Exigen que Zeferino comparezca ante la Procu por el asesinato de Chavarría
La viuda de Armando Chavarría, Martha Obeso, y dirigentes perredistas pertenecientes a la corriente “Grupo Guerrero”, urgieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a entregar avances sobre la investigación del crimen del que fuera presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del
Estado y acusaron directamente al ex gobernador Carlos Zeferino Torreblanca Galindo de haber sido quien lo mandó matar.
Martha Obeso, leyó un documento en el que resaltó que a mil 694 días del “magnicidio” de Armando Chavarría, aún no se tiene claridad en la investigación y ni siquiera se han tomado en cuenta declaraciones como la de David Jiménez Rumbo, quien señaló que días antes de ser acribillado, Armando Chavarría le confesó tener temor de que Zeferino Torreblanca lo mandara matar.
Además de ello no se han tomado en cuenta elementos como el que días antes de que se perpetrara el homicidio, Zeferino Torreblanca mandó quitar la escolta del entonces diputado local, por lo que “los asesinos materiales e intelectuales siguen gozando de absoluta impunidad, de absoluta inmunidad pero ni la infamia ni el olvido nos harán declinar nuestro reclamo mientras no se haga justicia”.
Indicó que ante esos señalamientos, la Procuraduría ha hecho caso omiso, pues ni siquiera ha citado a comparecer al ex gobernador Torreblanca Galindo a pesar de que por otros motivos, como el desvío millonarios de recursos en la Secretaría de Salud, si ha tenido que hacerlo.
“Zeferino no tiene vergüenza ni calidad ética ni moral, para pretender engañar nuevamente al pueblo de Guerrero”, expresó la viuda de Armando Chavarría, y agregó que por eso hoy estuvieron en la puerta de la PGJE exigiendo que se retome la investigación del infame crimen.
Por su parte, el ex senador David Jiménez Rumbo acusó que además de ser autor intelectual del crimen de Armando Chavarría, Zeferino Torreblanca también fue responsable de enredar la investigación, ya que fue él quien ordenó sacar el expediente original de la investigación, mismo que a la llegada del actual gobierno no se encontró, “quien más para pedir a un procurador que desaparezca un expediente, sólo su jefe y ese es el gobernador”.
En la conferencia de prensa se anunció que en caso de que la Procuraduría siga sin emitir resultados concretos de esta investigación, acudirán a la Corte Interamericana de Justicia, para pedir su intervención.
A este respecto, la viuda de Chavarría se preguntó: “¿por qué tenemos que ir a una instancia internacional cuándo el gobierno es responsable de hacer la investigación?, ¿por qué tenemos que demandar justicia en otros lugares cuando nuestros gobiernos deberían encargarse de ello?”.
Al final del posicionamiento se preguntó a la familia de Chavarría Barrera si no han pensado en la posibilidad de contratar un investigador privado, que realice de manera paralela el trabajo que le compete a la Procuraduría como en su momento el fallecido empresario gasolinero Javier Ibáñez, que investigó y entregó informes sobre los secuestradores de su hijo.
“Tenemos otras experiencias como la de la señora de Wallas, sin embargo nuestra postura es que el estado tiene el monopolio de la procuración de justicia y nuestro deber es exigirle que cumplan con su responsabilidad”. Sobre la misma pregunta, David Jiménez Rumbo, apuntó: “ve qué le pasó al empresario que investigó…lo asesinaron”. (Abel Miranda Ayala)
Estado y acusaron directamente al ex gobernador Carlos Zeferino Torreblanca Galindo de haber sido quien lo mandó matar.
Martha Obeso, leyó un documento en el que resaltó que a mil 694 días del “magnicidio” de Armando Chavarría, aún no se tiene claridad en la investigación y ni siquiera se han tomado en cuenta declaraciones como la de David Jiménez Rumbo, quien señaló que días antes de ser acribillado, Armando Chavarría le confesó tener temor de que Zeferino Torreblanca lo mandara matar.
Además de ello no se han tomado en cuenta elementos como el que días antes de que se perpetrara el homicidio, Zeferino Torreblanca mandó quitar la escolta del entonces diputado local, por lo que “los asesinos materiales e intelectuales siguen gozando de absoluta impunidad, de absoluta inmunidad pero ni la infamia ni el olvido nos harán declinar nuestro reclamo mientras no se haga justicia”.
Indicó que ante esos señalamientos, la Procuraduría ha hecho caso omiso, pues ni siquiera ha citado a comparecer al ex gobernador Torreblanca Galindo a pesar de que por otros motivos, como el desvío millonarios de recursos en la Secretaría de Salud, si ha tenido que hacerlo.
“Zeferino no tiene vergüenza ni calidad ética ni moral, para pretender engañar nuevamente al pueblo de Guerrero”, expresó la viuda de Armando Chavarría, y agregó que por eso hoy estuvieron en la puerta de la PGJE exigiendo que se retome la investigación del infame crimen.
Por su parte, el ex senador David Jiménez Rumbo acusó que además de ser autor intelectual del crimen de Armando Chavarría, Zeferino Torreblanca también fue responsable de enredar la investigación, ya que fue él quien ordenó sacar el expediente original de la investigación, mismo que a la llegada del actual gobierno no se encontró, “quien más para pedir a un procurador que desaparezca un expediente, sólo su jefe y ese es el gobernador”.
En la conferencia de prensa se anunció que en caso de que la Procuraduría siga sin emitir resultados concretos de esta investigación, acudirán a la Corte Interamericana de Justicia, para pedir su intervención.
A este respecto, la viuda de Chavarría se preguntó: “¿por qué tenemos que ir a una instancia internacional cuándo el gobierno es responsable de hacer la investigación?, ¿por qué tenemos que demandar justicia en otros lugares cuando nuestros gobiernos deberían encargarse de ello?”.
Al final del posicionamiento se preguntó a la familia de Chavarría Barrera si no han pensado en la posibilidad de contratar un investigador privado, que realice de manera paralela el trabajo que le compete a la Procuraduría como en su momento el fallecido empresario gasolinero Javier Ibáñez, que investigó y entregó informes sobre los secuestradores de su hijo.
“Tenemos otras experiencias como la de la señora de Wallas, sin embargo nuestra postura es que el estado tiene el monopolio de la procuración de justicia y nuestro deber es exigirle que cumplan con su responsabilidad”. Sobre la misma pregunta, David Jiménez Rumbo, apuntó: “ve qué le pasó al empresario que investigó…lo asesinaron”. (Abel Miranda Ayala)
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