Recomienda la Coddehum proceder contra quien liberó a médico abusón

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos emitió una recomendación al ayuntamiento de Chilpancingo para proceder administrativamente en contra de una empleada del área jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, quien en enero pasado habría dejado en libertad a un
presunto violador que fue detenido en el albergue de damnificados que se encuentra en las instalaciones del INDEG.
De acuerdo con la declaraciones que se hicieron en la Coddehum, el 17 de enero una joven de 16 años acudió a consulta con el médico que les fue habilitado para atender a los damnificados, Jaime Irving Rodríguez Caro, este mientras revisaba los problemas de garganta que tenía la menor empezó a tocarle los senos y después metió la mano bajo su ropa íntima, diciendo a la joven que no se preocupara que le iba a gustar.
La menor comunicó lo sucedido a sus padres, quienes de inmediato pidieron el apoyo de la policía municipal para la detención del médico, quien fue llevado a la delegación de Barandilla mientras la afectada y sus padres se presentaron ante la Agencia del Ministerio Público especializada en delitos sexuales para integrar la denuncia a la que se le asignó el número de averiguación previa BRA/EDS/04/020/2014.
Sin embargo cuando la fiscalía requirió a la Policía Municipal la presentación del acusado, se les informó que nunca ingresó como detenido, sólo llegó al área jurídica y de ahí lo dejaron en libertad, por ello la empleada que lo liberó, de nombre Carmen Vázquez Torres, se considera responsable de violar el derecho a la seguridad jurídica de la joven violada.
En la recomendación de la Coddehum se expresa que también tuvo grado de responsabilidad el ex secretario de Seguridad Pública Roberto Antonio García Bello, para quien sólo se recomienda una nota negativa en su expediente, por violentar el derecho a la seguridad jurídica de los quejosos.
La recomendación de la Coddehum se emitió el pasado 27 de noviembre y se notificó el pasado lunes primero de diciembre a las partes con lo que corren a partir de esta fecha un plazo de 20 días hábiles para que el Ayuntamiento inicie el proceso legal en base a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado en contra de la empleada jurídica que liberó a un detenido cuando su obligación era ponerlo a disposición de la agencia del Ministerio Público.
El señor Concepción Reyes Flores quien es padre de la menor agraviada, refirió que el abuso sexual cometido en agravio de su hija les ha generado serios problemas que no ve cuándo puedan terminar, pues el médico ahora ha iniciado una contrademanda acusándolos de intento de extorsión, cuando él mismo en sus declaraciones reconoció que les ofreció dinero para retirar la demanda pero ellos nunca lo aceptaron porque prefirieron la correcta aplicación de la justicia, “pues ello impedirá también que otras jóvenes puedan ser víctimas de este médico”, dijo. (Por Abel Miranda Ayala)

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