Supervisan condiciones de trabajo de jornaleros agrícolas migrantes
Jojutla, Morelos.— Hilario es originario del municipio de Atlamajalcingo del Monte, en la región Montaña de Guerrero.
Cada año desde el 2004 migra junto a su esposa y cinco hijas a Totolapan en el estado de Morelos, a laborar en la siembra y cosecha de jitomate, pepino y calabaza.
La temporada agrícola inicia en junio, pero desde comienzos de mayo, este guerrerense hablante del mixteco, arribó al albergue conocido como Unidad de Servicios Integrales, donde vivirá durante cinco meses.
Dice que prefiere viajar a Morelos que migrar a Sinaloa o Baja California, porque existen mejores condiciones laborales y de estancia para él y su familia.
Cuando concluya la temporada agrícola volverá a su tierra. Hilario es uno de los miles de jornaleros agrícolas migrantes de la Montaña de Guerrero que se desplazan a la vecina entidad a trabajar en la cosecha del jitomate y pepino de mayo a octubre, la caña de noviembre a mayo y el angú en el ciclo octubre-abril.
Los indígenas guerrerenses se emplean principalmente en los campos de cultivo de los municipios de Totolapan, Atlatlahucan, Cuautla, Yautepec, Ayala, Tlaltizapán, Jojutla y Puente de Ixtla, donde autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Morelos (Sedeso) y de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales de Guerrero (Semai), llevaron a cabo un recorrido para conocer las condiciones en que viven.
Los pocos jornaleros agrícolas que se encuentran en el albergue Emiliano Zapata del municipio de Tlaltizapán, se sienten intimidados por la presencia de los funcionarios, que llegaron a supervisar las condiciones del lugar.
Aunque la temporada para la zafra de la caña ya concluyó, el albergue con capacidad para 900 personas, continúa ocupado en un 30 por ciento por jornaleros que viven como refugiados en el lugar, a la espera de encontrar cualquier tipo de empleo que les permita subsistir mientras inicia el nuevo ciclo agrícola.
En condiciones precarias y sin ningún tipo de regulación, los trabajadores guerrerenses, originarios de los municipios de Acatepec, Chilapa y Zitlala, cohabitan durante la cosecha con otros de Puebla y Veracruz. Mientras corren a sus cuartos a ocultarse para no ser fotografiados, ni contestar preguntas, los titulares de la SEDESO, Blanca Estela Almazo Rogel y de la SEMAI, Netzahualcóyotl Bustamante Santín, se entrevistan con un trabajador de la Confederación Nacional Campesina (CNC), a la que pertenece el albergue de Tlaltizapán, quien les informa que de la población total que se emplea en el campo agrícola, un 20 por ciento corresponde a mano de obra infantil.
Conforme los funcionarios recorren el lugar, que cuenta con baños y lavaderos en evidentes condiciones de insalubridad, algunos jornaleros salen de sus cuartos, pero sólo acceden a decir el lugar del que son originarios, mientras alimentan a sus gallinas, cocinan o lavan ropa. Estos migrantes manifiestan que no piensan retornar a Guerrero.
Debido a la falta de regulación que impera en este albergue, los funcionarios acordaron emprender acciones para su adecuado funcionamiento.
“Están dados todos los elementos para que se convierta en un foco rojo y como gobierno de Guerrero tenemos la mayor disposición de coadyuvar en la atención de este problema”, expresó el secretario Bustamante Santín a la titular de la SEDESOL.
En este sentido, convinieron establecer una alianza estratégica entre ambos gobiernos para atender el tema de los jornaleros, a partir de focalizar las comunidades en que se encuentra la población de Guerrero.
Durante la inspección en los albergues de Totolapan y Atlatlahucan, denominados Unidades de Servicios Integrales (USI) de la SEDESOL federal, los jornaleros solicitaron el apoyo del gobierno para equiparlos con más literas, recibir el recurso que brindan para movilidad laboral y con proyectos para las mujeres.
En esos municipios, las instalaciones se mantienen en condiciones adecuadas para el alojamiento de los migrantes, con áreas de cocina, comedor, baños, cancha deportiva y sus respectivos reglamentos para el buen funcionamiento.
En contraste, en el municipio de Jojutla, el albergue La Okra ofrece las mejores condiciones para la atención y estancia de los jornaleros durante su empleo en los campos en que se cosecha el angú con calidad de exportación.
Son instalaciones propiedad de la empresa Río Grande Exportación de Morelos, que está libre de mano de obra infantil, que además cuenta con servicio de guardería, alimentación para los niños, internet, comedor, baños, canchas y su respectivo reglamento.
Miguel, originario de la localidad de Chaucingo, municipio de Olinalá, es el responsable del albergue La Okra.
Durante el recorrido para conocer las instalaciones, comentó que a este lugar arriban sobre todo jornaleros de Guerrero, y algunos de Oaxaca y Puebla.
