Son 28 reformas constitucionales las que no han sido avaladas por Ayuntamientos
De acuerdo a un recuento realizado por la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, son un total de 28 reformas realizadas a la Constitución Política del Estado, desde la 57 Legislatura —cerca de 12 años— las que no han entrado en vigor ya que por omisión, irresponsabilidad o desdén no han sido avaladas por los
Ayuntamientos.
El recuento realizado en esta 60 Legislatura destaca que el seguimiento a las reformas constitucionales fue un aspecto que se descuidó en las anteriores legislaturas, lo cual ha generado conflictos porque las leyes promulgadas no han podido aplicarse porque no se concluyó el trámite legislativo correspondiente que indica que los Cabildos tienen que avalarlas o rechazarlas para que posteriormente puedan ser publicadas en el Periódico Oficial del gobierno del estado.
En este sentido, la reforma Constitucional no avalada o rechazada por los Cabildos del estado data desde hace más de diez años, periodo en el que precisamente el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha tenido la mayoría en el Congreso local, la cual ha sido prácticamente absoluta si se toma en cuenta que ha contado con el respaldo de sus aliados los partidos de izquierda.
En sí, son 28 las reformas constitucionales las que por omisión, irresponsabilidad, desdén o desconocimiento no han sido avaladas o rechazadas por los Ayuntamientos, como la que fue aprobada en el 2010 en materia de fiscalización, la cual hasta la fecha únicamente cuenta con el aval de 29 ayuntamientos, entre ellos Acapulco, Apaxtla de Castrejón, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Cocula, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa Chilapa, Chilpancingo, Huamuxtitlán, Huitzuco, Iguala, Ixcateopan, Leonardo Bravo, Malinaltepec, Marquelia, Metlatónoc, Petatlán, Pungarabato, Quechultenango, Tixtla, Tlapehuala, Zihuatanejo, Zirándaro, Zitlala, Pedro Ascencio de Alquisiras, San Miguel Totolapan y La Unión, y faltan 13 para que entren en vigor.
Una de las más recientes reformas constitucionales aprobadas por el Congreso local y que no han sido avaladas ni rechazadas por los Ayuntamientos es la que se hizo en materia de derechos humanos, mediante la cual se le quita el carácter de vitalicio al cargo de presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum).
Y a pesar de que esta reforma fue aprobada el 28 de junio del año pasado, a seis meses de distancia sólo ocho cabildos le han otorgado su aval, entre ellos Pedro Ascencio de Alquisiras, San Miguel Totolapan, La Unión, Chilapa, Leonardo Bravo y Chilpancingo. Por lo anterior, el pleno del Congreso del Estado ya exhortó a los Cabildos a que analicen las citadas reformas y que las avalen o en su caso rechacen para que puedan entrar en vigor o ser desechadas definitivamente.
Cabe hacer notar que de igual forma, otra reforma a la Constitución que se encuentra “en suspenso”, es la que se refiere a la modificación del plazo que tienen los ayuntamientos para aprobar o rechazar las reformas constitucionales, que es de 128 días, o de lo contrario se darán por validadas en automático. Como estas, hay otras 25 reformas que duermen el “sueño de los justos” al interior de los Cabildos y que no pueden entrar en vigor porque no han sido avaladas, ya que se requiere el 50 por ciento más uno para que puedan tener vigencia.
En este sentido, Antonio Gaspar Beltrán, diputado local por el Partido de la Revolución Democrática, descalificó la actitud omisa e irresponsable de los Ayuntamientos y consideró además que es un desprecio al trabajo legislativo que repercute en la no aplicación de leyes que en su momento fueron aprobadas por el Congreso del estado”.
Sin embargo, en una actitud autocrítica, señaló que “el Congreso del estado también es irresponsable por no haberle dado el seguimiento correspondiente a las citadas reformas constitucionales: “hay una irresponsabilidad compartida, y sin duda el más afectado en este rubro es la sociedad guerrerense, toda vez que hay un buen número de leyes que están en camino de aprobación, y en muchos casos debió haber reiniciado el proceso legislativo. (Baltazar Jiménez Rosales)
Ayuntamientos.
