Debe el Congreso nombrar al titular de Protección Civil estatal, proponen

Diputados locales plantearon que el titular de Protección Civil en la entidad sea designado por el Congreso local y que, en caso de incumplir con su responsabilidad, se le imponga una pena de cuatro a ocho años de prisión.

En sesión ordinaria, los diputados Héctor Apreza Patrón y Arturo Morales Bonilla, presentaron propuestas de reformas a la Ley de Protección Civil del Estado para regular el nombramiento, requisitos y duración en el cargo del titular de protección civil, para que esté al frente de la dependencia gente debidamente capacitada en esta materia.
En el caso de los ayuntamientos, se propone que los titulares de las unidades de Protección Civil serán nombrados por las dos terceras partes del cabildo a propuesta del presidente municipal y durará en el cargo seis años, pudiendo ser ratificado por otro periodo igual.
Para el titular de la Subsecretaría de Protección Civil, se plantea que sea nombrado por el voto de las dos terceras partes del Congreso local, derivado de una terna de personas expertas y con conocimientos en la materia que proponga el gobernador.
En ambos casos se pide que los titulares cuenten con documentos que demuestren sus conocimientos en la materia y tengan como mínimo cinco años de experiencia en el área de protección civil. En las iniciativas también se prevé que para evitar desastres, no ocasionados por la naturaleza, sino por la falta de previsión humana es necesario que los responsables, se sancionan en penalmente con prisión y destitución de su encargo.
En otro punto, el legislador Héctor Astudillo Flores propuso reformas a la Constitución Política local para elevar a rango constitucional, la designación de los Titulares de Protección Civil Estatal y Municipal, así como los requisitos que debe cumplir, duración en su cargo, otorgándole inmunidad constitucional para que no sea removido por situaciones de carácter político o de cualquier índole que no sea la de irresponsabilidad en su función y con ello, darle seguridad y profesionalización al cargo.
Además, el diputado Alejandro Arcos Catalán planteó reformar los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado, para aumentar la pena de seis a doce años de prisión y de 200 a 500 días de multa para quienes después del robo de un vehículo y sin participar en éste, posea, enajene, trafique, adquiera, reciba o comercialice, los instrumentos, objetos, refacciones o material de la unidad.
También para incluir como delito grave la posesión, enajenación, tráfico, adquisición, recepción o comercialización de los instrumentos, objetos, refacciones o material de vehículos que no cuente con documentos que demuestren su legal posesión y procedencia.
En otros asuntos, se turnaron a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda las iniciativas que integran el Paquete Económico 2014, que envió el Poder Ejecutivo.