Feministas condenan la violación sexual de federales contra maestras cetegistas
Organizaciones feministas condenaron la supuesta violación sexual contra maestras de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación (CETEG) por policías federales en el desalojo del 24 de febrero en Acapulco.
Consideraron que fue “una humillación” después de exigir respeto a sus derechos laborales. Aseguraron que no es nuevo que el Estado mexicano violente los cuerpos de las mujeres.
Exigieron la presentación con vida de los 42 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa y garantía de pago a los trabajadores de la educación. En conferencia de prensa María Luisa Garfias Marín, integrante de organización “Aliadas por la Justicia”; Erika Salinas Valadez, de la Coalición de Nacional de Mujeres Rurales; Justina Hermillo Martínez, Red Empleadas del Hogar, reprocharon las acciones.
Recordaron que esa misma acción sucedió en el estado de Chipas en 1994, y en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México, en el 2006. Argumentaron que los cuerpos de las maestras fueron violentados, ultrajados, mancillados físicamente, pero no su conciencia. Convocaron a la sociedad a que continúen en pie de lucha exigiendo sus derechos laborales y humanos.
Garfias Marín sostuvo que las policías de los tres niveles de gobierno y elementos del Ejército han humillado a las mujeres, demostrando su poder, “apropiándose y empoderándose el cuerpo de las mujeres”. De la violación de las maestras en el desalojo de Acapulco consideraron que es una incongruencia del gobierno federal y estatal a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida sin Violencia y la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida sin Violencia.
Dijeron que con esto demostraron que los derechos consagrados para las mujeres no existen para el Estado mexicano. Les preocupa que en situaciones de conflictos políticos o de guerra, los poderosos siempre ganen las batallas utilizando los cuerpos de hombres y mujeres.
Exigieron al gobernador interino Salvador Rogelio Ortega Martínez, que intervenga para que de manera inmediata se abra una investigación en contra elementos de la Policía Federal y se castigue a los responsables.
Demandaron a la Secretaría de la Mujer del gobierno estatal localizar a las docentes para que se les brinden las facilidades en atención médica, psicológica y jurídica. (www.agenciairza.com)
Consideraron que fue “una humillación” después de exigir respeto a sus derechos laborales. Aseguraron que no es nuevo que el Estado mexicano violente los cuerpos de las mujeres.
Exigieron la presentación con vida de los 42 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa y garantía de pago a los trabajadores de la educación. En conferencia de prensa María Luisa Garfias Marín, integrante de organización “Aliadas por la Justicia”; Erika Salinas Valadez, de la Coalición de Nacional de Mujeres Rurales; Justina Hermillo Martínez, Red Empleadas del Hogar, reprocharon las acciones.
Recordaron que esa misma acción sucedió en el estado de Chipas en 1994, y en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México, en el 2006. Argumentaron que los cuerpos de las maestras fueron violentados, ultrajados, mancillados físicamente, pero no su conciencia. Convocaron a la sociedad a que continúen en pie de lucha exigiendo sus derechos laborales y humanos.
Garfias Marín sostuvo que las policías de los tres niveles de gobierno y elementos del Ejército han humillado a las mujeres, demostrando su poder, “apropiándose y empoderándose el cuerpo de las mujeres”. De la violación de las maestras en el desalojo de Acapulco consideraron que es una incongruencia del gobierno federal y estatal a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida sin Violencia y la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida sin Violencia.
Dijeron que con esto demostraron que los derechos consagrados para las mujeres no existen para el Estado mexicano. Les preocupa que en situaciones de conflictos políticos o de guerra, los poderosos siempre ganen las batallas utilizando los cuerpos de hombres y mujeres.
Exigieron al gobernador interino Salvador Rogelio Ortega Martínez, que intervenga para que de manera inmediata se abra una investigación en contra elementos de la Policía Federal y se castigue a los responsables.
Demandaron a la Secretaría de la Mujer del gobierno estatal localizar a las docentes para que se les brinden las facilidades en atención médica, psicológica y jurídica. (www.agenciairza.com)
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