El recuento realizado en esta 60 Legislatura destaca que el seguimiento a las reformas constitucionales fue un aspecto que se descuidó en las anteriores legislaturas, lo cual ha generado conflictos porque las leyes promulgadas no han podido aplicarse porque no se concluyó el trámite legislativo correspondiente que indica que los Cabildos tienen que avalarlas o rechazarlas para que posteriormente puedan ser publicadas en el Periódico Oficial del gobierno del estado.
En este sentido, la reforma Constitucional no avalada o rechazada por los Cabildos del estado data desde hace más de diez años, periodo en el que precisamente el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha tenido la mayoría en el Congreso local, la cual ha sido prácticamente absoluta si se toma en cuenta que ha contado con el respaldo de sus aliados los partidos de izquierda.
En sí, son 28 las reformas constitucionales las que por omisión, irresponsabilidad, desdén o desconocimiento no han sido avaladas o rechazadas por los Ayuntamientos, como la que fue aprobada en el 2010 en materia de fiscalización, la cual hasta la fecha únicamente cuenta con el aval de 29 ayuntamientos, entre ellos Acapulco, Apaxtla de Castrejón, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Cocula, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa Chilapa, Chilpancingo, Huamuxtitlán, Huitzuco, Iguala, Ixcateopan, Leonardo Bravo, Malinaltepec, Marquelia, Metlatónoc, Petatlán, Pungarabato, Quechultenango, Tixtla, Tlapehuala, Zihuatanejo, Zirándaro, Zitlala, Pedro Ascencio de Alquisiras, San Miguel Totolapan y La Unión, y faltan 13 para que entren en vigor.
Una de las más recientes reformas constitucionales aprobadas por el Congreso local y que no han sido avaladas ni rechazadas por los Ayuntamientos es la que se hizo en materia de derechos humanos, mediante la cual se le quita el carácter de vitalicio al cargo de presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum).
Y a pesar de que esta reforma fue aprobada el 28 de junio del año pasado, a seis meses de distancia sólo ocho cabildos le han otorgado su aval, entre ellos Pedro Ascencio de Alquisiras, San Miguel Totolapan, La Unión, Chilapa, Leonardo Bravo y Chilpancingo. Por lo anterior, el pleno del Congreso del Estado ya exhortó a los Cabildos a que analicen las citadas reformas y que las avalen o en su caso rechacen para que puedan entrar en vigor o ser desechadas definitivamente.
Cabe hacer notar que de igual forma, otra reforma a la Constitución que se encuentra “en suspenso”, es la que se refiere a la modificación del plazo que tienen los ayuntamientos para aprobar o rechazar las reformas constitucionales, que es de 128 días, o de lo contrario se darán por validadas en automático. Como estas, hay otras 25 reformas que duermen el “sueño de los justos” al interior de los Cabildos y que no pueden entrar en vigor porque no han sido avaladas, ya que se requiere el 50 por ciento más uno para que puedan tener vigencia.
En este sentido, Antonio Gaspar Beltrán, diputado local por el Partido de la Revolución Democrática, descalificó la actitud omisa e irresponsable de los Ayuntamientos y consideró además que es un desprecio al trabajo legislativo que repercute en la no aplicación de leyes que en su momento fueron aprobadas por el Congreso del estado”.
Sin embargo, en una actitud autocrítica, señaló que “el Congreso del estado también es irresponsable por no haberle dado el seguimiento correspondiente a las citadas reformas constitucionales: “hay una irresponsabilidad compartida, y sin duda el más afectado en este rubro es la sociedad guerrerense, toda vez que hay un buen número de leyes que están en camino de aprobación, y en muchos casos debió haber reiniciado el proceso legislativo. (Baltazar Jiménez Rosales)
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