Hay miles de personas desplazadas por violencia y conflictos religiosos: Marchán

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Jorge Salazar Marchán, dijo que hay miles de personas desplazadas por diversos factores y que las autoridades de gobierno no cuentan con programas adecuados para arraigarles en sus lugares de origen.

“No hay forma estadística de llevar un seguimiento y se está rompiendo el tejido social”, dijo en entrevista el legislador. “No hay programas para arraigar familias en sus lugares de origen y se están desplazando con familiares a cabeceras municipales o ciudades grandes”, agregó.
Hace unos días Manuel Olivares Hernández, secretario de la Red de Derechos Humanos, crítico la Ley para la Prevención y atención a los Desplazados del Estado de Guerrero y aseguró que no tiene razón de ser. Al respecto Salazar Marchán comentó que Olivares Hernández siempre es “crítico y poco propositivo”.
Agregó que las leyes se diseñan conforme a las circunstancia del momento y prediciendo lo que pudiera suceder.
“Se busca blindar a los sectores vulnerables”, expuso, y agregó que todas las leyes son perfectibles.
Dijo que hay miles de personas desplazadas por varios factores, principalmente por la violencia. El principal desplazamiento por la violencia, dijo, está focalizado en las zonas de la sierra que comparten las regiones Norte, Costa Grande y Tierra Caliente. Muchas personas están migrando a las cabeceras municipales o las ciudades más grandes.
Por conflictos religiosos dijo que hay tres casos vigentes, uno en la comunidad de El Carrizo, municipio de Marquelia, donde hay tres familiares evangélicas expulsadas, pues la religión predominante es la católica.
“Como no participan en las actividades religiosas católicas les vetaron el uso de la Comisaria, los programas de oportunidades. De acotarlos pasaron a la violencia”, explicó.
El otro conflicto similar está localizado en la comunidad de Mezcalapa, municipio de San Luis Acatlán. El tercer conflicto ocurre en el municipio de Cochoapa el Grande, “los mixtecos de esa región son más radicales, hay antecedentes más fuertes.
Ese tipo de casos nunca los reporta Tlachinollan”, dijo. Sobre la Ley de Protección a Personas Desplazadas, Salazar Marchán explicó que deberá crearse un fondo económico especial para atender a los grupos que padezcan esa situación en cualquier momento.
El presupuesto lo etiquetará el Congreso local, tendrá aportaciones de ayuntamientos e incluso de otras instancias. La operación de la ley quedó asignada a la Secretaría General de Gobierno. (www.agenciairza.com)