Investigará AGE el finiquito que se asignaron ex consejeros de ITAIG

Los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG) aprobaron solicitar a la Auditoría General del Estado y a la Contraloría General del Estado investigar el “finiquito” millonario que se asignaron los consejeros del órgano, y a partir de los resultados de
esas instancias valorarán las siguientes acciones.
En sesión, los consejeros Crescencio Almazán Tolentino, Joaquín Morales Sánchez y Roberto Rodríguez Saldaña aceptaron que en los documentos entregados por la Coordinación de Administración y Finanzas, observaron que en una sesión del 12 de diciembre pasado los consejeros se asignaron cada uno 843 mil 157 pesos, y lo manejaron como un fondo; sin embargo fue un finiquito, porque lo tomaron del presupuesto de este año.
El presidente del organismo, Crescencio Almazán Tolentino, aceptó que esa asignación es irregular y que en el acta de asamblea nunca se maneja la fórmula por la que decidieron entregarse esa cantidad, que además deja con poco menos del 60 por ciento del presupuesto anual del Itaig, que es de 9 millones 500 mil pesos; faltan 2 millones 529 mil pesos.
Acordaron que se auditarán los recursos de enero a la fecha, y a partir de los resultados verán si solicitan a María Antonia Cárcamo Cortez, Marcos Ignacio Cueva González y Ernesto Araujo Carranza, que regresen lo que tomaron bajo criterios poco claros.
Almazán Tolentino insistió en que no puede prejuzgar la acción de los ex consejeros hasta tener el resultado de la investigación. En la copia que el titular de la Coordinación de Administración y Finanzas, Miguel Ángel Radilla Zúñiga entregó a los nuevos consejeros del ITAIG, se lee que los ex consejeros recibieron un salario diario de 3 mil 261 pesos, de este recibieron 3 meses como finiquito que da 293 mil 556 pesos; más 20 días de salario por los ocho años que trabajaron que asciende a 521 mil 876 pesos; su prima vacacional al 31 de enero de 2014 y un fondo de ahorro al 31 de enero de 2014 por 4 mil 892 pesos.
Los consejeros María Antonia Cárcamo y Marcos Ignacio Cueva aun ya cuando se asignaron ese monto, que según Crescencio Almazán no se justifica porque ellos nunca generaron un bono de retiro durante los ocho años que estuvieron en el órgano, se inscribieron para ser ratificados en el cargo por los diputados de la 60 legislatura.
Consideró que “eso provoca una grave lesión a las tareas sustantivas a las labores del Instituto. Nos veremos impedidos para realizar diversas tareas que son importantes y que nos impone la ley.
El no tener el recurso completo debilita al instituto, además repito no se creó ese fondo, si no que se tomó. No sé si puedan reintegrarse esos recursos, pero la ley no contempla finiquito”.
Crescencio Almazán aseguró que por el momento no puede actuar por la vía penal contra los ex consejeros, pero una vez concluida la investigación de la AGE actuará conforme a derecho. (www.agenciairza.com)

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