Alcaldías del PRI y PVME no cederán al Estado el cobro del impuesto predial
*Con el respaldo de nuestra fracción parlamentaria en el Congreso del
Estado, decidimos de manera unánime no firmarlo”: Mario Moreno A.
El Coordinador de los alcaldes priístas de la entidad, Mario Moreno Arcos, encabezó ayer un nuevo encuentro con sus homólogos del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, en la que estuvieron presentes los diputados locales Héctor Astudillo Flores, Héctor
Apreza Patrón, Eduardo Montaño Salinas y el representante de Olaguer Hernández Flores.
Como se recordará, recientemente los alcaldes priístas del estado acordaron conformar un frente común para gestionar y obtener mayores recursos del gobierno estatal y federal, así como para concretar el Mando Único Policial en sus municipios y analizar la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal aprobada por el Congreso federal, en materia de impuesto predial y catastro.
En ese contexto, ayer por la mañana se concretó este segundo encuentro durante el que el primer edil capitalino reiteró el llamado a sus compañeros priístas a una mayor unidad y coordinación en beneficio de la población, “solo en la unidad lograremos avanzar en la ruta de los acuerdos que construyen y suman”.
Según indicó Moreno Arcos, entre los principales objetivos de la reunión “se encuentra el de lograr un mayor acercamiento entre los presidentes municipales priístas y la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, para compartir y analizar conjuntamente temas coyunturales “para el buen ejercicio de nuestras correspondientes responsabilidades al frente de las administraciones municipales, pero sobre todo, para el beneficio de la ciudadanía al margen de su filiación política”. En ese sentido, dijo, “abordamos el asunto relativo a la firma del Convenio de Colaboración a efecto de que sea el Estado a través de la Secretaría de Finanzas, el encargado de cobrar el impuesto predial de cada municipio de acuerdo a las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal”.
Moreno Arcos afirmó que la posibilidad de que sea el Gobierno de Guerrero el que administre el impuesto predial que cobran los municipios ha generado confusión y cierta preocupación entre todos los alcaldes de la entidad, “no solo los alcaldes priístas”, aclaró.
“Se trata tal vez de un falso debate que parte de no conocer el contexto real de esta iniciativa así como sus alcances”.
Es por ello, señaló, que los ediles priístas y del Partido Verde Ecologista, consideraron de fundamental importancia conocer la opinión de los diputados locales del PRI, y escuchar de viva voz su opinión desde el punto de vista parlamentario sobre la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que se está impulsando en el seno del Congreso de la Unión.
El presidente municipal de Chilpancingo, aclaró, que en teoría, el objetivo de esta iniciativa es apoyar a los municipios del país a alcanzar y mantener finanzas públicas sanas, mediante la implementación de un sistema de estímulos y esquemas dirigidos a garantizar, entre otras cosas, el fortalecimiento de la recaudación del impuesto predial. Sin embargo, dijo que en la práctica, “nos afecta el que en la distribución que se hará no tendremos acceso a un treinta por ciento de las participaciones, pero además, que la recaudación la haría el Estado y se nos iría ministrando, impidiéndonos contar con liquidez e inmediatez en los recursos, fuente del único impuesto directo que los ayuntamientos pueden cobrar”.
A pregunta expresa sobre si la decisión de los alcaldes priístas de no firmar el Convenio se contrapone a la intención del gobernador Aguirre que se había pronunciado a favor y confiaba en que los alcaldes participaran, Moreno Arcos enfatizó que no se trata de ir en su contra, porque no es un proyecto que impulse directamente el Gobierno del Estado, sino de una decisión tomada por el Congreso de la Unión, “incluso estaremos pidiendo que durante la próxima discusión del paquete fiscal se pueda reformar esa modificación realizada a la Ley de Coordinación Fiscal”.
“Se trata de una iniciativa enviada por el gobernador al Congreso local, pero en el contexto de los acuerdos alcanzados por el Congreso de la Unión”, explicó.
“No es un asunto que esté planeando el gobierno estatal y que pretenda presentar como propia al Congreso local, como equivocadamente se ha señalado; es, simple y llanamente un tema que prevé ordenamientos legales como la recién reformada Ley de Coordinación Fiscal y que nosotros tenemos interés en analizar detenidamente”.
“Entendemos también que hace falta una mayor capacidad de recaudación en cada municipio. Pero antes de ir a un convenio de esta naturaleza, debemos clarificar cuál es la propuesta real para cada uno; por lo pronto, nosotros estaríamos proponiendo que el 30% a distribuir entre éstos, se destine a fortalecer verdaderamente las haciendas públicas municipales, y a consolidar esquemas que nos permitan generar mayores niveles de recaudación directa”.
