Nada qué festejar por el Día de los Derechos Humanos: Marchán

Sí bien ayer fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, en México en general y en Guerrero en particular no hay absolutamente nada qué festejar, ya que, al contrario, en esta materia sólo hay retrocesos con la lucha social perseguida y criminalizada y muchos líderes sociales asesinados.

Así lo expresó el diputado local por el Partido del Trabajo (PT) y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Jorge Salazar Marchán, quien destacó que el más puro ejemplo del retroceso que ha habido en materia de derechos humanos en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto, es que su gobierno fue reprobado por Amnistía Internacional.
Tras señalar lo anterior, el diputado local petista hizo un recuento de las violaciones a los derechos humanos registradas en el primer año de gobierno de Peña Nieto: “hay 60 millones de mexicanos sumidos en la pobreza; 25 millones de familias en pobreza alimentaria; hay 300 mil jóvenes rechazados en las universidades, 14 millones de jóvenes sin trabajo y sin escuela, y 15 millones de mexicanos que practican el empleo informal, entre otros indicadores negativos.
Y remarcó: “el gobierno está reprobado en los temas de derechos individuales y sociales, y a un año de la reforma laboral los mexicanos estamos avasallados porque no hay inversión ni empleos y las generaciones se siguen perdiendo al incorporar a grupos delictivos”.
Asimismo, refirió, a nivel estatal, tampoco se puede festejar el Día Internacional de Derechos Humanos cuando la lucha social se ha criminalizado, pues además de que muchos líderes sociales han sido encarcelados, otros más fueron asesinados.
Indicó que un retroceso en materia de derechos humanos también significa el hecho de no haber consultado a los pueblos indígenas para aprobar la creación de la Policía Rural que los limita en su ejercicio y función de ofrecer seguridad pública en sus comunidades Finalmente, Salazar Marchán consideró que debe de haber reformas a la Constitución Política del Estado para otorgarle más facultades a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) para hacer que el cumplimiento de sus recomendaciones sea de carácter obligatorio e incluso contemplar sanciones para aquellos que se nieguen a acatarlas, porque así como están en estos momentos, “son como las llamadas a misa: el que quiere va y el que no, pues no”. (Baltazar Jiménez Rosales)