Familiares de víctimas de la “Guerra Sucia” desconfían de la Comverdad

Pese a la Comisión de la Verdad se comprometió a descubrir la verdad histórica y recabar los elementos para procesar judicialmente a los responsables de la “Guerra Sucia”, familias de las víctimas no tienen certeza ni siquiera del resultado final del próximo año.

Los familias de las víctimas han permanecen escépticos sobre la sustancialidad de los avances que ha dado a conocer la Comverdad en sus últimos tres informes parciales ante diputados locales. Tita Radilla Martínez, de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), confirmó en entrevista las sospechas.
“Esperamos el informe final, queremos saber cuál es la investigación que han realizado. No sabemos, pero confiamos en que realmente haya algo que sirva para que las investigaciones continúen”, dijo.
Precisó: “Lo que pasa es que no han presentado avances sustanciales que nos hagan saber por dónde va la investigación y qué realmente han encontrado porque en sus informes no lo dicen”.
La Comisión de la Verdad fue creada poco antes de concluir la 59 Legislatura local para que investigara los acontecimientos de la Guerra Sucia, aunque acotada únicamente a la década de 1969 a 1979.
De acuerdo con el decreto que la creó, la Comverdad tendría un plazo de dos años para realizar la investigación y un transitorio le permite solucionar una ampliación de 6 meses para concluir su trabajo, en caso de ser necesario.
En octubre pasado la Comverdad solicitó al Poder Legislativo esa ampliación, pero no solo eso; también solicitó una reasignación presupuestal a pesar de que el retraso se debe a lo laboral y no presupuestal. Los integrantes de la Comverdad han sido altamente cuestionados por diputados locales, principalmente de la Comisión de Derechos Humanos, porque además de no que presentaron su reglamento interno, desconocen su método de trabajo.
De acuerdo con Jorge Salazar Marchán, presidente de esa comisión Legislativa, todos sus integrantes son catedráticos de tiempo completo, algunos en universidades de la Ciudad de México, y tampoco han desglosado la aplicación presupuestal.
“No creo que llegue a tanto este resultado”, sintetizó Radilla Martínez. Agregó que a ellos les interesa conocer la investigación y recoger los datos que la Comverdad aporte para localizar el paradero de sus familiares. “Si realmente hay investigación que sirva para procesos judiciales, que los aporten a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) o que nos los hagan llegar”, dijo en entrevista.
“Es necesario que esos datos, si es que existen, vayan a dar a las instituciones encargadas de justicia sobre todo para saber el paradero de nuestros familiares, eso es lo que más nos interesa”, recalcó.
Radilla Martínez dio a conocer que tan solo en Atoyac de Álvarez, región Costa Grande, hay 400 familiares de víctimas de la Guerra Sucia y a nivel estatal son 600, pero advirtió que el número podría ser mayor porque hubo quienes no denunciaron los hechos. Cuestionada sobre la posible indemnización que podría derivar del informe final de la Comverdad, la dirigente social dijo que todos los familiares tienen derecho a ser indemnizadas por el daño que les ocasionaron.
“Resarcir el daño es principalmente buscar a nuestros familiares, encontrarlos y entregarlos”, pero además muchas de las víctimas eran jefes de familias y al desaparecer dejaron desamparados a sus hijos y que hay arrastran esa pobreza.
“Los hijos no pudieron estudiar y a sus nietos les han heredado esa situación.
La familia tiene derecho a una indemnización, yo sé que han habido muchas críticas, quizá hay gente que no lo entiende pero es un derecho de las familias recibir esa indemnización y es una obligación del estado mexicano por todo lo que hizo con todas estas familias”, señaló. (www.agenciairza.com)