Recula la CRAC, ahora niega apoyo a la Casa de Justicia de “El Paraíso”

Tras una reunión de más de una hora con el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, y el operador político del gobierno estatal, Ernesto Aguirre, los coordinadores (que no las bases) de las Casas de Justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco y Zitlaltepec, las tres pertenecientes a la Coordinadora de
Autoridades Comunitarias (CRAC), “desconocieron” a su similar de El Paraíso, a pesar de que apenas el pasado sábado acordaron mantener la unidad de toda la Policía Comunitaria, en una asamblea general. El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo del Villar, argumentó que la asamblea del sábado pasado no fue concluida y, por lo tanto, no se dejó en claro la situación de la Casa de Justicia de El Paraíso, por lo que ante las violaciones al reglamento que han cometido sus integrantes se determinó ratificar la suspensión de actividades. Con este acuerdo, el gobierno estatal y la CRAC, apoyarían los desarmes y detenciones realizados por el Ejército Mexicano en las últimas semanas. De manera contradictoria, a pesar de haber desconocido a la Casa de Justicia de El Paraíso, los coordinadores de la CRAC y el gobierno estatal acordaron realizar una mesa de trabajo jurídico para revisar los casos de 21 policías comunitarios que fueron detenidos y que actualmente se encuentran arraigados. Sus casos serán revisados y de ser factible se entregarán a la Policía Comunitaria para que sean juzgados mediante el sistema de usos y costumbres. Cabe recordar que en la asamblea del pasado fin de semana, se acordó que las cuatro casas de justicia permanecerían unidas y además se buscaría la libertad de todos los detenidos, incluida la de la comandanta Nestora Salgado García, quien se encuentra presa en un penal de máxima seguridad en el estado de Nayarit. A pesar de ello, Eliseo del Villar recalcó que "los coordinadores de la Casa de El Paraíso han actuado fuera del reglamento, por eso se les ha desconocido y la asamblea no avala sus actividades, lo que haga el señor Gonzalo Molina, y los demás coordinadores es bajo su propia responsabilidad y riesgo". Tlachinollan rechaza acuerdos Cabe hacer notar que en la reunión de ayer participó también el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien minutos antes de que se hiciera público el acuerdo abandonó la sala y dijo estar en desacuerdo con la postura de los coordinadores de las Casas de Seguridad de la CRAC, ya que ese no había sido el espíritu de la asamblea del pasado sábado. Indicó que no se puede ir a un diálogo y a un trabajo jurídico en defensa de sus compañeros, arrodillando a la institución —a la CRAC— y permitiendo condicionantes absurdas como el desconocimiento de la Casa de Justicia de El Paraíso. Señaló que como Tlachinollan, discutirán en el colegiado directivo la postura en torno a este tema y determinarán cómo seguir con la defensa jurídica de los 32 detenidos, incluida la de Nestora Salgado. Refirió que de los 32 detenidos, 10 se encuentran puestos a disposición de un juez federal, a siete de los cuales les fijaron una fianza de 15 mil pesos, aunque no se ha conseguido el recurso para depositarlo y así puedan quedar en libertad. Además, otros tres de estos policías no alcanzan fianza debido al calibre de las armas que les fueron aseguradas. De los 22 restantes 21 se encuentran arraigados acusados por el delito de secuestro y finalmente se encuentra el caso de Nestora Salgado, por el cual el gobierno estatal ha condicionado que no se incluya en la negociación, porque su caso se resolverá en los juzgados. 
GOBIERNO NO NEGOCIARÁ CON COMUNITARIOS DE TIXTLA.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, aseguró que el gobierno estatal respeta el trabajo de 16 años de la Policía Comunitaria y las tres Casas de Justicia de la CRAC que están reconocidas, no así el de otros grupos que han trasgredido la ley y con quien reiteró que no se sentarán a dialogar. Reiteró que el gobierno del estado de actuar con estricto apego a la ley y pleno respeto a la norma jurídica y las instituciones, sin embargo indicó que una ley estatal como la 701 no puede estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ello los grupos de autodefensa que tienen sustento jurídico en el reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos, deben actuar en estricto apego a las leyes. (Abel Miranda Ayala)