Desalojo de paristas del TSJ, pide Lambertina
Iguala.— La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín giró oficios a la Secretaría de Seguridad Pública para que desaloje a los paristas de Acapulco, Chilpancingo e Iguala y garantice el acceso a las instalaciones judiciales.
Lo anterior fue revelado en Iguala por trabajadores que llevan ya una semana en paro, en exigencia de mejoras laborales e incremento salarial, igual que los de las otras dos ciudades mencionadas.
Los paristas mostraron un documento firmado por la magistrada, en el que se solicita la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para desalojar a los trabajadores que mantienen tomadas las ciudades judiciales de Acapulco y Chilpancingo, y, afirmaron que la solicitud también es para el caso de Iguala. Se trata del oficio número CJE/CGC/490/2015. Entre otras cosas, los trabajadores afirmaron que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) del Estado solicitó al tribunal de justicia medidas cautelares para los trabajadores miembros del Sindicato de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Guerrero, en el sentido de que no se tengan represalias en su contra por su lucha emprendida por mejoras laborales, pero el Tribunal no ha dado respuesta al informe que solicitó la Comisión de Derechos Humanos, en cuanto a las medidas adoptadas.
En Chilpancingo, dirigentes del Sindicato de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, acusaron a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de negarse a resolver sus demandas a una semana de haber iniciado un paro de labores.
Al respecto, Adalberto Valenzo Martínez, Secretario General del gremio, dijo que las demandas centrales son un incremento salarial, debido a que desde 2011, no han recibido aumento a sus salarios “los consejeros y los magistrados se comprometieron a incrementarles el salario, pero no cumplieron”.
También demandan seguridad social; un programa de vivienda; y el reconocimiento a la antigüedad de cientos de trabajadores a los que no se les reconoce, y por lo tanto no han podido jubilarse “tenemos compañeros que llevan laborando de 25 a 30 años, creemos que hay una crisis laboral e institucional”.
Además exigieron que se reglamente el Sistema de Carrera Judicial, porque existen muchas inconsistencias “por eso están participando, no solo los trabajadores administrativos, y de los órganos jurisdiccionales, sino también los jueces de primera y segunda instancia”. (API)
Lo anterior fue revelado en Iguala por trabajadores que llevan ya una semana en paro, en exigencia de mejoras laborales e incremento salarial, igual que los de las otras dos ciudades mencionadas.
Los paristas mostraron un documento firmado por la magistrada, en el que se solicita la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para desalojar a los trabajadores que mantienen tomadas las ciudades judiciales de Acapulco y Chilpancingo, y, afirmaron que la solicitud también es para el caso de Iguala. Se trata del oficio número CJE/CGC/490/2015. Entre otras cosas, los trabajadores afirmaron que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) del Estado solicitó al tribunal de justicia medidas cautelares para los trabajadores miembros del Sindicato de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Guerrero, en el sentido de que no se tengan represalias en su contra por su lucha emprendida por mejoras laborales, pero el Tribunal no ha dado respuesta al informe que solicitó la Comisión de Derechos Humanos, en cuanto a las medidas adoptadas.
En Chilpancingo, dirigentes del Sindicato de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, acusaron a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de negarse a resolver sus demandas a una semana de haber iniciado un paro de labores.
Al respecto, Adalberto Valenzo Martínez, Secretario General del gremio, dijo que las demandas centrales son un incremento salarial, debido a que desde 2011, no han recibido aumento a sus salarios “los consejeros y los magistrados se comprometieron a incrementarles el salario, pero no cumplieron”.
También demandan seguridad social; un programa de vivienda; y el reconocimiento a la antigüedad de cientos de trabajadores a los que no se les reconoce, y por lo tanto no han podido jubilarse “tenemos compañeros que llevan laborando de 25 a 30 años, creemos que hay una crisis laboral e institucional”.
Además exigieron que se reglamente el Sistema de Carrera Judicial, porque existen muchas inconsistencias “por eso están participando, no solo los trabajadores administrativos, y de los órganos jurisdiccionales, sino también los jueces de primera y segunda instancia”. (API)
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