Improcedente que Fiscalía se desista de la acción penal a favor de Nestora: abogado
Desde el punto de vista eminentemente jurídico, es improcedente que la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyo titular es Miguel Ángel Godínez Muñoz, se desista de la acción penal a favor de la Comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá Nestora Salgado García, porque los delitos por los
cuales es procesada son graves como es el secuestro de 13 personas quienes por si fuera poco están protegidas por la Ley de Protección a Víctimas.
Es más si en determinado momento el fiscal general del Estado hace caso a la “solicitud” que en ese sentido le formuló el gobernador Rogelio Ortega Martínez, y se desiste de la acción penal en contra de la mencionada Nestora Salgado, incurriría en responsabilidad oficial y en ese caso el Congreso del Estado podría hasta destituirlo del puesto y fincarle cargos, afirmó el reconocido abogado penalista Pedro Ramírez Millán. Con la experiencia que le da el haber sido también director de Averiguaciones Previas y también director de Control de Procesos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ramírez Millán abordó el caso de un eventual desistimiento de la acción penal por parte de la ahora Fiscalía General del Estado a favor de Nestora Salgado.
Cabe hacer notar que el jueves de esta semana, el gobernador Rogelio Ortega Martínez solicitó formalmente al titular de la FGE, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal a favor de Nestora Salgado García, “como muestra de que este gobierno ciudadano, ha sido constante en la búsqueda de la paz y el desarrollo armonioso de Guerrero en todas sus vertientes”.
De entrada, el abogado penalista consideró “hasta un poquito arbitraria” y con un interés político la petición que en ese sentido hizo el Ejecutivo Estatal al fiscal general del Estado: “me parece fuera de un contexto de decencia, porque si realmente no hubiese los elementos para seguir sosteniendo las causas penales en contra de Nestora Salgado, no habría necesidad que el gobernador pidiera al fiscal el desistimiento del ejercicio de la acción penal, y él directamente puede desistirse de la acción penal, con la salvedad de que ese procedimiento ya no es arbitrario o ‘a gusto de’ del ahora fiscal, pues ahora ya hay una Ley de Protección a las Víctimas que protege los derechos de las víctimas”, explicó.
Agregó que le parece osado que el gobernador haya informado que le solicitó al fiscal el desistimiento de la acción penal en contra de la Coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá.
—¿Intenta pasar por encima de la autonomía de la Fiscalía General del Estado?
—Por desgracia esta es una costumbre en el sistema político mexicano de que el de arriba ordena al de abajo y el de abajo tiene que hacer lo que le piden.
Apuntó asimismo que si Nestora Salgado sigue encarcelada es porque las acusaciones están bien sustentadas, por lo que para que el Fiscal se desista de la acción penal en contra de la señora, primero tiene que analizar si los elementos que la tienen bajo proceso penal ya se desvanecieron, porque sólo de esa manera podrá decir que el anterior fiscal se equivocó, “porque no se va a desistir de la acción penal nomás porque me lo están pidiendo organizaciones sociales o el movimiento, eso no, todos en este país estamos sujetos a leyes y nadie puede pasar sobre ellas”.
Ramírez Millán también advirtió que en caso de que en acatamiento a la solicitud del gobernador el fiscal general del Estado se desista de la acción penal, entonces, se le podrían fincar responsabilidades, independientemente de que las víctimas podrán ocurrir al amparo ante el juez de distrito, ante la justicia federal.
Mencionó que la responsabilidad llegaría incluso al gobernador Rogelio Ortega Martínez por ser quien promueve el desistimiento de la acción penal contra la señora Nestora Salgado.
Al respecto, el abogado penalista consideró que más que jurídica, la solicitud del gobernador del estado tiene un interés político, “sólo para quedar bien, sobre todo porque a él se le considera que fue luchador en tiempos de Lucio Cabañas.
Para finalizar, lo que sí dejó en claro el ex director de Averiguaciones Previas de la PGJE es que lo que sí es irregular en el proceso que se le sigue a Nestora Salgado es que se le tenga presa en un penal fuera del Estado, “eso sí es totalmente arbitrario porque debe estar en un penal de Guerrero, considerando que se dice que su situación federal quedó resuelta.
La señora debe estar en Guerrero en el juzgado que haya conocido en tiempo, que a lo mejor ha de ser el de Tlapa; ella debe estar aquí en el Estado de Guerrero”, insistió.
En todo caso, abundó, por lo que debería pugnar el gobernador Rogelio Martínez es porque sea trasladada a un penal de Guerrero “y yo creo que hasta sería una obligación de él porque la señora no está allá sin que el Ejecutivo ignore, y el Ejecutivo sabe de esta grandísima arbitrariedad.