Dijo que todos se sujetan al reglamento del albergue, lo que permite que continúe funcionando en óptimas condiciones.
La temporada agrícola inicia en junio, pero desde comienzos de mayo, este guerrerense hablante del mixteco, arribó al albergue conocido como Unidad de Servicios Integrales, donde vivirá durante cinco meses.
Dice que prefiere viajar a Morelos que migrar a Sinaloa o Baja California, porque existen mejores condiciones laborales y de estancia para él y su familia.
Cuando concluya la temporada agrícola volverá a su tierra. Hilario es uno de los miles de jornaleros agrícolas migrantes de la Montaña de Guerrero que se desplazan a la vecina entidad a trabajar en la cosecha del jitomate y pepino de mayo a octubre, la caña de noviembre a mayo y el angú en el ciclo octubre-abril.
Los indígenas guerrerenses se emplean principalmente en los campos de cultivo de los municipios de Totolapan, Atlatlahucan, Cuautla, Yautepec, Ayala, Tlaltizapán, Jojutla y Puente de Ixtla, donde autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Morelos (Sedeso) y de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales de Guerrero (Semai), llevaron a cabo un recorrido para conocer las condiciones en que viven.
Los pocos jornaleros agrícolas que se encuentran en el albergue Emiliano Zapata del municipio de Tlaltizapán, se sienten intimidados por la presencia de los funcionarios, que llegaron a supervisar las condiciones del lugar.
Aunque la temporada para la zafra de la caña ya concluyó, el albergue con capacidad para 900 personas, continúa ocupado en un 30 por ciento por jornaleros que viven como refugiados en el lugar, a la espera de encontrar cualquier tipo de empleo que les permita subsistir mientras inicia el nuevo ciclo agrícola.
En condiciones precarias y sin ningún tipo de regulación, los trabajadores guerrerenses, originarios de los municipios de Acatepec, Chilapa y Zitlala, cohabitan durante la cosecha con otros de Puebla y Veracruz. Mientras corren a sus cuartos a ocultarse para no ser fotografiados, ni contestar preguntas, los titulares de la SEDESO, Blanca Estela Almazo Rogel y de la SEMAI, Netzahualcóyotl Bustamante Santín, se entrevistan con un trabajador de la Confederación Nacional Campesina (CNC), a la que pertenece el albergue de Tlaltizapán, quien les informa que de la población total que se emplea en el campo agrícola, un 20 por ciento corresponde a mano de obra infantil.
Conforme los funcionarios recorren el lugar, que cuenta con baños y lavaderos en evidentes condiciones de insalubridad, algunos jornaleros salen de sus cuartos, pero sólo acceden a decir el lugar del que son originarios, mientras alimentan a sus gallinas, cocinan o lavan ropa. Estos migrantes manifiestan que no piensan retornar a Guerrero.
Debido a la falta de regulación que impera en este albergue, los funcionarios acordaron emprender acciones para su adecuado funcionamiento.
“Están dados todos los elementos para que se convierta en un foco rojo y como gobierno de Guerrero tenemos la mayor disposición de coadyuvar en la atención de este problema”, expresó el secretario Bustamante Santín a la titular de la SEDESOL.
En este sentido, convinieron establecer una alianza estratégica entre ambos gobiernos para atender el tema de los jornaleros, a partir de focalizar las comunidades en que se encuentra la población de Guerrero.
Durante la inspección en los albergues de Totolapan y Atlatlahucan, denominados Unidades de Servicios Integrales (USI) de la SEDESOL federal, los jornaleros solicitaron el apoyo del gobierno para equiparlos con más literas, recibir el recurso que brindan para movilidad laboral y con proyectos para las mujeres.
En esos municipios, las instalaciones se mantienen en condiciones adecuadas para el alojamiento de los migrantes, con áreas de cocina, comedor, baños, cancha deportiva y sus respectivos reglamentos para el buen funcionamiento.
En contraste, en el municipio de Jojutla, el albergue La Okra ofrece las mejores condiciones para la atención y estancia de los jornaleros durante su empleo en los campos en que se cosecha el angú con calidad de exportación.
Son instalaciones propiedad de la empresa Río Grande Exportación de Morelos, que está libre de mano de obra infantil, que además cuenta con servicio de guardería, alimentación para los niños, internet, comedor, baños, canchas y su respectivo reglamento.
Miguel, originario de la localidad de Chaucingo, municipio de Olinalá, es el responsable del albergue La Okra.
Durante el recorrido para conocer las instalaciones, comentó que a este lugar arriban sobre todo jornaleros de Guerrero, y algunos de Oaxaca y Puebla.
Dijo que todos se sujetan al reglamento del albergue, lo que permite que continúe funcionando en óptimas condiciones.
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