Empresarios de esta ciudad imploran seguridad al presidente Peña Nieto
*En una carta le piden se erradiquen la extorsión y el cobro de piso.
*Si no hay de otra, podría implementarse un esquema de autodefensa.
Por Abel Miranda Ayala
Empresarios, profesionistas, transportistas y otros rubros de la sociedad civil, entregaron en la residencia oficial de Los Pinos, una carta dirigida al Presidente de la República Enrique Peña Nieto en la que se demanda de manera urgente la implementación de medidas que acaben “con la extorsión permanente en que
viven” o de lo contrario amenazan con implementar un esquema de autodefensa en esta capital. En el documento se señala textualmente: La paciencia de los habitantes de Chilpancingo ha rebasado el límite. Hemos hecho esfuerzos denodados por contener la indignación popular, pero ya no podemos hacer más. Estamos a punto de que los habitantes del municipio sigan el camino de sus vecinos de otros municipios de Guerrero o de Michoacán; si no se nos atiende no tendremos alternativa más que tomar la justicia en nuestras manos ejerciendo nuestro inalienable derecho a la autodefensa, porque el Estado ha incumplido de manera absoluta sus obligaciones primordiales de protegernos. Reseña que en la capital del estado “a partir del 2011 se estableció un sistema tributario paralelo al oficial, con ello la ciudad se ha convertido en un territorio donde el control y poder absoluto lo tienen los grupos criminales quienes han impuesto al conjunto de la población un feroz sistema de extorsión, con la complacencia de algunas autoridades y servidores públicos de los tres niveles de gobierno”, señala el escrito. Acusan que no puede ser posible que las autoridades de la PGR, Ejército, Policía Federal, CISEN, además de las instancias estatales no se den cuenta de la grave situación que se vive en Chilpancingo donde “este día que se entregó el documento 14 empresarios permanecen secuestrados” y en los últimos años más de un centenar han sufrido este delito por el que han pagado rescates que van desde los 50 mil pesos hasta un millón. El oficio está firmado por 30 organizaciones entre las que se encuentran, empresarios, comerciantes, transportistas, colegios de médicos, arquitectos e ingenieros, fundaciones, organizaciones sociales, que conforman el Consejo Ciudadano para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (CCSDEG) en el que convergen 30 organizaciones del Estado de Guerrero y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A. C. Organismo nacional integrado por organizaciones civiles. Como ejemplo citan, "ferreterías, casas de materiales, constructoras, tablajeros, pollerías, abarroteros, hoteleros y muchas más están obligados a entregar cierta cuota periódicamente dependiendo de la actividad que sea o, un porcentaje en el caso de las constructoras, quienes pagan hasta el 15% del valor del contrato, además de obligarlos a firmar contratos colectivos extorsivos con sindicatos coludidos. Refieren que en Chilpancingo no existe el estado derecho, “quienes mandan son los criminales protegidos por algunos funcionarios de los tres niveles de gobierno, que han impuesto sobre los habitantes de este municipio un sistema recaudatorio paralelo al del Estado Mexicano”, menciona el escrito. Por ello demandan que de inmediato se despliegue una fuerza federal que erradique del municipio a los grupos criminales y su esquema de extorsiones, secuestros y robos, así como urgentemente limpiar el parque vehicular del transporte público pirata que impunemente circula. "Que La PGR ejerza atracción en los casos de secuestro y extorsión ya denunciados como parte de sus facultades contra la delincuencia organizada y ejerza la acción penal contra los responsables, sin cabida alguna para la impunidad, asimismo que se investigue y ejerza acción penal contra los servidores públicos que resulten responsables de brindar protección a los grupos criminales o han incurrido en negligencia y son responsables, por omisión, de la grave situación aquí denunciada". En las demandas también se incluye que se dé una rotación inmediata de mandos militares asentados en el Estado de Guerrero así como la de representaciones federales encargadas de la seguridad en el Estado. Finalmente convocan a la las organizaciones y sociedad civil en general a participar "esta gran lucha es por el resguardo de nuestro patrimonio de nuestras vidas y por el futuro de las nuevas generaciones, pedimos además su comprensión y apoyo para las acciones que habremos de tomar, porque no vamos a soportar más que nuestras propiedades, nuestras familias y nuestra dignidad sean destruidas", concluye la carta.
