Diputado ve a Guerrero “a punto de caer” en estado de ingobernabilidad
Los presidentes municipales de Olinalá y Juan R. Escudero, Eusebio Gonzales Rodríguez y Elizabeth Gutiérrez Paz se deslindaron del problema de seguridad que persiste en sus municipios y solicitaron la intervención del congreso local para restablecer el estado de derecho en sus cabeceras municipales; mientras
que el diputado perredista German Farías afirmó que Guerrero está a punto de caer en un estado de ingobernabilidad. Los alcaldes del PRI y PAN mandaron un escrito al poder legislativo para manifestar la problemática que viven con la intervención de la policía comunitaria y la cual ha tomado el control en sus municipios. La diputada Delfina Oliva Hernández dio lectura al comunicado que enviaron los alcaldes de manera separada, en cual se deslindan de cualquier responsabilidad legal de hechos o acontecimientos violentos que se susciten entre los habitantes y la policía comunitaria. En un primer momento se dio lectura al documento que envió el alcalde priista de Olinalá, Eusebio Gonzales Rodríguez quien solicitó la intervención del congreso local para restablecer el estado de derecho en dicho municipio. El presidente municipal de Olinalá afirmó que ha evitado un enfrentamiento entre los pobladores, sin embargo advirtió que si se llega a dar algún tipo de enfrentamiento dijo “me deslindo de toda responsabilidad, ya que mi persona ha privilegiado el dialogo y ha tratado de mantener la armonía y paz social entre las personas que han sido afectadas”. El alcalde de Olinalá enfatizó que ha notificado en tiempo y forma a los diferentes órganos de gobierno para su intervención, sin embargo refutó que hasta la fecha no ha habido ningún tipo de solución. En el escrito el alcalde relata el problema que se vive con el síndico, Armando Patrón Jiménez, quien se encuentra retenido por la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), encabezado por la Néstora Salgado García, acusado de borrar evidencias de dos homicidios y de abigeo, donde hasta el momento se desconoce su paradero. Por su parte la presidenta municipal de Juan R. Escudero, Elizabeth Gutiérrez Paz anunció al congreso local que se deslinda de cualquier responsabilidad legal de hechos o acontecimientos violentos que se susciten entre los habitantes y la policía comunitaria. La alcaldesa de extracción panista indicó que a partir de la aparición del grupo armado que dijo se hace de nominar “policía comunitaria” quienes tomaron por asalto la cabezada municipal, Tierra Colorada donde dijo instalaron su base de operación y derivado de ello existe un quebranto de la estabilidad y paz social en el municipio. Refutó contra el secretario general de gobierno, Jesús Martínez Garnelo a quien se le solicitó el apoyo nunca otorgo las medidas necesarias, ya que se comprometieron en enviar policías estatales, pero estos nunca llegaron, donde es la fecha que no han tenido ningún tipo de apoyo. En el escrito enviado al congreso la alcaldesa de Colorada señala que dichos grupos armados están llevando a cabo el cobro de piso a los comerciantes de puesto fijos y semifijos, así como el ataque a las vías de comunicó municipal. Ambos escritos fueron turnados a la Comisión de gobierno. Al respecto el diputado perredista, Germán Farías Silvestre dijo que el congreso no puede continuar como espectador y cerrar los ojos a la realidad que está ocurriendo en el Estado. Dijo que Guerrero está a punto de caer en un estado de ingobernabilidad, por lo que propuso que la Comisión de Gobierno o una comisión especial le dieran la debida atención. Sin embargo dijo que para ambos ediles es fácil deslindarse de su responsabilidad que también les corresponde. Indicó que las políticas públicas están fallando, por lo que dijo es el momento que el Congreso tome cartas en el asunto, ya que de lo contrario en poco tiempo se puede ver “incendiado” al Estado. Por lo que se tienen que buscar nuevas políticas que garanticen seguridad, donde no es con más policías ni armas como se termina con violencia en Guerrero, por lo que dijo es el momento de que se busquen políticas inteligentes en materia de seguridad pública. Así como exigir a los tres niveles de cambiar las políticas que han estado fallando. Asimismo dijo que es urgente legislar sobre las policías comunitarias, ya que no pueden estar fuera de la ley, quienes se levantaron en armas porque el estado no les garantizo la seguridad. (Agencia Periodística de Investigación)
