En Tixtla se rompió el estado de derecho: Garnelo y H. Astudillo

La violenta irrupción de los policías comunitarios en Tixtla, en donde sometieron a la fuerza a los preventivos municipales que resguardaban el Palacio Municipal, rompió con el estado de derecho, pues su accionar se tipifica como un delito, coincidieron en señalar el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, y el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales y
Jurídicos del Congreso local, Héctor Astudillo Flores. Entrevistados por separado, tanto el responsable de la política interna en la entidad, como el legislador local priísta lamentaron el accionar de los policías comunitarios en Tixtla a donde acudieron a exigir la
liberación inmediata de su coordinadora en Olinalá, Nestora Salgado García y otros de sus compañeros, aunque lo hicieron de tal manera que lesionaron a dos preventivos municipales. Al respecto, Martínez Garnelo señaló que por estos hechos, el gobierno del estado actuará contra los policías comunitarios siempre y cuando el Cabildo de Tixtla y los propios preventivos municipales que fueron agredidos presentan las demandas penales correspondientes. Sin embargo, dijo que lo procedente en estos momentos es ver si los policías comunitarios que comanda Gonzalo Molina en Tixtla están o no reconocidos por Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, que está sujeta a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas. En cuanto a que si el gobierno estatal, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado procederá contra los comunitarios que agredieron, lesionaron y desarmaron a los policías municipales que resguardaban el palacio municipal de Tixtla, Martínez Garnelo indicó que lo primero que se debe de tomar en cuenta es si el Cabildo presenta las denuncias pertinentes. Con relación a la detención de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, el secretario general de Gobierno expresó que eso es del dominio público desde hace unos días y en estos momentos “se encuentra en un Centro Federal de Readaptación Social femenil por unas órdenes de aprehensión dictadas en su contra por el delito de secuestro, eso todo mundo lo sabe”. En este sentido agregó que el sábado pasado se reunió con los familiares de Nestora Salgado, quienes, afirmó, serán apoyados y orientados en lo que ellos requieran por parte de la dependencia a su cargo, incluso se les podría ayudar para que la visiten en el CEFERESO de Nayarit, apuntó. Martínez Garnelo reconoció que es grave para el estado y para el país en general que el lunes pasado en Tixtla se haya roto el estado de derecho, “sobre todo para la ciudadanía de Tixtla que es una población tranquila con un procedente histórico, y si el general Vicente Guerrero viviera no sé qué expresaría de ese tipo de organizaciones. De los excesos al delito Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Jurídicos del Congreso del Estado, Héctor Astudillo Flores, enfatizó que de los excesos, los policías comunitarios pasaron a la comisión de un delito, “todo está cayendo fuera de la ley”. Y agregó: “es un asunto nada grato para nadie, me parece que no pueden confundir, quienes les han dicho ser policías, caer en ese tipo de actitudes que van en contra de las instituciones, ya que nadie puede llegar y suplantar funciones de la policía, ni asumir ese tipo de actitudes que violentan toda norma legal” Entrevistado poco después del mediodía en el Congreso del estado, Astudillo Flores coincidió con el secretario general de Gobierno en que con el accionar de la Policía Comunitaria en Tixtla se rompió el estado de derecho, toda vez que “lo que se vio ahí es un delito porque entrar al ayuntamiento como entraron, detener a la gente, golpear policías, desarmarlos y tirarse —los comunitarios— al piso como si estuvieran en guerra, me parece que es un asunto grave que merece que funcione el estado de derecho frente a esas circunstancias. (Baltazar Jiménez Rosales)