*Si no hay de otra, podría implementarse un esquema de autodefensa.
Por Abel Miranda Ayala
Empresarios, profesionistas, transportistas y otros rubros de la sociedad civil, entregaron en la residencia oficial de Los Pinos, una carta dirigida al Presidente de la República Enrique Peña Nieto en la que se demanda de manera urgente la implementación de medidas que acaben “con la extorsión permanente en que
viven” o de lo contrario amenazan con implementar un esquema de autodefensa en esta capital. En el documento se señala textualmente: La paciencia de los habitantes de Chilpancingo ha rebasado el límite. Hemos hecho esfuerzos denodados por contener la indignación popular, pero ya no podemos hacer más. Estamos a punto de que los habitantes del municipio sigan el camino de sus vecinos de otros municipios de Guerrero o de Michoacán; si no se nos atiende no tendremos alternativa más que tomar la justicia en nuestras manos ejerciendo nuestro inalienable derecho a la autodefensa, porque el Estado ha incumplido de manera absoluta sus obligaciones primordiales de protegernos. Reseña que en la capital del estado “a partir del 2011 se estableció un sistema tributario paralelo al oficial, con ello la ciudad se ha convertido en un territorio donde el control y poder absoluto lo tienen los grupos criminales quienes han impuesto al conjunto de la población un feroz sistema de extorsión, con la complacencia de algunas autoridades y servidores públicos de los tres niveles de gobierno”, señala el escrito. Acusan que no puede ser posible que las autoridades de la PGR, Ejército, Policía Federal, CISEN, además de las instancias estatales no se den cuenta de la grave situación que se vive en Chilpancingo donde “este día que se entregó el documento 14 empresarios permanecen secuestrados” y en los últimos años más de un centenar han sufrido este delito por el que han pagado rescates que van desde los 50 mil pesos hasta un millón. El oficio está firmado por 30 organizaciones entre las que se encuentran, empresarios, comerciantes, transportistas, colegios de médicos, arquitectos e ingenieros, fundaciones, organizaciones sociales, que conforman el Consejo Ciudadano para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (CCSDEG) en el que convergen 30 organizaciones del Estado de Guerrero y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A. C. Organismo nacional integrado por organizaciones civiles. Como ejemplo citan, "ferreterías, casas de materiales, constructoras, tablajeros, pollerías, abarroteros, hoteleros y muchas más están obligados a entregar cierta cuota periódicamente dependiendo de la actividad que sea o, un porcentaje en el caso de las constructoras, quienes pagan hasta el 15% del valor del contrato, además de obligarlos a firmar contratos colectivos extorsivos con sindicatos coludidos. Refieren que en Chilpancingo no existe el estado derecho, “quienes mandan son los criminales protegidos por algunos funcionarios de los tres niveles de gobierno, que han impuesto sobre los habitantes de este municipio un sistema recaudatorio paralelo al del Estado Mexicano”, menciona el escrito. Por ello demandan que de inmediato se despliegue una fuerza federal que erradique del municipio a los grupos criminales y su esquema de extorsiones, secuestros y robos, así como urgentemente limpiar el parque vehicular del transporte público pirata que impunemente circula. "Que La PGR ejerza atracción en los casos de secuestro y extorsión ya denunciados como parte de sus facultades contra la delincuencia organizada y ejerza la acción penal contra los responsables, sin cabida alguna para la impunidad, asimismo que se investigue y ejerza acción penal contra los servidores públicos que resulten responsables de brindar protección a los grupos criminales o han incurrido en negligencia y son responsables, por omisión, de la grave situación aquí denunciada". En las demandas también se incluye que se dé una rotación inmediata de mandos militares asentados en el Estado de Guerrero así como la de representaciones federales encargadas de la seguridad en el Estado. Finalmente convocan a la las organizaciones y sociedad civil en general a participar "esta gran lucha es por el resguardo de nuestro patrimonio de nuestras vidas y por el futuro de las nuevas generaciones, pedimos además su comprensión y apoyo para las acciones que habremos de tomar, porque no vamos a soportar más que nuestras propiedades, nuestras familias y nuestra dignidad sean destruidas", concluye la carta.
Comentarios
Publicar un comentario