“Negro panorama” mostraron los empresarios al diputado Figueroa

Al menos tres empresarios de esta capital revelaron haber sido víctimas de secuestros y extorsiones en los últimos meses por parte de miembros de la delincuencia organizada, quienes en algunos casos les exigen cuotas semanales, mensuales o un pago único para permitirles seguir trabajando, sin embargo no
interpusieron denuncias ante la autoridad ministerial por desconfianza en las autoridades. Abdón Hernández, quien es propietario de tortillerías en esta capital, relató que hace unos meses fue secuestrado por un grupo de hombres armados quienes le obligaron a pagar una fuerte cantidad de dinero, misma que tuvo que conseguir y hasta el momento no termina de pagar. El comentario la hizo ante el diputado Rubén Figueroa Smutny, quien es Presidente de la Comisión de Seguridad Publica en el Congreso del Estado, a él le cuestionó qué se está haciendo desde el Poder Legislativo para evitar que los empresarios sigan siendo víctimas de la delincuencia. Sin embargo, el empresario confirmó que no interpuso ninguna denuncia ante las instancias de procuración de justicia, porque existe desconfianza en que su querella sea atendida, pues el propio gobernador ha confirmado que las policías se encuentran infiltradas por el crimen organizado, ello conlleva a que el interponer denuncias por este tipo de delitos resulte muy pero muy riesgoso. Dijo que su familia consiguió prestado el dinero para pagar su rescate, préstamo que hasta este momento no ha terminado de pagar y por ello se encuentra al borde de la quiebra, "Las policías no sirven para nada, sólo para gastarse los impuestos, una camioneta no les dura ni un año, y no hacen nada por realmente dar seguridad", lamentó. Por su parte Adrián Alarcón Ríos, quien es propietario de una empresa dedicada a la comercialización de material pétreo, relató que hace tres meses se presentaron en su negocio un comando armado de 12 hombres, ellos golpearon a su velador y le colocaron camiones a la entrada de su negocio para que no funcionara hasta que se reuniera con ellos. "Me citaron en un lugar y tuve que ir de lo contrario no me permitirían seguir trabajando y amenazaron con levantar o secuestrar algún miembro de mi familia". Dijo que ya en la cita, le exigieron el pago de 900 mil pesos como pago único para poder seguir trabajando, sin embargo desde esa fecha de manera recurrente recibe llamadas o mensajes a su teléfono celular con amenazas. "Como medida de prevención decidí cambiar las instalaciones administrativas y las instalé en el centro, pero me es imposible poder dirigir el negocio desde ahí, así que tuve que regresar, a pesar del riesgo que estoy corriendo". Alarcón Ríos refirió que no interpondrá ninguna denuncia ante o autoridades de esta entidad, sin embargo dijo que se analiza la posibilidad de ir directamente a la Procuraduría General de la República, como ya se ha hecho con muchos otros casos de extorsión secuestros y otros delitos que afectan a este gremio. Por su parte la dirigente de los maquinadores de Guerrero María Luisa Vargas Mejía, relató que hace cinco meses afuera de su casa intentaron secuestrar a su hija, pero ella logró escapar corriendo, de manera valiente acudió a la procuraduría a interponer la debida denuncia, se hicieron retratos hablados, se brindó toda la información del caso, pero hasta el momento la investigación no ha arrojado ningún resultado. Cuestionó que tras denuncias que los grupos empresariales han hecho por el incremento de las acciones delincuenciales, solo recibieron justificaciones como el que no hay denuncias, que no se enteran y por ello no investigan, "ahí está mi denuncia tiene cinco meses parada y no hay respuesta". De acuerdo con cifras de la COPARMEX, en Chilpancingo se presentan 20 secuestros mensualmente, y más de la mitad de los comercios realizan pago de cuotas a grupos de la delincuencia, mismos que presumiblemente están coludidos con las policías de todos los niveles. En meses pasados la COPARMEX y otras organizaciones empresariales, de transportistas y gremiales, iniciaron una campaña de denuncia pública y pidieron la intervención del Presidente de la República para que se mejorara la seguridad, pidieron también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que solicitara para los dirigentes medidas cautelares, y a pesar de que la CNDH emitió el documento solicitando las medidas al Gobierno del Estado, la situación sigue siendo la misma e incluso se ha agravado, señalan. (Por Abel Miranda Ayala)