Emplaza la CNDH a los gobiernos estatal y municipales de Guerrero
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que ni el gobierno del estado ni los municipales han atendido eficazmente las condiciones de inseguridad que aquejan sus zonas, lo que ha derivado en el surgimiento de grupos de autodefensa.
Pero, a través de un comunicado, confió en que el gobierno de Guerrero "atienda de manera eficaz" y "tome acciones sustantivas" para resolver las causas que dieran origen a los grupos de autodefensa. La CNDH volvió a abordar el tema luego de que el gobierno estatal, a través de su secretario general, Jesús Martínez Garnelo, rechazara y debatiera los cuestionamientos del organismo en esta materia.
Le aclaró a éste funcionario estatal que "el informe se realizó a través de una importante labor de investigación documental, hemerográfica y de campo, consistente en 52 solicitudes de información a autoridades federales, estatales y municipales, así como 58 visitas de trabajo a 64 municipios y 37 comunidades".
Lamentó las expresiones de Martínez Garnelo y señaló que a la fecha no ha recibido respuesta ni del gobierno estatal, su Poder Legislativo, ni de los municipios a los que se les formularon propuestas para mejorar las condiciones de seguridad pública.
La CNDH sostiene que a través de su investigación, en Guerrero detectó violaciones a los derechos humanos contra los guerrerenses, porque las autoridades municipales y estatales no han atendido eficazmente las condiciones de inseguridad que aquejan sus zonas, lo que ha derivado en el surgimiento de grupos de autodefensa.
Además, indicó que “esta Comisión Nacional se dio a la tarea de escuchar la voz de más de 400 guerrerenses, a través de diversas entrevistas y testimonios recabadas por un equipo interdisciplinario integrado por visitadores adjuntos, médico y psicólogos".
Estableció que "en el informe se logró constatar que el origen de estos grupos radica en una incidencia delictiva elevada y en la desconfianza en las instituciones derivada de su abandono, lo que los ha llevado a construir un sistema paralelo de seguridad pública, procuración e impartición de justicia".
Por ello convocó al gobierno estatal y a los municipales, “a adoptar las propuestas realizadas ya que "orillar a estos grupos comunitarios a asumir su propia defensa y preservación no es más que una justificación del Estado para renunciar a su función indelegable de garantizar la seguridad pública". (www.agenciairza.com)
Pero, a través de un comunicado, confió en que el gobierno de Guerrero "atienda de manera eficaz" y "tome acciones sustantivas" para resolver las causas que dieran origen a los grupos de autodefensa. La CNDH volvió a abordar el tema luego de que el gobierno estatal, a través de su secretario general, Jesús Martínez Garnelo, rechazara y debatiera los cuestionamientos del organismo en esta materia.
Le aclaró a éste funcionario estatal que "el informe se realizó a través de una importante labor de investigación documental, hemerográfica y de campo, consistente en 52 solicitudes de información a autoridades federales, estatales y municipales, así como 58 visitas de trabajo a 64 municipios y 37 comunidades".
Lamentó las expresiones de Martínez Garnelo y señaló que a la fecha no ha recibido respuesta ni del gobierno estatal, su Poder Legislativo, ni de los municipios a los que se les formularon propuestas para mejorar las condiciones de seguridad pública.
La CNDH sostiene que a través de su investigación, en Guerrero detectó violaciones a los derechos humanos contra los guerrerenses, porque las autoridades municipales y estatales no han atendido eficazmente las condiciones de inseguridad que aquejan sus zonas, lo que ha derivado en el surgimiento de grupos de autodefensa.
Además, indicó que “esta Comisión Nacional se dio a la tarea de escuchar la voz de más de 400 guerrerenses, a través de diversas entrevistas y testimonios recabadas por un equipo interdisciplinario integrado por visitadores adjuntos, médico y psicólogos".
Estableció que "en el informe se logró constatar que el origen de estos grupos radica en una incidencia delictiva elevada y en la desconfianza en las instituciones derivada de su abandono, lo que los ha llevado a construir un sistema paralelo de seguridad pública, procuración e impartición de justicia".
Por ello convocó al gobierno estatal y a los municipales, “a adoptar las propuestas realizadas ya que "orillar a estos grupos comunitarios a asumir su propia defensa y preservación no es más que una justificación del Estado para renunciar a su función indelegable de garantizar la seguridad pública". (www.agenciairza.com)
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