Reserva SEDATU datos de la investigación por construcciones irregulares en Acapulco
El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), Jorge Carlos Ramírez Marín, confirmó que ya se tiene concluida la investigación que se realizó en el puerto de Acapulco, por cambios de uso de suelo en zonas de humedales, sin embargo se sigue trabajando en el deslinde de
responsabilidades de funcionarios de los tres órdenes de gobierno y en su momento esa investigación será turnada a las procuradurías local y federal.
El funcionario federal, estuvo ayer en esta capital recorriendo los terrenos en los que se construirán las viviendas para reubicar a 957 familias que fueron afectadas por el paso de la tormenta tropical Manuel.
El secretario refirió que en torno a la investigación, se ha elaborado un dictamen “en ese dictamen se tiene que señalar cuáles son las acciones que puedan ser sujetas de sanción, qué tipo de sanción, quiénes son los responsables y en su momento darle vista a las autoridades que pueden determinarlo ya que la SEDATU no es una autoridad judicial, entonces tenemos que pasárselo a distintas autoridades, integrar expedientes judiciales y entonces si procederemos”.
Confirmó que en este momento la dependencia está trabajando sobre los funcionarios responsables de todo tipo, municipales estatales o federales, pero además en responsabilidades que se pueden imputar a particulares o empresas.
Ramírez Marín no quiso adelantar una fecha en la que se haga público este informe o en que se envíe a la autoridad judicial, “estamos trabajando y cuando se tenga listo lo conocerán” En cuanto al proceso de construcción de las nuevas viviendas, indicó que antes del día 31 de mayo se tendrá lista la primera etapa que incluye la construcción de 252 viviendas del modelo SEDATU y 210 en las que tiene una participación la fundación PROVIÁH, misma que le aporta 20 mil pesos por cada construcción sumados a los 100 mil que pone la dependencia.
En total, dijo el funcionario, serán en un futuro 957 las familias que se reubicarán en esta zona, mismas que se encuentran en zonas de alto riesgo o en zonas federales, éstos tendrán la obligación de entregar su actual vivienda misma que será destruida y el municipio recuperará el terreno.
Cada vivienda tendrá una construcción de 45 metros cuadrados en los que se colocarán dos recamaras, sala comedor, cocina y baño con loseta, la construcción tendrá loza de concreto, así como todos los servicios.
Ramírez Marín, indicó que la fecha límite que tienen para construir vivienda es el 31 de mayo, aunque reconoció que para esa fecha se podría tener pendiente trabajo de urbanización o de áreas verdes.
Del retraso que tiene el gobierno en el proceso de edificación para reubicar damnificados, indicó, “encontrar predio no fue sencillo, un predio que cumpliera con especificaciones de SEDATU, que estuviera dentro de la mancha urbana, que tuviera vialidades para que la gente tenga un acceso rápido y económico, que puedan llegar rápido a sus centros de trabajo, que tuviera toda la dignidad, que fuera bonito y que atrajera a quienes van a dejar una vivienda precaria”. (Por Abel Miranda Ayala)
responsabilidades de funcionarios de los tres órdenes de gobierno y en su momento esa investigación será turnada a las procuradurías local y federal.
El funcionario federal, estuvo ayer en esta capital recorriendo los terrenos en los que se construirán las viviendas para reubicar a 957 familias que fueron afectadas por el paso de la tormenta tropical Manuel.
El secretario refirió que en torno a la investigación, se ha elaborado un dictamen “en ese dictamen se tiene que señalar cuáles son las acciones que puedan ser sujetas de sanción, qué tipo de sanción, quiénes son los responsables y en su momento darle vista a las autoridades que pueden determinarlo ya que la SEDATU no es una autoridad judicial, entonces tenemos que pasárselo a distintas autoridades, integrar expedientes judiciales y entonces si procederemos”.
Confirmó que en este momento la dependencia está trabajando sobre los funcionarios responsables de todo tipo, municipales estatales o federales, pero además en responsabilidades que se pueden imputar a particulares o empresas.
Ramírez Marín no quiso adelantar una fecha en la que se haga público este informe o en que se envíe a la autoridad judicial, “estamos trabajando y cuando se tenga listo lo conocerán” En cuanto al proceso de construcción de las nuevas viviendas, indicó que antes del día 31 de mayo se tendrá lista la primera etapa que incluye la construcción de 252 viviendas del modelo SEDATU y 210 en las que tiene una participación la fundación PROVIÁH, misma que le aporta 20 mil pesos por cada construcción sumados a los 100 mil que pone la dependencia.
En total, dijo el funcionario, serán en un futuro 957 las familias que se reubicarán en esta zona, mismas que se encuentran en zonas de alto riesgo o en zonas federales, éstos tendrán la obligación de entregar su actual vivienda misma que será destruida y el municipio recuperará el terreno.
Cada vivienda tendrá una construcción de 45 metros cuadrados en los que se colocarán dos recamaras, sala comedor, cocina y baño con loseta, la construcción tendrá loza de concreto, así como todos los servicios.
Ramírez Marín, indicó que la fecha límite que tienen para construir vivienda es el 31 de mayo, aunque reconoció que para esa fecha se podría tener pendiente trabajo de urbanización o de áreas verdes.
Del retraso que tiene el gobierno en el proceso de edificación para reubicar damnificados, indicó, “encontrar predio no fue sencillo, un predio que cumpliera con especificaciones de SEDATU, que estuviera dentro de la mancha urbana, que tuviera vialidades para que la gente tenga un acceso rápido y económico, que puedan llegar rápido a sus centros de trabajo, que tuviera toda la dignidad, que fuera bonito y que atrajera a quienes van a dejar una vivienda precaria”. (Por Abel Miranda Ayala)
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