Ordena jueza federal trasladar al líder del CECOP a una prisión de Guerrero
El dirigente del Consejo de Pueblos y Comunidades Opositoras al proyecto Hidroeléctrico “La Parota”, Marco Antonio Suástegui, que actualmente se encuentra preso en un penal de Nayarit, podría ser trasladado a uno de Guerrero, luego de que una jueza federal consideró violatorio de sus derechos
humanos que lo hayan trasladado al penal de máxima seguridad.
El abogado defensor de Marco Antonio Suástegui, Rogelio Télez García, explicó el pasado día 26 de enero la juez primera de distrito, Lilia Maribel Maya Delgadillo, concedió el amparo a su cliente, con ello se obligaría a la Secretaría de Seguridad Pública a trasladar de inmediato a Suástegui del CERESO número Cuatro de Tepic Nayarit al Centro de Reinserción Social en La Unión, Guerrero.
El litigante señaló que el amparo marca un lapso de 10 días hábiles para que se presente una posible apelación, sin embargo indicó que el caso está bien fundamentado y difícilmente se arriesgarán a apelarlo.
“El contenido de la resolución contempla que a Marco Antonio Suástegui, sin la autorización del Juez que libró la orden de aprehensión, fue llevado unilateralmente por el Estado, cuando de acuerdo a la Constitución y a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, una persona es privada de su libertad en base a una orden de aprehensión es puesta a disposición de un Juez, por lo que dicho Juez es responsable si se mueve de un CERESO a otro lugar”.
Télez García, sostuvo que este amparo, —para los integrantes del CECOP— representa un logro importante porque siempre le ha apostado al camino de las vías legales, así como el hecho de evidenciar que el Gobierno, a como dé lugar, pretende construir la presa La Parota, encarcelando a su vocero y a los demás comuneros para poder ingresar y obtener de manera ilegal las tierras que son propiedad de los habitantes de Cacahuatepec.
“La resolución se dictó dentro del amparo 649/2000/2014 de la Segunda Secretaría, por lo que ahora con esta resolución, como ya tienen conocimiento las autoridades, la Ley de Amparo considera que quienes pudieran salir afectados con esta resolución, tienen diez días hábiles para poderse inconformar, a través de un recurso de revisión, por lo que consideramos que la resolución está apegada derecho y dictada de manera legal, por lo que no es necesario que el Ministerio Público Federal, ni el Gobierno del Estado, ni el Juez Penal de Acapulco, ni el director del CERESO de Acapulco, La Unión o de Nayarit, tengan que interponer algún recurso de revisión”. (Por Abel Miranda Ayala)
humanos que lo hayan trasladado al penal de máxima seguridad.
El abogado defensor de Marco Antonio Suástegui, Rogelio Télez García, explicó el pasado día 26 de enero la juez primera de distrito, Lilia Maribel Maya Delgadillo, concedió el amparo a su cliente, con ello se obligaría a la Secretaría de Seguridad Pública a trasladar de inmediato a Suástegui del CERESO número Cuatro de Tepic Nayarit al Centro de Reinserción Social en La Unión, Guerrero.
El litigante señaló que el amparo marca un lapso de 10 días hábiles para que se presente una posible apelación, sin embargo indicó que el caso está bien fundamentado y difícilmente se arriesgarán a apelarlo.
“El contenido de la resolución contempla que a Marco Antonio Suástegui, sin la autorización del Juez que libró la orden de aprehensión, fue llevado unilateralmente por el Estado, cuando de acuerdo a la Constitución y a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, una persona es privada de su libertad en base a una orden de aprehensión es puesta a disposición de un Juez, por lo que dicho Juez es responsable si se mueve de un CERESO a otro lugar”.
Télez García, sostuvo que este amparo, —para los integrantes del CECOP— representa un logro importante porque siempre le ha apostado al camino de las vías legales, así como el hecho de evidenciar que el Gobierno, a como dé lugar, pretende construir la presa La Parota, encarcelando a su vocero y a los demás comuneros para poder ingresar y obtener de manera ilegal las tierras que son propiedad de los habitantes de Cacahuatepec.
“La resolución se dictó dentro del amparo 649/2000/2014 de la Segunda Secretaría, por lo que ahora con esta resolución, como ya tienen conocimiento las autoridades, la Ley de Amparo considera que quienes pudieran salir afectados con esta resolución, tienen diez días hábiles para poderse inconformar, a través de un recurso de revisión, por lo que consideramos que la resolución está apegada derecho y dictada de manera legal, por lo que no es necesario que el Ministerio Público Federal, ni el Gobierno del Estado, ni el Juez Penal de Acapulco, ni el director del CERESO de Acapulco, La Unión o de Nayarit, tengan que interponer algún recurso de revisión”. (Por Abel Miranda Ayala)
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