, especialmente seguridad para los trabajadores de los centros penitenciarios estatales.
En el estado hay 15 centros de readaptación y en todos se replicaron movimientos similares, pues la exigencia es que el beneficio de un bono de riesgo se aplique ara los 360 trabajadores administrativos de centros penitenciarios.
Los quejosos advirtieron que mantendrán esta propuesta por el tiempo que sea necesario, hasta que el gobernador decida voltear a ver a sus empleados que están haciendo un buen trabajo, pero no tiene las condiciones salariales ni de infraestructura adecuados. (Por Abel Miranda Ayala)