En el Congreso del Estado, 2 procesos contra Abarca

A petición de la Fiscalía General del Estado, el pleno del Congreso del estado aprobó ayer iniciar el proceso de juicio político en contra del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, pero además recibió también una denuncia más de revocación de mandato en contra del edil
igualteco, por parte de la misma dependencia.
Al respecto, el presidente de la Comisión Instructora del Congreso local, Omar Jalil Flores Majul señaló que ambos procesos legislativos tienen que seguir su curso correspondiente sin ninguna alteración. Explicó que la diferencia entre el proceso de juicio político y el de revocación de mandato es que mientras que el primero puede tardar más de tres meses, el segundo no lleva más allá de diez días, es decir, será dictaminado la próxima semana.
Cabe hacer notar que la demanda de juicio político en contra de Abarca Velásquez fue interpuesta ante el Congreso local, por el vicefiscal de Investigación y agente del Ministerio Público del fuero común de la Fiscalía General del Estado, Víctor Jorge León Maldonado, cuyo dictamen de valoración previa fue aprobado ayer por los diputados locales que consideraron procedente enjuiciarlo políticamente para despojarlo del fuero constitucional del cual todavía goza.
Este proceso tardará más de tres meses. Pero además, como la idea es agilizar el proceso penal que se sigue en contra del alcalde igualteco con licencia, el mismo León Maldonado presentó la denuncia de revocación de mandato, para que a más tardar la próxima semana Abarca Velásquez sea despojado del fuero constitucional que posee y pueda ser detenido y sujeto a proceso penal por los delitos del fuero común que hubiera cometido.
Al respecto, el presidente de la Comisión Instructora de Congreso local resaltó que independientemente de que en un término máximo de diez días sea resuelta la denuncia de revocación de mandato contra el edil igualteco, el proceso de juicio político tendrá que continuar de acuerdo a lo que marca la propia ley, ya que “no me puedo saltar el marco normativo que establece la ley ni violentar el marco constitucional y las leyes que desprenden de ella”. (Baltazar Jiménez Rosales)