Marco Suástegui, ejemplo de cómo se criminaliza la lucha social: Tlachinollan.
Tras de que un juez penal en el estado de Nayarit, dictara un nuevo auto de formal prisión en contra del dirigente del Consejo de Pueblos y Comunidades Opositoras al proyecto Hidroeléctrico la Parota, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan calificó el hecho como un acto más de
criminalización de la lucha social en Guerrero.
De acuerdo con un boletín emitido pro Tlachinollan, el miércoles dos de julio, el Juez Primero en materia Penal de Tepic, Nayarit dictó un segundo auto de formal prisión en contra de Marco Antonio Suástegui, esta vez por el delito de robo calificado dentro de la causa penal número 110/2014-I.
Por ello el dirigente del CEPCOP no podrá obtener su libertad bajo caución, toda vez que dicho ilícito es considerado como grave en el Estado de Guerrero.
Esta decisión judicial se suma al auto de formal prisión emitido por el mismo órgano jurisdiccional el pasado viernes 27 de junio de 2014, cuando el Juez reclasificó el delito de tentativa de homicidio, por el de lesiones agravadas dentro de la causa penal número 64/2014.
“Esta nueva resolución forma parte de un complejo entramado jurídico urdido por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la cual en menos de 20 días ha armado al menos cinco averiguaciones previas y las ha consignado en menos de una semana.
Lo anterior, lejos de demostrar la capacidad del gobierno del estado de impartir justicia “pronta, imparcial y eficaz”, demuestra su estrategia de criminalización de los luchadores sociales, pues el ilegal traslado de Marco Antonio Suástegui a un Penal Federal y la deliberada obstrucción de su defensa es lo que ha permitido al Gobierno del Estado ganar tiempo para manipular las acusaciones en contra del líder comunitario y así evitar que logre su libertad”, señala el documento de Tlachinollan.
Además de los dos procesos abiertos en los que ya se ha dictado orden de aprensión, el día primero de julio de 2014, le fueron notificadas dos causas penales más, una por lesiones simples y la otra por despojo, respecto de estas acusaciones, ya le ha sido tomada su declaración preparatoria y se encuentra a la espera de la decisión judicial dentro del plazo constitucional, además, existe una averiguación previa en contra de Marco Antonio Suástegui por ataques a las vías de comunicación, motín y sabotaje, respecto de la cual no le ha sido notificada ninguna resolución aún.
“Frente a la desinformación que genera el Gobierno del Estado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan enfatiza que el trasfondo de los delitos imputados a Marco Antonio Suástegui es la intención de reactivar el proceso con el cual se busca imponer el Proyecto Hidroeléctrico La Parota, mediante la inhibición que generan las imputaciones penales falsas a los opositores, y sobre todo, los traslados arbitrarios a penales federales.
Por eso, dijo, Tlachinollan continuará con la defensa legal de Marco Antonio Suástegui y seguirá apelando a la solidaridad de la sociedad civil nacional e internacional para seguir denunciando la inviabilidad legal, ambiental y social del proyecto hidroeléctrico La Parota”.
Finalmente Tlachinollan expresa que “el carácter político de la persecución penal contra Marco Antonio Suástegui y la arbitrariedad de su encarcelamiento en un penal federal, ha sido señalado por diversas organizaciones y activistas de México y de toda América Latina, que en días pasados generosamente dirigieron miles de cartas a las autoridades guerrerenses demandando que se respeten los derechos humanos del líder del CECOP; entre muchas otras las organizaciones que se han unido con acciones urgentes son la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “los Derechos para Todos y Todas”. (Por Abel Miranda Ayala)
criminalización de la lucha social en Guerrero.
De acuerdo con un boletín emitido pro Tlachinollan, el miércoles dos de julio, el Juez Primero en materia Penal de Tepic, Nayarit dictó un segundo auto de formal prisión en contra de Marco Antonio Suástegui, esta vez por el delito de robo calificado dentro de la causa penal número 110/2014-I.
Por ello el dirigente del CEPCOP no podrá obtener su libertad bajo caución, toda vez que dicho ilícito es considerado como grave en el Estado de Guerrero.
Esta decisión judicial se suma al auto de formal prisión emitido por el mismo órgano jurisdiccional el pasado viernes 27 de junio de 2014, cuando el Juez reclasificó el delito de tentativa de homicidio, por el de lesiones agravadas dentro de la causa penal número 64/2014.
“Esta nueva resolución forma parte de un complejo entramado jurídico urdido por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la cual en menos de 20 días ha armado al menos cinco averiguaciones previas y las ha consignado en menos de una semana.
Lo anterior, lejos de demostrar la capacidad del gobierno del estado de impartir justicia “pronta, imparcial y eficaz”, demuestra su estrategia de criminalización de los luchadores sociales, pues el ilegal traslado de Marco Antonio Suástegui a un Penal Federal y la deliberada obstrucción de su defensa es lo que ha permitido al Gobierno del Estado ganar tiempo para manipular las acusaciones en contra del líder comunitario y así evitar que logre su libertad”, señala el documento de Tlachinollan.
Además de los dos procesos abiertos en los que ya se ha dictado orden de aprensión, el día primero de julio de 2014, le fueron notificadas dos causas penales más, una por lesiones simples y la otra por despojo, respecto de estas acusaciones, ya le ha sido tomada su declaración preparatoria y se encuentra a la espera de la decisión judicial dentro del plazo constitucional, además, existe una averiguación previa en contra de Marco Antonio Suástegui por ataques a las vías de comunicación, motín y sabotaje, respecto de la cual no le ha sido notificada ninguna resolución aún.
“Frente a la desinformación que genera el Gobierno del Estado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan enfatiza que el trasfondo de los delitos imputados a Marco Antonio Suástegui es la intención de reactivar el proceso con el cual se busca imponer el Proyecto Hidroeléctrico La Parota, mediante la inhibición que generan las imputaciones penales falsas a los opositores, y sobre todo, los traslados arbitrarios a penales federales.
Por eso, dijo, Tlachinollan continuará con la defensa legal de Marco Antonio Suástegui y seguirá apelando a la solidaridad de la sociedad civil nacional e internacional para seguir denunciando la inviabilidad legal, ambiental y social del proyecto hidroeléctrico La Parota”.
Finalmente Tlachinollan expresa que “el carácter político de la persecución penal contra Marco Antonio Suástegui y la arbitrariedad de su encarcelamiento en un penal federal, ha sido señalado por diversas organizaciones y activistas de México y de toda América Latina, que en días pasados generosamente dirigieron miles de cartas a las autoridades guerrerenses demandando que se respeten los derechos humanos del líder del CECOP; entre muchas otras las organizaciones que se han unido con acciones urgentes son la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “los Derechos para Todos y Todas”. (Por Abel Miranda Ayala)
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