Crisis política y social deja 2014 por el caso Iguala; “año de la caída de Angel Aguirre R.”
Este 2014 concluye en medio de una severa crisis política y social derivado del ataque armado que sufrieron alumnos de la Normal de Ayotzinapa entre el 26 y 27 de septiembre en Iguala con saldo de seis personas asesinadas, entre ellos, tres normalistas, más de 20 heridos y 43 estudiantes
desaparecidos.
El 2014 quedó marcado por este hecho, cuya noticia dio la vuelta al mundo. José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, lo calificó como el “peor” después de la masacre de Tlatelolco, en 1968.
Derivado de la presión por exigencia de justicia que ejerció la sociedad local, nacional e internacional, la tarde del jueves 23 de octubre dimitió al cargo el gobernador constitucional Ángel Aguirre Rivero.
Aguirre dejó el cargo acusado de incurrir en omisión y complicidad en el caso Iguala y de no haber activado los protocolos correctos para evitar los hechos sangrientos. El 26 de octubre, tres días después, el pleno del Congreso designó al académico universitario Rogelio Ortega Martínez, como gobernador sustituto.
Al rendir protesta ofreció “no criminalizar la protesta social” y que su prioridad sería encontrar con vida a los 43 desaparecidos.
Un imperio delictivo Los hechos de Iguala exhibieron el control del crimen organizado en Iguala y su complicidad con las autoridades locales.
El alcalde José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, fueron responsabilizados como autores intelectuales del ataque y de la desaparición de los estudiantes. Abarca pidió licencia el 30 de septiembre para separarse temporalmente del cargo. Ese mismo día se dio a la fuga.
El edil y su esposa fueron detenidos la mañana del 4 de noviembre por las fuerzas federales.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), los Abarca mantenían relación directa con el grupo delictivo “Guerreros Unidos”, cuyo enlace entre ambos era el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, también prófugo.
Los disturbios Con la exigencia de justicia y la presentación con vida de los normalistas desaparecidos, grupos radicales incrustados en la Normal de Ayotzinapa y en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) realizaron actos radicales de protesta.
El 14 de octubre, entrantes del magisterio disidente irrumpieron en la sede del Congreso, derribaron la reja de acceso a la explanada y prendieron fuego a una caseta de vigilancia del Poder Legislativo. Esa misma tarde, normalistas destrozaron e incendiaron el edificio Tierra Caliente del Palacio de Gobierno. Fue el inicio de una serie de irrupciones violentas en oficinas del gobierno estatal, entre ellas, la Fiscalía General del Estado.
Las sedes estatales del PRI y PRD sufrieron la misma suerte, así como las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
A esas acciones se sumó la retención del diputado local del PRD, Esteban González, en el municipio de Tlapa. Siguió la retención de varios líderes políticos en Chilpancingo, entre ellos, ex presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Carlos Reyes Torres.
El viernes 19 fue retenido el alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, a quien le destrozaron su camioneta. También dos protestas seguidas contra el Ejército.
La primera se registró el jueves 18 de diciembre en el municipio de Ayutla de los Libres, región Costa Chica.
El viernes siguiente, padres de los desaparecidos, normalistas y docentes protestaron frente a la sede del 27 Batallón de Infantería, en Iguala.
El 7 de diciembre Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, confirmó que peritos argentinos les revelaron que algunos restos hallados en el basurero de Cocula, Guerrero, pertenecen a Alexander Mora Venancio, uno de los estudiantes desaparecidos.
Pero hasta este día nada se sabe de los 42 normalistas restantes.
Para la PGR, siguen en calidad de desconocidos. Pero Jesús Murillo Karam, titular de la fiscalía, exhibió un video en el cual presuntos integrantes del grupo “Guerreros Unidos” describieron la ejecución de los jóvenes. (Por: Fernando Polanco Ochoa/IRZA)
desaparecidos.
El 2014 quedó marcado por este hecho, cuya noticia dio la vuelta al mundo. José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, lo calificó como el “peor” después de la masacre de Tlatelolco, en 1968.
Derivado de la presión por exigencia de justicia que ejerció la sociedad local, nacional e internacional, la tarde del jueves 23 de octubre dimitió al cargo el gobernador constitucional Ángel Aguirre Rivero.
Aguirre dejó el cargo acusado de incurrir en omisión y complicidad en el caso Iguala y de no haber activado los protocolos correctos para evitar los hechos sangrientos. El 26 de octubre, tres días después, el pleno del Congreso designó al académico universitario Rogelio Ortega Martínez, como gobernador sustituto.
Al rendir protesta ofreció “no criminalizar la protesta social” y que su prioridad sería encontrar con vida a los 43 desaparecidos.
Un imperio delictivo Los hechos de Iguala exhibieron el control del crimen organizado en Iguala y su complicidad con las autoridades locales.
El alcalde José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, fueron responsabilizados como autores intelectuales del ataque y de la desaparición de los estudiantes. Abarca pidió licencia el 30 de septiembre para separarse temporalmente del cargo. Ese mismo día se dio a la fuga.
El edil y su esposa fueron detenidos la mañana del 4 de noviembre por las fuerzas federales.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), los Abarca mantenían relación directa con el grupo delictivo “Guerreros Unidos”, cuyo enlace entre ambos era el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, también prófugo.
Los disturbios Con la exigencia de justicia y la presentación con vida de los normalistas desaparecidos, grupos radicales incrustados en la Normal de Ayotzinapa y en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) realizaron actos radicales de protesta.
El 14 de octubre, entrantes del magisterio disidente irrumpieron en la sede del Congreso, derribaron la reja de acceso a la explanada y prendieron fuego a una caseta de vigilancia del Poder Legislativo. Esa misma tarde, normalistas destrozaron e incendiaron el edificio Tierra Caliente del Palacio de Gobierno. Fue el inicio de una serie de irrupciones violentas en oficinas del gobierno estatal, entre ellas, la Fiscalía General del Estado.
Las sedes estatales del PRI y PRD sufrieron la misma suerte, así como las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
A esas acciones se sumó la retención del diputado local del PRD, Esteban González, en el municipio de Tlapa. Siguió la retención de varios líderes políticos en Chilpancingo, entre ellos, ex presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Carlos Reyes Torres.
El viernes 19 fue retenido el alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, a quien le destrozaron su camioneta. También dos protestas seguidas contra el Ejército.
La primera se registró el jueves 18 de diciembre en el municipio de Ayutla de los Libres, región Costa Chica.
El viernes siguiente, padres de los desaparecidos, normalistas y docentes protestaron frente a la sede del 27 Batallón de Infantería, en Iguala.
El 7 de diciembre Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, confirmó que peritos argentinos les revelaron que algunos restos hallados en el basurero de Cocula, Guerrero, pertenecen a Alexander Mora Venancio, uno de los estudiantes desaparecidos.
Pero hasta este día nada se sabe de los 42 normalistas restantes.
Para la PGR, siguen en calidad de desconocidos. Pero Jesús Murillo Karam, titular de la fiscalía, exhibió un video en el cual presuntos integrantes del grupo “Guerreros Unidos” describieron la ejecución de los jóvenes. (Por: Fernando Polanco Ochoa/IRZA)
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