Moreno Arcos explicó que sin duda alguna es un Convenio que de aceptarse, “tendrá fuertes implicaciones para todos y cada uno de los municipios que decidan sumarse; es altamente riesgoso y por ello, los alcaldes priístas, con el respaldo de nuestra fracción parlamentaria en el Congreso local, hemos decidido de manera unánime no firmarlo”, informó.
“De inicio, esta iniciativa puede representar un retroceso al verdadero fortalecimiento de cada municipio, y significar una suerte de regresión a un sistema centralizado que no creemos resulte conveniente en el esquema actual”, y añadió, que esta es una preocupación válida que comparten no solo los alcaldes del PRI, sino los demás partidos políticos.
“Lo único que en todo caso cuestionamos, es que los alcaldes de filiación perredista, argumenten que su negativa a firmar el Convenio, se deba a que se trata de una iniciativa del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, cuando fueron los propios diputados federales de Guerrero, la mayoría del PRD, quienes avalaron con su voto esta iniciativa que desde nuestro punto de vista, puede lesionar la liquidez y el funcionamiento operativo cotidiano de los ayuntamientos”.
Aclaró, que en ese sentido, ahora la decisión les corresponde a cada municipio, “los alcaldes priístas y del Verde Ecologista, decidimos en voto directo no firmar el convenio porque consideramos que afecta el funcionamiento de los ayuntamientos”, puntualizó.
Por otro lado, Moreno Arcos informó que durante la reunión se discutió también la preocupación común de todos los alcaldes, relativa al perfil político del nuevo Auditor General del Estado.
“Hay una gran inquietud que espero sinceramente no sea real, pero de acuerdo a lo expresado por varios de mis compañeros, hemos coincidido en que se trata de un funcionario militante del PRD y esta característica con un proceso electoral en ciernes, puede significar un esquema de persecución para muchos de los ayuntamientos de filiación priísta”.
En ese tenor, Moreno Arcos informó que se conformaran mesas de trabajo con la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso Local, a efecto de que con mucha claridad se establezcan los tiempos y esquemas generales para la aplicación de auditorías en los municipios.
“Debemos señalar que tenemos mucha claridad en lo que respecta a nuestras obligaciones y responsabilidades en el ejercicio de recursos públicos.
Pero no estamos pidiendo prebendas ni absolutamente ningún trato especial, solo lo justo, por lo que con el apoyo de nuestros diputados, habremos de emprender una serie de acciones que impidan que el periodo de fiscalización que debe basarse en una revisión sana del ejercicio de los recursos públicos, se convierta en persecución con tintes políticos”, finalizó.
El Coordinador de los alcaldes priístas de la entidad, Mario Moreno Arcos, encabezó ayer un nuevo encuentro con sus homólogos del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, en la que estuvieron presentes los diputados locales Héctor Astudillo Flores, Héctor
Apreza Patrón, Eduardo Montaño Salinas y el representante de Olaguer Hernández Flores.
Como se recordará, recientemente los alcaldes priístas del estado acordaron conformar un frente común para gestionar y obtener mayores recursos del gobierno estatal y federal, así como para concretar el Mando Único Policial en sus municipios y analizar la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal aprobada por el Congreso federal, en materia de impuesto predial y catastro.
En ese contexto, ayer por la mañana se concretó este segundo encuentro durante el que el primer edil capitalino reiteró el llamado a sus compañeros priístas a una mayor unidad y coordinación en beneficio de la población, “solo en la unidad lograremos avanzar en la ruta de los acuerdos que construyen y suman”.
Según indicó Moreno Arcos, entre los principales objetivos de la reunión “se encuentra el de lograr un mayor acercamiento entre los presidentes municipales priístas y la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, para compartir y analizar conjuntamente temas coyunturales “para el buen ejercicio de nuestras correspondientes responsabilidades al frente de las administraciones municipales, pero sobre todo, para el beneficio de la ciudadanía al margen de su filiación política”. En ese sentido, dijo, “abordamos el asunto relativo a la firma del Convenio de Colaboración a efecto de que sea el Estado a través de la Secretaría de Finanzas, el encargado de cobrar el impuesto predial de cada municipio de acuerdo a las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal”.
Moreno Arcos afirmó que la posibilidad de que sea el Gobierno de Guerrero el que administre el impuesto predial que cobran los municipios ha generado confusión y cierta preocupación entre todos los alcaldes de la entidad, “no solo los alcaldes priístas”, aclaró.
“Se trata tal vez de un falso debate que parte de no conocer el contexto real de esta iniciativa así como sus alcances”.
Es por ello, señaló, que los ediles priístas y del Partido Verde Ecologista, consideraron de fundamental importancia conocer la opinión de los diputados locales del PRI, y escuchar de viva voz su opinión desde el punto de vista parlamentario sobre la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que se está impulsando en el seno del Congreso de la Unión.
