Evitar éxodo de personas por violencia pide comisionado de la ONU en México
El representante en México del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, lamentó el desplazamiento de personas por la violencia.
“Muchos ciudadanos han estado huyendo de la violencia, y de la trabazón o ineficiencia e impunidad que por
vía de la aquiescencia y complicidad de las autoridades locales se han vivido. Muchas denuncias sobre la complicidad de policías municipales, hacen que las personas huyan de la zonas rurales y van a las cabeceras", dijo.
Ello luego de asistir como invitado a la presentación del libro: “Acompañando la esperanza: 20 experiencias en defensa y promoción de los derechos humanos”.
Agregó que es muy grave la situación de los desplazados por la violencia en los municipios de Apaxtla de Castrejón, y Teloloapan, en el estado de Guerrero, al igual que en todo el país.
Comentó que “esto obliga y exige que toda la comunidad guerrerense se una a este problema con el enjuiciado al que yo les aliento; equivalencias fáciles, y coincidencias que pretenden con una sola manta abarcar todo, hay procesos en Guerrero, que son mucho más puntuales.
La autoridad tiene que estar cerca de las víctimas, y de quienes están siendo afectados en su vida”. Consideró que “es una de las nuevas facetas, ya el año pasado se hablaba de más de 100 mil desplazados en México, y hemos conocido testimonios de Ciudad Juárez, de fraccionamientos y colonias, de que la gente se ha ido a vivir a otros lugares”.
Dijo que esa manifestación se está ampliando en Guerrero, de hecho en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, plantea que los refugiados que se tienen en México, constituyen una catástrofe alimentaria.
Respecto de las policías ciudadanas y comunitarias, sostuvo que “los procesos de autodeterminación sobre todo, el proceso histórico de la CRAC, yo me abstendría de llamarlo o identificarlo como un proceso similar a lo que hemos visto en Michoacán, y en eso hay que tener mucho cuidado”. Por su parte, Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, insistió en que el problema está en que el gobierno se niega a reconocer esta realidad, y en lugar de abrir alguna iniciativa hace todo lo contrario “la salida de la gente de sus pueblos se debe también a las desigualdades de los pueblos; son gente que tiene en otros lugares capacidad económica”.
Hay una política deliberada del gobierno estatal y federal de no hablar del tema de los desplazados, y de callarlo “por eso el asunto sin duda seguirá creciendo”. (www.agenciairza.com)
“Muchos ciudadanos han estado huyendo de la violencia, y de la trabazón o ineficiencia e impunidad que por
vía de la aquiescencia y complicidad de las autoridades locales se han vivido. Muchas denuncias sobre la complicidad de policías municipales, hacen que las personas huyan de la zonas rurales y van a las cabeceras", dijo.
Ello luego de asistir como invitado a la presentación del libro: “Acompañando la esperanza: 20 experiencias en defensa y promoción de los derechos humanos”.
Agregó que es muy grave la situación de los desplazados por la violencia en los municipios de Apaxtla de Castrejón, y Teloloapan, en el estado de Guerrero, al igual que en todo el país.
Comentó que “esto obliga y exige que toda la comunidad guerrerense se una a este problema con el enjuiciado al que yo les aliento; equivalencias fáciles, y coincidencias que pretenden con una sola manta abarcar todo, hay procesos en Guerrero, que son mucho más puntuales.
La autoridad tiene que estar cerca de las víctimas, y de quienes están siendo afectados en su vida”. Consideró que “es una de las nuevas facetas, ya el año pasado se hablaba de más de 100 mil desplazados en México, y hemos conocido testimonios de Ciudad Juárez, de fraccionamientos y colonias, de que la gente se ha ido a vivir a otros lugares”.
Dijo que esa manifestación se está ampliando en Guerrero, de hecho en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, plantea que los refugiados que se tienen en México, constituyen una catástrofe alimentaria.
Respecto de las policías ciudadanas y comunitarias, sostuvo que “los procesos de autodeterminación sobre todo, el proceso histórico de la CRAC, yo me abstendría de llamarlo o identificarlo como un proceso similar a lo que hemos visto en Michoacán, y en eso hay que tener mucho cuidado”. Por su parte, Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, insistió en que el problema está en que el gobierno se niega a reconocer esta realidad, y en lugar de abrir alguna iniciativa hace todo lo contrario “la salida de la gente de sus pueblos se debe también a las desigualdades de los pueblos; son gente que tiene en otros lugares capacidad económica”.
Hay una política deliberada del gobierno estatal y federal de no hablar del tema de los desplazados, y de callarlo “por eso el asunto sin duda seguirá creciendo”. (www.agenciairza.com)
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