Grupos de autodefensa deben acogerse a la ley: CODDEHUM
El Presidente interino de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos Ramón Navarrete Magdaleno, consideró que los grupos de autodefensa deben acogerse a la ley.
Comentó que en el caso del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana que impulsa la Unión de Pueblos y
Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) se tienen acuerdos “importantes” aunque reconoce que han trabajado a marchas forzadas, “el asunto de la regularización de las actividades de la Policía comunitaria es un hecho, así lo ha expresado Bruno (Placido Valerio) en ese sentido de establecer los mecanismos para incorporar a la ley al grupo de Policías”.
Agregó que “no se puede de otra manera, quien procura hacer justicia tiene que hacerlo dentro del marco de la ley, nadie se puede hacer justicia por su propia mano”. Navarrete Magdaleno, insistió que en el caso de la comunidad de El Ocotito, no aplica el convenio 701, que permite a los pueblos indígenas tener su propio sistema de justicia, ya que en esta parte de la entidad, no es una zona que se considere dentro de esta ley.
El defensor de derechos humanos aclaró que en caso de las poblaciones donde existe comunidad indígena si aplica esta normatividad, donde se rige por usos y costumbres “pero en estas áreas no es esa la hipótesis, aquí lo que ellos piden es seguridad”.
En este sentido dijo que la Codehum está sirviendo como puente de entendimiento entre el gobierno del estado y el grupo que encabeza Bruno Placido Valerio, con el cual insistió llevan avances considerables “de ver el mecanismo por el cual se van a incorporar a la ley”.
Comento que la discusión se encuentra en si pertenecen a la llamada Policía Rural o fuera de esta donde se tendría que hacer modificaciones a la ley que la creo. Navarrete Magdaleno destaco la importancia de regularizar a estos grupos refiriéndose al que encabeza Bruno Placido, y es que asegura que como ciudadanos no cualquier “corporación” puede hacer detenciones, “y guardarnos en un lugar no ex profeso para una detención”.
Sostuvo que mientras el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano no tenga reconocimiento legal no se puede hablar del “debido proceso” al cual se refiere la Constitución Política. (NOTYMAS)
Comentó que en el caso del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana que impulsa la Unión de Pueblos y
Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) se tienen acuerdos “importantes” aunque reconoce que han trabajado a marchas forzadas, “el asunto de la regularización de las actividades de la Policía comunitaria es un hecho, así lo ha expresado Bruno (Placido Valerio) en ese sentido de establecer los mecanismos para incorporar a la ley al grupo de Policías”.
Agregó que “no se puede de otra manera, quien procura hacer justicia tiene que hacerlo dentro del marco de la ley, nadie se puede hacer justicia por su propia mano”. Navarrete Magdaleno, insistió que en el caso de la comunidad de El Ocotito, no aplica el convenio 701, que permite a los pueblos indígenas tener su propio sistema de justicia, ya que en esta parte de la entidad, no es una zona que se considere dentro de esta ley.
El defensor de derechos humanos aclaró que en caso de las poblaciones donde existe comunidad indígena si aplica esta normatividad, donde se rige por usos y costumbres “pero en estas áreas no es esa la hipótesis, aquí lo que ellos piden es seguridad”.
En este sentido dijo que la Codehum está sirviendo como puente de entendimiento entre el gobierno del estado y el grupo que encabeza Bruno Placido Valerio, con el cual insistió llevan avances considerables “de ver el mecanismo por el cual se van a incorporar a la ley”.
Comento que la discusión se encuentra en si pertenecen a la llamada Policía Rural o fuera de esta donde se tendría que hacer modificaciones a la ley que la creo. Navarrete Magdaleno destaco la importancia de regularizar a estos grupos refiriéndose al que encabeza Bruno Placido, y es que asegura que como ciudadanos no cualquier “corporación” puede hacer detenciones, “y guardarnos en un lugar no ex profeso para una detención”.
Sostuvo que mientras el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano no tenga reconocimiento legal no se puede hablar del “debido proceso” al cual se refiere la Constitución Política. (NOTYMAS)
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