A propuesta de Antonio Gaspar, los funcionarios serán evaluados

México es un país que basó su desarrollo en la creación y fortaleza de las instituciones públicas, a ese sistema de trabajo debemos en mucho la estabilidad social que nos ha permitido avanzar como nación, lamentablemente en los últimos años quienes deberían de servir se dedican a obstruir la aplicación de la ley o
a burocratizar los trámites administrativos, lo que deja desanimo, coraje e incertidumbre a la ciudadanía que acude a pedir un servicio.
Con estos argumentos, expresados por sus representados en reuniones de acercamiento y luego de hacer un análisis del sentir ciudadano, Antonio Gaspar Beltrán, diputado local por el distrito 02, fundamentó la reserva al artículo 191 en su numeral primero fracción II del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución local, con la idea principal de que quienes estén obligados a prestar un servicio a la ciudadanía lo hagan con ética, eficacia, eficiencia, transparencia y respeto a los derechos humanos.
Toño Gaspar enfatizó que “es importante precisar que esta enmienda va dirigida sobre todo a los funcionarios que son de confianza, quienes al amparo y protección del manto protector del gobernante en turno en ocasiones se conducen con impunidad, y esa inmunidad es perceptible y lástima a la ciudadanía”.
Y agregó que “cuando las instituciones comienzan a perder credibilidad, comienzan también a perder respeto, y es precisamente la falta de respeto a las instituciones lo que puede derivar en una anarquía, que por supuesto a ningún individuo de bien nos beneficia, por lo que se hace necesario establecer mecanismos que conduzcan a un mejor servicio público que nos ayuden a rescatar la credibilidad de las instituciones públicas y que por consiguiente nos consoliden la paz social a la que todos aspiramos”.
El representante popular subrayó que “en las últimas décadas de la vida política de nuestro país, de nuestro estado y en nuestros municipios, nos hemos enfrentado a un creciente descrédito quienes nos dedicamos a la función pública, lo anterior sin duda es resultado del deficiente desempeño de algunos servidores públicos, y obviamente esto ha derivado en la falta de credibilidad a las instituciones”.
Toño Gaspar subrayó que es importante que “si se está pidiendo la evaluación al desempeño de los docentes y la evaluación de las corporaciones policiacas, la sociedad sin duda está en espera de que también se evalúen a todos aquellos que desempeñan un cargo público o una función en cualquier orden de gobierno”.
Dijo que “con esta adición los ciudadanos podrán exigir en todo momento ante la autoridad inmediata responsable, que los servidores públicos —exceptuando los electos por voto popular, porque esto ya serían a través de la revocación de mandato valuado—, puedan ser sujetos a procesos de evaluación al desempeño de sus funciones, mediante la verificación del cumplimiento de las metas señaladas en sus respectivos planes de desarrollo y como consecuencia en los Programas Operativos Anuales.
Los resultados que deriven de ello podrán ser las sanciones establecidas en la ley correspondiente, según sea el caso”.