Protestaron comunicadores de Chilpancingo contra la “ley mordaza” aprobada en Sinaloa

*Eliminaría de golpe el “contrapeso” que constituyen los medios de comunicación a la indolencia oficial para esclarecer muchos delitos. 

Por Abel Miranda Ayala 

Trabajadores de medios de comunicación de Chilpancingo, se manifestaron ayer marchando por calles de la capital y realizaron un mitin frente al Congreso del Estado para repudiar la llamada “ley mordaza” que se aprobó en el Estado de Sinaloa y presumiblemente podría extenderse en todas las
entidades para armonizar con las reformas al código penal. Los manifestantes usaron pedazos de trapo negro para cubrir sus bocas o sus ojos, para ejemplificar lo limitados que estarán los reporteros en el Estado de Sinaloa, donde la ley les prohíbe publicar cualquier información que se recaude en escenas de un crimen y sólo podrán publicar la información y fotografías que reciban vía oficial y previamente autorizado por el área de transparencia y acceso a la información. Tras caminar por las principales calles de la ciudad, alrededor de las dos de la tarde los más de 30 trabajadores de medios de comunicación arribaron al Palacio Legislativo donde hicieron un pequeño mitin, colocaron pancartas y gritaron consignas contra la aprobación de la denominada “Ley Mordaza de Sinaloa”. En la postura que manifestaron los comunicadores se indicó, “el problema de inseguridad y violencia que priva en todos los estados de la República Mexicana es una situación que preocupa a todos los sectores de la población, principalmente a quienes han perdido a un hijo, un hermano, un padre o un amigo y que además deben enfrentarse a la lucha externa contra las autoridades encargadas de procurar justicia, dado que pueden pasar años para que los culpables de algún homicidio sean detenidos, juzgados y sentenciados”. Se destacó que en Sinaloa el Congreso estatal aprobó las reformas al artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), misma que establece que los medios de comunicación solamente tendrán acceso a los avances de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emitan las autoridades. “Con esta reforma queda prohibido a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, así como la toma de audio, video o fotografías a las personas involucradas en un evento delictivo, además de que tampoco podrán manejar información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia”. Se sostuvo que lo que aprobó el Congreso de Sinaloa a propuesta del gobernador Mario López Valdez, es una evidente violación al derecho de la libertad de expresión, hecho que resulta preocupante, pues puede ser la punta de lanza para que los gobiernos estatales de todo el país intenten aplicar al misma Ley Mordaza. Se señaló que ante este atropello, reporteros y fotógrafos de Guerrero manifiestan su total inconformidad con la decisión que asumieron los congresistas de aquel estado, por lo que “nos solidarizamos con el gremio periodístico de Sinaloa”. Por último se dio lectura a los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dicen: Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado. Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. Las leyes orgánicas dictaran cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, "papeleros", operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos.