Adeudan Estado y Ayuntamientos 10 mmdp a burócratas despedidos

*Por destituciones que hacen gobernantes al iniciar su administración hay 11 mil demandas pendientes: Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 

Baltazar Jiménez Rosales 

Como consecuencia de laudos derivados de juicios laborales interpuestos por despidos injustificados, que en su mayoría datan del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, en estos momentos tanto el gobierno del estado como la mayoría de los 81 Ayuntamientos de la entidad deben a sus burócratas
demandantes más de 10 mil millones de pesos, informó el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA), Bernardo Ortega León.
El funcionario estatal explicó que la enorme cantidad de juicios laborales que desahoga el TCyA —más de 11 mil expedientes en estos momentos— se debe a que cada inicio de administración tanto en el gobierno del estado y los Ayuntamientos, las autoridades entrantes llegan con “su gente” y por tal motivo despiden a muchos trabajadores que se ven obligados a interponer sus demandas por despido injustificado.
Por tal motivo, Ortega León llamó a los gobiernos entrantes a evitar despedir personal y que en todo caso concilien las liquidaciones de aquellos trabajadores que consideran no les son útiles, pues “los despidos mantienen en contante aumento los juicios laborales”.
Nada más para poner un ejemplo de la enorme carga laboral que tiene el TCyA, citó que en estos momentos se desahogan más de 11 mil expedientes en 5 secretarias, cada una de las cuales lleva alrededor de 2 mil juicios.
De este total, cuando menos siete mil son juicios por demandas de trabajadores que fueron despedidos por Ayuntamientos y los más de cuatro mil juicios laborales restantes a burócratas que fueron despedidos del gobierno del estado. Incluso comentó que de las demandas laborales presentadas contra Ayuntamientos, es el de Acapulco el que tiene el “record”, con cuando menos mil juicios por despido injustificado.
Las causas del elevado número de juicios laborales que se ventilan en el TCyA la explicó el propio Ortega León: “generalmente en cada cambio de administración municipal, los que llegan quitan a los anteriores y eso genera muchísimas demandas”.
En este sentido, el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de una buena vez “vaticinó” que a finales del presente año, después de los cambios de administración en los Ayuntamientos y en el propio gobierno del estado “se van a disparar nuevamente los juicios labores”, por lo cual llamó a quienes vayan a asumir las Presidencias Municipales a ser mesurados y no despedir gente “de manera irracional”.
En todo caso, recomendó a quienes vayan a ser las nuevas autoridades municipales que concilien con los trabajadores que consideren que no les serán de utilidad: “yo creo que cualquier persona entiende que debe irse de un trabajo cuando se le trata bien al salir con liquidaciones y buenas negociaciones, y se evitan las demandas”.
Indicó que en cada cambio de administración, por todos los Ayuntamientos se generan alrededor de mil juicios laborales por despido injustificado, por eso del año 2000 a la fecha ya se llevan acumulados alrededor de 11 mil asuntos “y se siguen acumulando”.
Por eso mismo, abundó, es que ya son más de 10 mil millones de pesos los que deben tanto el gobierno del estado como la mayoría de los Ayuntamientos a los trabajadores que fueron despedidos de manera injustificada y que por lo mismo ganaron sus juicios. Indicó asimismo que el hecho de que los juicios laborales se prolonguen incluso por años es por culpa de los abogados que interponen juicios de amparo y otros recursos jurídicos para hacer más caro el juicio en cuestión.
Detalló que con la reforma laboral ahora a los trabajadores despedidos injustificadamente sólo se les puede pagar un año de salarios caídos, pero esto sólo aplica para los que estaban en el “Apartado ‘A’”, es decir aquellos juicios que se llevan en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, pero para el caso del TCyA no ha habido reformas a la legislación y por lo tanto no hay un tope en el pago de los salarios caídos.
Al respecto, se pronunció porque el Congreso del Estado reforme las leyes 51 y la 248 de la Ley Burocrática del estado para empatarlas a la Ley Federal del Trabajo y ponerle un tope a los salarios caídos, lo cual generaría que los juicios laborales no se prolonguen a capricho de los abogados pues ya no representaría negocio para ellos.