El presidente municipal de Chilpancingo, aclaró, que en teoría, el objetivo de esta iniciativa es apoyar a los municipios del país a alcanzar y mantener finanzas públicas sanas, mediante la implementación de un sistema de estímulos y esquemas dirigidos a garantizar, entre otras cosas, el fortalecimiento de la recaudación del impuesto predial. Sin embargo, dijo que en la práctica, “nos afecta el que en la distribución que se hará no tendremos acceso a un treinta por ciento de las participaciones, pero además, que la recaudación la haría el Estado y se nos iría ministrando, impidiéndonos contar con liquidez e inmediatez en los recursos, fuente del único impuesto directo que los ayuntamientos pueden cobrar”.
A pregunta expresa sobre si la decisión de los alcaldes priístas de no firmar el Convenio se contrapone a la intención del gobernador Aguirre que se había pronunciado a favor y confiaba en que los alcaldes participaran, Moreno Arcos enfatizó que no se trata de ir en su contra, porque no es un proyecto que impulse directamente el Gobierno del Estado, sino de una decisión tomada por el Congreso de la Unión, “incluso estaremos pidiendo que durante la próxima discusión del paquete fiscal se pueda reformar esa modificación realizada a la Ley de Coordinación Fiscal”.
“Se trata de una iniciativa enviada por el gobernador al Congreso local, pero en el contexto de los acuerdos alcanzados por el Congreso de la Unión”, explicó.
“No es un asunto que esté planeando el gobierno estatal y que pretenda presentar como propia al Congreso local, como equivocadamente se ha señalado; es, simple y llanamente un tema que prevé ordenamientos legales como la recién reformada Ley de Coordinación Fiscal y que nosotros tenemos interés en analizar detenidamente”.
“Entendemos también que hace falta una mayor capacidad de recaudación en cada municipio. Pero antes de ir a un convenio de esta naturaleza, debemos clarificar cuál es la propuesta real para cada uno; por lo pronto, nosotros estaríamos proponiendo que el 30% a distribuir entre éstos, se destine a fortalecer verdaderamente las haciendas públicas municipales, y a consolidar esquemas que nos permitan generar mayores niveles de recaudación directa”.
Moreno Arcos explicó que sin duda alguna es un Convenio que de aceptarse, “tendrá fuertes implicaciones para todos y cada uno de los municipios que decidan sumarse; es altamente riesgoso y por ello, los alcaldes priístas, con el respaldo de nuestra fracción parlamentaria en el Congreso local, hemos decidido de manera unánime no firmarlo”, informó.
“De inicio, esta iniciativa puede representar un retroceso al verdadero fortalecimiento de cada municipio, y significar una suerte de regresión a un sistema centralizado que no creemos resulte conveniente en el esquema actual”, y añadió, que esta es una preocupación válida que comparten no solo los alcaldes del PRI, sino los demás partidos políticos.
“Lo único que en todo caso cuestionamos, es que los alcaldes de filiación perredista, argumenten que su negativa a firmar el Convenio, se deba a que se trata de una iniciativa del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, cuando fueron los propios diputados federales de Guerrero, la mayoría del PRD, quienes avalaron con su voto esta iniciativa que desde nuestro punto de vista, puede lesionar la liquidez y el funcionamiento operativo cotidiano de los ayuntamientos”.
Aclaró, que en ese sentido, ahora la decisión les corresponde a cada municipio, “los alcaldes priístas y del Verde Ecologista, decidimos en voto directo no firmar el convenio porque consideramos que afecta el funcionamiento de los ayuntamientos”, puntualizó.
Por otro lado, Moreno Arcos informó que durante la reunión se discutió también la preocupación común de todos los alcaldes, relativa al perfil político del nuevo Auditor General del Estado.
“Hay una gran inquietud que espero sinceramente no sea real, pero de acuerdo a lo expresado por varios de mis compañeros, hemos coincidido en que se trata de un funcionario militante del PRD y esta característica con un proceso electoral en ciernes, puede significar un esquema de persecución para muchos de los ayuntamientos de filiación priísta”.
En ese tenor, Moreno Arcos informó que se conformaran mesas de trabajo con la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso Local, a efecto de que con mucha claridad se establezcan los tiempos y esquemas generales para la aplicación de auditorías en los municipios.
“Debemos señalar que tenemos mucha claridad en lo que respecta a nuestras obligaciones y responsabilidades en el ejercicio de recursos públicos.
Pero no estamos pidiendo prebendas ni absolutamente ningún trato especial, solo lo justo, por lo que con el apoyo de nuestros diputados, habremos de emprender una serie de acciones que impidan que el periodo de fiscalización que debe basarse en una revisión sana del ejercicio de los recursos públicos, se convierta en persecución con tintes políticos”, finalizó.
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