Presentan queja ante la Coddehum contra Iñaki y cinco funcionarios más de la Procu
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Iñaki Blanco Cabrera, y otros cinco funcionarios de la fiscalía guerrerense fueron denunciados ayer ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) por su “tibia” actuación en una demanda penal por el delito
de secuestro presentada en contra de los dirigentes de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, Adelayda Hernández Nava y Raúl de Jesús Cabrera, entre otros.
La queja ante la Coddehum fue interpuesta por el ex regidor priísta de San Luis Acatlán, Fidel Lozano Díaz, en contra del procurador general de Justicia del Estado, Iñaki Blanco Cabrera, y del subprocurador de Asuntos Penales, Víctor Jorge León Maldonado; al director de Control de Averiguaciones Previas, Rubén Casanova Medellín; del agente del Ministerio Público, Miguel Angel Cuevas Aparicio; del fiscal Regional para Delitos Graves, José Vélez Zapata, y del agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado del Distrito de Altamirano con sede en San Luis Acatlán, Álvaro López Miranda. La razón de esta queja es por la dilación en la impartición de justicia en la demanda penal que interpuso por delito de secuestro en contra de los dirigentes de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, Adelayda Hernández Nava y Raúl de Jesús Cabrera, entre otros.
Explicó que los dirigentes de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán lo secuestraron el uno de mayo del 2013 y lo tuvieron privado de su libertad durante cuatro meses, al cabo de los cuales lo dejaron en libertad previo pago de 200 mil pesos.
Por este motivo, mencionó, Lozano Díaz, el 26 de noviembre de 2013 presentó formal denuncia ante la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la PGJE, la cual quedó asentada en el expediente con número. DGCAP/0207/2013.
Señaló asimismo que también presentó una queja ante la Judicatura del Poder Judicial Federal en contra del juez del Distrito de Altamirano, Heriberto Barenca Martínez, “por no ajustarse a los términos jurídicos para librar las órdenes de aprehensión en delitos graves, en referencia a la Causa Penal 57-2/2014, pues de acuerdo a la ley tiene un término de 72 horas para hacerlo”.
Afirmó que este juez “violentó flagrantemente mis derechos humanos cometiendo en mi contra una revictimización, porque después de que se me violentaron mis derechos con la privación ilegal y secuestro por parte de la Policía Comunitaria, ahora soy víctima y objeto de omisiones y complicidades de la Procuraduría de Justicia en el proceso penal”. (Baltazar Jiménez Rosales)
de secuestro presentada en contra de los dirigentes de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, Adelayda Hernández Nava y Raúl de Jesús Cabrera, entre otros.
La queja ante la Coddehum fue interpuesta por el ex regidor priísta de San Luis Acatlán, Fidel Lozano Díaz, en contra del procurador general de Justicia del Estado, Iñaki Blanco Cabrera, y del subprocurador de Asuntos Penales, Víctor Jorge León Maldonado; al director de Control de Averiguaciones Previas, Rubén Casanova Medellín; del agente del Ministerio Público, Miguel Angel Cuevas Aparicio; del fiscal Regional para Delitos Graves, José Vélez Zapata, y del agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado del Distrito de Altamirano con sede en San Luis Acatlán, Álvaro López Miranda. La razón de esta queja es por la dilación en la impartición de justicia en la demanda penal que interpuso por delito de secuestro en contra de los dirigentes de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, Adelayda Hernández Nava y Raúl de Jesús Cabrera, entre otros.
Explicó que los dirigentes de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán lo secuestraron el uno de mayo del 2013 y lo tuvieron privado de su libertad durante cuatro meses, al cabo de los cuales lo dejaron en libertad previo pago de 200 mil pesos.
Por este motivo, mencionó, Lozano Díaz, el 26 de noviembre de 2013 presentó formal denuncia ante la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la PGJE, la cual quedó asentada en el expediente con número. DGCAP/0207/2013.
Señaló asimismo que también presentó una queja ante la Judicatura del Poder Judicial Federal en contra del juez del Distrito de Altamirano, Heriberto Barenca Martínez, “por no ajustarse a los términos jurídicos para librar las órdenes de aprehensión en delitos graves, en referencia a la Causa Penal 57-2/2014, pues de acuerdo a la ley tiene un término de 72 horas para hacerlo”.
Afirmó que este juez “violentó flagrantemente mis derechos humanos cometiendo en mi contra una revictimización, porque después de que se me violentaron mis derechos con la privación ilegal y secuestro por parte de la Policía Comunitaria, ahora soy víctima y objeto de omisiones y complicidades de la Procuraduría de Justicia en el proceso penal”. (Baltazar Jiménez Rosales)
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