Denuncian presuntas anomalías en la Fiscalía General del Estado

Mediante una carta dirigida al gobernador Rogelio Ortega Martínez, al Congreso del Estado y al Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales denuncian presuntas irregularidades y malos manejos de los recursos destinados a la Fiscalía General del Estado (FGE), desde que Miguel Angel Godínez Muñoz asumió la titularidad.

En esta carta, que tiene sellos de recibido de las oficialías de partes del Congreso del Estado y la Secretaría Particular del gobernador con fecha 19 de junio —hace una semana— las supuestas irregularidades que detallan los quejosos van desde el manejo discrecional de los recursos económicos, venta de plazas y material de oficina, así como la existencia de “aviadores” la mayoría de los cuales son connotados abogados de Acapulco.
A través del documento, acompañado por varias hojas firmadas por decenas de agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales, que acompañan sus nombres con sus correspondientes números de empleado, lo primero que exigen es el pago puntual de viáticos y un bono quincenal de alto riesgo por la cantidad de tres mil pesos que se otorga únicamente al personal táctico y operativo. Sobre este bono y los viáticos en particular, los quejosos indican que hasta diciembre del año pasado se pagó de manera puntual durante los primeros cinco días de cada quincena.
Sin embargo, señalan que a partir de que Miguel Angel Godínez llega a la Fiscalía General del Estado, en enero se les comienza a retener el recurso y afirman que cuando hacían los reclamos correspondientes, los pagos se liberaban pero en parcialidades, aunque la situación se agravó en abril pasado cuando a algunas áreas operativas el pago de viáticos se les retuvo definitivamente, por lo cual a la fecha ya se les adeudan más de cuatro quincenas.
Al respecto, los quejosos señalaron —dirigiéndose al fiscal— que toda vez que los gobiernos estatal y federal entregan las partidas presupuestales para estos rubros, “la Fiscalía que usted representa está desviando los recursos para otros fines que no corresponden, repercutiendo gravemente en contra de una pronta y eficaz procuración de justicia, poniendo en grave peligro la vida y seguridad de la sociedad guerrerense.
El problema, agregan, es que la Dirección de Presupuesto y Administración y de Recursos financieros, sólo libera los pagos para aquellos que son sus privilegiados o allegados, es decir, determinadas direcciones o áreas que no tienen funciones operativas, pero que sí reciben recursos económicos “a manos llenas”.
Acusan que entre los beneficiados también se encuentran “sus flamantes asesores, los titulares de despachos jurídicos particulares, incluyendo a sus auxiliares a quienes han dado de alta —siguen diciendo los quejosos— con nombramientos de Ministerios Públicos auxiliares y titulares, además de peritos, nombramientos que se dieron sin cubrir ningún examen previo, con lo cual se violó el Reglamento de la propia Fiscalía General y las disposiciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Denuncian que mientras que a ellos se les niegan sus pagos, “tenemos pleno conocimiento que la administración de la Fiscalía está desviando los recursos para el pago de la elevada nómina de aquellos que sin haber cubierto los perfiles y los exámenes, cubren en la lista de raya los cargos de directores, en virtud que desde a su llegada todas las áreas –de la Fiscalía- fueron elevadas a la categoría de direcciones, además de tener una lista de ‘aviadores’ con categoría de jefes de departamento, agentes del Ministerio Público auxiliares y titulares; peritos y policías ministeriales”. Las plazas, señalan, se vendieron entre 30 y 50 mil pesos, aunque los beneficiaros de ellas sólo se presentan a cobrar los días de quincena, pues además no tienen lugar de adscripción.
Alertaron asimismo que el titular de la Fiscalía General del Estado pretende despedir a varios agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales con el pretexto de haber reprobado los exámenes de permanencia, cuando —supone ellos— el fondo del asunto es otorgar las plazas que queden desocupadas al personal que dio de alta sin cubrir ningún requisito.
Por todo lo anterior, los agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales firmantes de esta carta-denuncia, le piden al gobernador Rogelio Ortega, al Congreso del Estado y al Sistema Nacional de Seguridad Pública tomar cartas en el asunto y corregir “las irregularidades cometidas en la Fiscalía General del Estado”, comenzando con el pago de sus bonos y viáticos. (Baltazar Jiménez Rosales)