Presentaron queja contra diputada del PRI por violar la laicidad del Congreso

Activistas por los derechos reproductivos y sexuales de la mujer presentaron ante la subsecretaría de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado, una queja en contra de la diputada priísta Julieta Fernández Márquez, a quien señalan de haber propiciado realizar un culto religioso dentro de las
instalaciones del Congreso del Estado, el pasado 4 de junio .
María Luisa Garfías Marín, quien se asume como activista por los derechos de la mujer, explicó que la diputada violentó la Carta Magna en sus artículos 1, 24 y 130, así como la Ley de Asociaciones Religiosos y Culto Públicos, en los artículos primero, tercero, 25 y 29 fracción novena, al participar y apoyar a ministros católicos y evangélicos, entre ellos una extranjera, para que realizara una ceremonia en las instalaciones del Poder Legislativo.
Aseguró que esta acción violenta el principio de separación de competencias entre el Estado y la Iglesia, así como el respeto recíproco para salvaguardar la soberanía política del Estado Mexicano.
 Acompañada por una decena de sus seguidoras, quienes portaban cartulinas con la leyenda “diputados laicos defienden #derecho a decidir”, la activista condenó el acto religioso que se realizó en el interior del palacio legislativo donde hicieron oración alrededor de la diputada con los brazos en alto, ello luego de que habían distribuido oficios entre los diputados locales a quienes pidieron que votaran en contra la iniciativa de reformas para despenalización del aborto en el estado.
Garfias Marín dijo que la conducta de la diputada debe ser sancionada porque violenta los principios de tolerancia, libertad religiosa e igualdad consagrados en la Constitución del país, por tanto, solicitaron que se inicie un procedimiento administrativo al que se refiere el artículo 30 de la Ley de Asociaciones religiosas y se imponga a la diputada como a los infractores, la sanción que corresponda.
Las mujeres fueron atendidas por el subsecretario de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado, Jorge Alberto González Rivero, ante quien depositaron la queja y quedaron en espera de una respuesta formal. (Por Abel Miranda Ayala)

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