Cuestionan activistas la aprobación de ley contra la tortura, porque no hubo consulta
El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) criticó la recién aprobada ley contra la tortura, porque aunque consideró un “aparente avance” para castigar ese delito, las organizaciones defensoras de derechos humanos y las víctimas no fueron consultadas.
Raymundo Díaz Taboada, coordinador del equipo en Guerrero de esa organización, dijo que es positivo que en el estado se haya aprobado una legislación que pretenda castigar a los victimarios de tortura.
Pero, advirtió, “puede ser que yo tenga mala memoria, que nos hayan invitado a una consulta pública, pero lo dudo, no nos mostraron ni el dictamen antes de aprobarlo”.
Dijo que conoció la ley porque la leyó a través de los periódicos y porque la buscó, pero no hubo una discusión amplia sobre el tema, mucho menos con las víctimas. “Tenemos varias observaciones en cuanto al contenido de la ley.
Hay un Consejo Técnico que se maneja para dar seguimiento a casos de tortura y éste está integrado por las diversas secretarías del gabinete del Ejecutivo del Estado, siguen siendo autoridades investigando a autoridades”, expuso.
En su opinión, y porque varias organizaciones a nivel internacional que han documentado casos de tortura lo recomiendan, los diputados debieron considerar “a los órganos autónomos. No se está dando autonomía a ninguna autoridad investigadora y sigue recayendo en el Ministerio Público la tarea de la investigación, cuando hay casos de tortura donde participa gente del Ministerio Público”.
Otra de las observaciones del CCTI es que no hay reglamentos y protocolos en la ley para castigar la tortura. “La cuestión es que quienes van a darle seguimiento son altas autoridades del gobierno del estado, cuando deben ser jueces imparciales quienes den el seguimiento jurídico, no un juicio después de haber hecho una investigación el mismo gobierno”.
La palabra tortura, por ejemplo no está definida en concreto, lo que una víctima de tortura debe tener muy claro para denunciar el delito.
“Las leyes deben ser conocidas por las organizaciones defensoras de derechos humanos y más si éstas dan seguimiento al tema; además, las víctimas que han recibido tortura para buscar los parámetros y proponer protocolos para que no vuelva ocurrir”. (www.agenciairza.com)
Raymundo Díaz Taboada, coordinador del equipo en Guerrero de esa organización, dijo que es positivo que en el estado se haya aprobado una legislación que pretenda castigar a los victimarios de tortura.
Pero, advirtió, “puede ser que yo tenga mala memoria, que nos hayan invitado a una consulta pública, pero lo dudo, no nos mostraron ni el dictamen antes de aprobarlo”.
Dijo que conoció la ley porque la leyó a través de los periódicos y porque la buscó, pero no hubo una discusión amplia sobre el tema, mucho menos con las víctimas. “Tenemos varias observaciones en cuanto al contenido de la ley.
Hay un Consejo Técnico que se maneja para dar seguimiento a casos de tortura y éste está integrado por las diversas secretarías del gabinete del Ejecutivo del Estado, siguen siendo autoridades investigando a autoridades”, expuso.
En su opinión, y porque varias organizaciones a nivel internacional que han documentado casos de tortura lo recomiendan, los diputados debieron considerar “a los órganos autónomos. No se está dando autonomía a ninguna autoridad investigadora y sigue recayendo en el Ministerio Público la tarea de la investigación, cuando hay casos de tortura donde participa gente del Ministerio Público”.
Otra de las observaciones del CCTI es que no hay reglamentos y protocolos en la ley para castigar la tortura. “La cuestión es que quienes van a darle seguimiento son altas autoridades del gobierno del estado, cuando deben ser jueces imparciales quienes den el seguimiento jurídico, no un juicio después de haber hecho una investigación el mismo gobierno”.
La palabra tortura, por ejemplo no está definida en concreto, lo que una víctima de tortura debe tener muy claro para denunciar el delito.
“Las leyes deben ser conocidas por las organizaciones defensoras de derechos humanos y más si éstas dan seguimiento al tema; además, las víctimas que han recibido tortura para buscar los parámetros y proponer protocolos para que no vuelva ocurrir”. (www.agenciairza.com)
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