Cabe recordar que Nestora Salgado se encuentra en proceso penal por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de once personas, entre ellas el síndico procurador de Olinalá, Pedro Gil Apreza Salmerón, dos menores de 11 y 13 años de edad y dos jovencitas más de 17 años de edad. (Baltazar Jiménez Rosales)
cuales es procesada son graves como es el secuestro de 13 personas quienes por si fuera poco están protegidas por la Ley de Protección a Víctimas.
Es más si en determinado momento el fiscal general del Estado hace caso a la “solicitud” que en ese sentido le formuló el gobernador Rogelio Ortega Martínez, y se desiste de la acción penal en contra de la mencionada Nestora Salgado, incurriría en responsabilidad oficial y en ese caso el Congreso del Estado podría hasta destituirlo del puesto y fincarle cargos, afirmó el reconocido abogado penalista Pedro Ramírez Millán. Con la experiencia que le da el haber sido también director de Averiguaciones Previas y también director de Control de Procesos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ramírez Millán abordó el caso de un eventual desistimiento de la acción penal por parte de la ahora Fiscalía General del Estado a favor de Nestora Salgado.
Cabe hacer notar que el jueves de esta semana, el gobernador Rogelio Ortega Martínez solicitó formalmente al titular de la FGE, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal a favor de Nestora Salgado García, “como muestra de que este gobierno ciudadano, ha sido constante en la búsqueda de la paz y el desarrollo armonioso de Guerrero en todas sus vertientes”.
De entrada, el abogado penalista consideró “hasta un poquito arbitraria” y con un interés político la petición que en ese sentido hizo el Ejecutivo Estatal al fiscal general del Estado: “me parece fuera de un contexto de decencia, porque si realmente no hubiese los elementos para seguir sosteniendo las causas penales en contra de Nestora Salgado, no habría necesidad que el gobernador pidiera al fiscal el desistimiento del ejercicio de la acción penal, y él directamente puede desistirse de la acción penal, con la salvedad de que ese procedimiento ya no es arbitrario o ‘a gusto de’ del ahora fiscal, pues ahora ya hay una Ley de Protección a las Víctimas que protege los derechos de las víctimas”, explicó.
Agregó que le parece osado que el gobernador haya informado que le solicitó al fiscal el desistimiento de la acción penal en contra de la Coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá.
—¿Intenta pasar por encima de la autonomía de la Fiscalía General del Estado?
—Por desgracia esta es una costumbre en el sistema político mexicano de que el de arriba ordena al de abajo y el de abajo tiene que hacer lo que le piden.
Apuntó asimismo que si Nestora Salgado sigue encarcelada es porque las acusaciones están bien sustentadas, por lo que para que el Fiscal se desista de la acción penal en contra de la señora, primero tiene que analizar si los elementos que la tienen bajo proceso penal ya se desvanecieron, porque sólo de esa manera podrá decir que el anterior fiscal se equivocó, “porque no se va a desistir de la acción penal nomás porque me lo están pidiendo organizaciones sociales o el movimiento, eso no, todos en este país estamos sujetos a leyes y nadie puede pasar sobre ellas”.
Ramírez Millán también advirtió que en caso de que en acatamiento a la solicitud del gobernador el fiscal general del Estado se desista de la acción penal, entonces, se le podrían fincar responsabilidades, independientemente de que las víctimas podrán ocurrir al amparo ante el juez de distrito, ante la justicia federal.
Mencionó que la responsabilidad llegaría incluso al gobernador Rogelio Ortega Martínez por ser quien promueve el desistimiento de la acción penal contra la señora Nestora Salgado.
Al respecto, el abogado penalista consideró que más que jurídica, la solicitud del gobernador del estado tiene un interés político, “sólo para quedar bien, sobre todo porque a él se le considera que fue luchador en tiempos de Lucio Cabañas.
Para finalizar, lo que sí dejó en claro el ex director de Averiguaciones Previas de la PGJE es que lo que sí es irregular en el proceso que se le sigue a Nestora Salgado es que se le tenga presa en un penal fuera del Estado, “eso sí es totalmente arbitrario porque debe estar en un penal de Guerrero, considerando que se dice que su situación federal quedó resuelta.
La señora debe estar en Guerrero en el juzgado que haya conocido en tiempo, que a lo mejor ha de ser el de Tlapa; ella debe estar aquí en el Estado de Guerrero”, insistió.
En todo caso, abundó, por lo que debería pugnar el gobernador Rogelio Martínez es porque sea trasladada a un penal de Guerrero “y yo creo que hasta sería una obligación de él porque la señora no está allá sin que el Ejecutivo ignore, y el Ejecutivo sabe de esta grandísima arbitrariedad.
Cabe recordar que Nestora Salgado se encuentra en proceso penal por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de once personas, entre ellas el síndico procurador de Olinalá, Pedro Gil Apreza Salmerón, dos menores de 11 y 13 años de edad y dos jovencitas más de 17 años de edad. (Baltazar Jiménez Rosales)
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