que el diputado perredista German Farías afirmó que Guerrero está a punto de caer en un estado de ingobernabilidad. Los alcaldes del PRI y PAN mandaron un escrito al poder legislativo para manifestar la problemática que viven con la intervención de la policía comunitaria y la cual ha tomado el control en sus municipios. La diputada Delfina Oliva Hernández dio lectura al comunicado que enviaron los alcaldes de manera separada, en cual se deslindan de cualquier responsabilidad legal de hechos o acontecimientos violentos que se susciten entre los habitantes y la policía comunitaria. En un primer momento se dio lectura al documento que envió el alcalde priista de Olinalá, Eusebio Gonzales Rodríguez quien solicitó la intervención del congreso local para restablecer el estado de derecho en dicho municipio. El presidente municipal de Olinalá afirmó que ha evitado un enfrentamiento entre los pobladores, sin embargo advirtió que si se llega a dar algún tipo de enfrentamiento dijo “me deslindo de toda responsabilidad, ya que mi persona ha privilegiado el dialogo y ha tratado de mantener la armonía y paz social entre las personas que han sido afectadas”. El alcalde de Olinalá enfatizó que ha notificado en tiempo y forma a los diferentes órganos de gobierno para su intervención, sin embargo refutó que hasta la fecha no ha habido ningún tipo de solución. En el escrito el alcalde relata el problema que se vive con el síndico, Armando Patrón Jiménez, quien se encuentra retenido por la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), encabezado por la Néstora Salgado García, acusado de borrar evidencias de dos homicidios y de abigeo, donde hasta el momento se desconoce su paradero. Por su parte la presidenta municipal de Juan R. Escudero, Elizabeth Gutiérrez Paz anunció al congreso local que se deslinda de cualquier responsabilidad legal de hechos o acontecimientos violentos que se susciten entre los habitantes y la policía comunitaria. La alcaldesa de extracción panista indicó que a partir de la aparición del grupo armado que dijo se hace de nominar “policía comunitaria” quienes tomaron por asalto la cabezada municipal, Tierra Colorada donde dijo instalaron su base de operación y derivado de ello existe un quebranto de la estabilidad y paz social en el municipio. Refutó contra el secretario general de gobierno, Jesús Martínez Garnelo a quien se le solicitó el apoyo nunca otorgo las medidas necesarias, ya que se comprometieron en enviar policías estatales, pero estos nunca llegaron, donde es la fecha que no han tenido ningún tipo de apoyo. En el escrito enviado al congreso la alcaldesa de Colorada señala que dichos grupos armados están llevando a cabo el cobro de piso a los comerciantes de puesto fijos y semifijos, así como el ataque a las vías de comunicó municipal. Ambos escritos fueron turnados a la Comisión de gobierno. Al respecto el diputado perredista, Germán Farías Silvestre dijo que el congreso no puede continuar como espectador y cerrar los ojos a la realidad que está ocurriendo en el Estado. Dijo que Guerrero está a punto de caer en un estado de ingobernabilidad, por lo que propuso que la Comisión de Gobierno o una comisión especial le dieran la debida atención. Sin embargo dijo que para ambos ediles es fácil deslindarse de su responsabilidad que también les corresponde. Indicó que las políticas públicas están fallando, por lo que dijo es el momento que el Congreso tome cartas en el asunto, ya que de lo contrario en poco tiempo se puede ver “incendiado” al Estado. Por lo que se tienen que buscar nuevas políticas que garanticen seguridad, donde no es con más policías ni armas como se termina con violencia en Guerrero, por lo que dijo es el momento de que se busquen políticas inteligentes en materia de seguridad pública. Así como exigir a los tres niveles de cambiar las políticas que han estado fallando. Asimismo dijo que es urgente legislar sobre las policías comunitarias, ya que no pueden estar fuera de la ley, quienes se levantaron en armas porque el estado no les garantizo la seguridad. (Agencia Periodística de Investigación)
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