Complicado emitir una Ley de Amnistía en Guerrero: MPG

Miembros de la dirigencia del Movimiento Popular Guerrerense que han venido impulsado acciones para que en Guerrero se decrete una Ley de Amnistía que pudiera beneficiar a luchadores sociales que se encuentran presos, bajo proceso legal o tiene órdenes de aprehensión en su contra, reconocieron que las
condiciones son adversas porque se necesita de voluntad política del estado y la federación.
Manuel Olivares Hernández, de la Red de Organismos Civiles Defensores de Derechos Humanos, Bertoldo Martínez Cruz del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) y Samuel Delgado Nava de la Policía Comunitaria de Tixtla, señalaron que se tiene varios planteamientos para la elaboración de esta Ley de Amnistía para generar condiciones que realmente beneficien a luchadores sociales y no se convierta en una herramienta que utilicen los delincuentes para ser liberados.
Refirieron que durante el gobierno de René Juárez Cisneros se logró impulsar una Ley de Amnistía, pero debido a las condiciones que se pusieron sólo logró su libertad un “vende-plazas” que estaba acusado por fraude y sus familiares organizaron protestas para pedir su liberación, “ningún preso político logró una amnistía con esa ley”.
Por ello destacaron que para que realmente una Ley de Amnistía pueda funcionar se necesita de voluntad política tanto del gobierno federal como del gobierno del estado, ya que los delitos que se les “fabrican” son tanto de orden local como del federal.
En la propuesta de ley que el MPG entregó hace unos días al Secretario General de Gobierno se establece que la ley beneficiará a todas las personas contra las que se ejerce o ejercitó acción penal en los tribunales del estado.
“Por otra parte contempla delitos políticos pero también del orden común, imputados a líderes sociales, en el marco de la realización de reuniones protestas o acciones tendientes a ejercer sus derechos a la utilización de los sistemas normativos, protección de sus territorios como pueblos indígenas y la exigibilidad de los derechos a la salud, educación, vivienda y alimentación”.
Para evitar que cualquier delincuente pueda solicitar ser incluido en esta Ley de Amnistía se pondría un candado en el que se especifique que los delitos del orden común que se considerarán, serán los que se hayan cometido en movilizaciones, protestas y actos tendientes al ejercicio y exigibilidad de los derechos. Los dirigentes reconocieron que la aprobación de esta ley tendrá como limitante el hecho de que muchos de los llamados presos políticos se encuentran procesados por delitos del orden federal, de tal forma que la ley les permitirá solventar sus acusaciones por los delitos locales pero se mantendrían retenidos por los federales.
Bertoldo Martínez destacó que hasta este momento se ha considerado que podrían ser hasta 40 personas las que sean beneficiadas con esta ley de amnistía entre ellas los dirigentes de la CRAC, Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Bernardino García, así como otros miembros de esta organización comunitaria, sin embargo no quiso responder cuántas de estas personas realmente podrían obtener su libertad por tener sólo delitos del orden común y no federal.
“Justamente estamos trabajando en esa parte, ya que si en el estado es complicado logra una ley de amnistía, en la federación es casi imposible, pero por ello se está buscando que haya disponibilidad política en los dos órdenes de gobierno”.
Finalmente el dirigente del FODEG reconoció que existe voluntad y compromiso del gobernador Ángel Aguirre Rivero para aprobar la Ley de Amnistía sin embargo falta ultimar detalles para que la iniciativa realmente beneficie a luchadores sociales y no sea utilizada por verdaderos delincuentes. (Por Abel Miranda Ayala)