La tortura es “cosa del pasado” en la PGJE, asegura Blanco Cabrera

Acapulco, Gro.- En conferencia de prensa, el procurador de Justicia Iñaky Blanco Cabrera y el vocero estatal, José Villanueva Manzanarez, refrendaron el compromiso del Gobierno del Estado para consolidar el Estado de Derecho, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la justicia y la seguridad. Villanueva
Manzanarez enfatizó que en la administración estatal, todas las instancias encargadas de prevenir y perseguir el delito han actuado con eficacia en el ejercicio de sus funciones, con total apego a la ley y con pleno respeto a la integridad y derechos humanos de los presuntos indiciados en los diversos procesos judiciales, desmintiendo con ello aquellas voces que señalaban la aplicación de prácticas de tortura y métodos ilegales para la obtención de información.
“El apego a la legalidad en todos los ámbitos ha permeado, por lo que las declaraciones de presuntos indiciados aduciendo torturas y procedimientos que son cosas del pasado los negamos y reiteramos que toda declaración se ha hecho con base a la ley, respetando la integridad y derechos humanos de todos los indiciados”, expresó.
En su intervención, el procurador señaló que dentro del aparato de administración e impartición de justicia en el Estado, la investigación y persecución de los delitos se ha ejercido en un marco de sujeción estricta a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Asimismo, el trabajo de investigación desarrollado se realiza con base a las vertientes social y científica, con recolección de datos, procesamiento y análisis de información.
“Las mujeres y los hombres que conformamos la Procuraduría General de Justicia, a saber profesionales en las ciencias forenses, el ámbito policial y el campo del Derecho, tenemos claro que no somos ajenos a la crítica ni al escrutinio público y mucho menos a las propuestas que nos permitan avanzar en la mejora constante de la delicada función que tenemos a nuestro cargo, empero quien pretenda descalificar o tachar de ilegales nuestros esfuerzos, debe hacerlo con sustento y no a partir de especulaciones o sospechas que buscan confundir o generar suspicacia en la sociedad”, señaló.
En este sentido, dijo que gracias a los esfuerzos coordinados, se ha podido dar seguimiento y eficaz proceso a los diferentes hechos delictivos.
En el caso de la detención de Gonzalo Molina González, el procurador de Justicia señaló que le fue decretada formal prisión en su contra como responsable de los delitos de lesiones agravadas, privación de la libertad personal, robo específico y terrorismo.
Además se le sumó secuestro agravado, esto independientemente de los delitos que se le imputan en el orden federal.
Dijo que este hecho y el de Nestora Salgado García tienen relevancia debido a que sus víctimas señalaron que “al encontrarse en cautiverio eran sujetas de maltrato, siendo obligadas a realizar trabajos forzados, algunos de ellos no acordes a su sexo e incluso siendo menores de edad.
Asimismo eran obligadas a realizar trabajos de cultivo y limpieza en terrenos propiedad de los elementos de la Policía Comunitaria, siendo amenazados con no darles de comer, golpeándolos e incluso manteniéndolos aislados en celdas de castigo insalubres y en condiciones de hacinamiento”.
Por otro lado, detalló que en el caso del homicidio de una menor de nueve años, en el poblado de Xaltianguis, se detuvo a Julio César Arroyo Martínez y Andrés Oswaldo Ríos como presuntos culpables por el delito de feminicidio. Ambos ya fueron ingresados al Centro de Reinserción Social de Acapulco.
En tanto que en el homicidio de la señora Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa, Iñaky Blanco dijo que de acuerdo a las investigaciones y una vez que se contó con los elementos de prueba para identificar a los probables responsables, se libraron las órdenes de aprehensión correspondientes.
Destacó que uno de los imputados, Homero Gallegos García, perdió la vida el pasado mes de junio en las inmediaciones de Ayutla de los Libres, en un hecho relacionado con la disputa entre grupos del crimen organizado.
Por otra parte, dijo que en el caso de la muerte de luchadores sociales, el Gobierno del Estado ha realizado las acciones correspondientes; por lo que en el caso del asesinato de Raymundo Velázquez Flores, Samuel Vargas Ramírez y Miguel Ángel Solano Barrera, se detuvo a los presuntos implicados en la comisión de este delito, esto gracias a un trabajo de investigación y estrecha coordinación.
Asimismo, en lo relativo al asesinato de Marcial Bautista Valle y Eva Fe Alarcón, señaló que el caso está en manos de la Procuraduría General de la República y hasta el momento se ha dado cumplimiento a las órdenes de aprehensión en contra de los señalados como probables responsables: Arcadio Espinoza Palma alías El Ganso y José Johnny López Galván alías El Güero, quienes ya se encuentran sujetos a proceso. Agregó que aún están pendientes dos órdenes de aprehensión más.
En este sentido dijo que la Procuraduría General de Justicia del Estado continuará con las investigaciones en el ámbito de su competencia, y colaborará institucionalmente con las autoridades federales para el debido esclarecimiento de los hechos.