Marcharon UPOEG y empresarios “por la seguridad, la justicia y el desarrollo”

Alrededor de mil personas participaron en la marcha “Por la seguridad, la Justicia y el Desarrollo de Guerrero”, a la que convocó la unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y con la que se solidarizaron 14 grupos empresariales de esta capital. La marcha partió de las diversas
comunidades donde tiene presencia la UPOEG, quienes se congregaron en Tierra Colorada, municipio de Juan R escudero, de ahí partieron en marcha-caravana hasta la población de Petaquillas, donde se bajaron de los autos y emprendieron la marcha a pie, utilizando sólo uno de los carriles para no entorpecer la circulación vehicular. La marcha llegó hasta la explanada del Congreso del Estado donde se les sumaron los empresarios, miembros de diversas organizaciones como la Coparmex, los maquiladores de Guerrero, las sociedades Médicas de Chilpancingo y Tixtla entre otros. El dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, indicó que posterior a la marcha se entregaría a los diputados una agenda integral para que se atiendan las demandas de los pueblos de Guerrero, entre estás la primera parte sería atender todo lo que se refiere al tema de seguridad. En segundo punto de la agenda es el que tiene que ver con la consulta a los pueblos, ahí recordó que en la pasada elección los indígenas reclamaron su derecho a la consulta para la elección de representantes, sin embargo el Instituto Estatal Electoral les negó su derecho y ello derivó en una controversia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, en el que se confirmó que les asiste el derecho. El tercer punto de la agenda es la creación de municipios de los que ya se han entregado proyectos, se han cubierto los requisitos, pero aún no se retoman por el Poder Legislativo que es el facultado para hacer este proceso. En el caso de la seguridad, Bruno Plácido agregó que se busca mediante la creación de leyes establecer los mecanismos de coordinación, de las policías ciudadanas con las demás instituciones de seguridad, pues en este momento no hay colaboración. En el caso de esta capital los empresarios que se han agrupado en lo que denominaron el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Desarrollo de Chilpancingo, demandaron al Congreso del estado, primero que se defina una estrategia inmediata de seguridad y prevención del delito para Chilpancingo, en segundo lugar establecer un plan emergente de reactivación económica y desarrollo para Chilpancingo y en tercer lugar, conformar el Consejo Ciudadano para el Desarrollo del Estado de Guerrero. Francisco Osorio quien es parte de la dirigencia de la Coparmex indicó que el clima de inseguridad en Chilpancingo es creciente, por lo que muchas empresas han tenido que cerrar su actividad, además de que crecen de manera desmesurada los reportes de extorsión y secuestros.
AMENAZAS A LA UPOEG 
Bruno Plácido reveló que en los últimos días han recibido amenazas sin embargo no quiso revelar nombres de quienes de sus compañeros son quienes las han recibido, argumentando que “sabíamos a lo que le entrabamos, que no iba a ser fácil y que muchos podríamos quedar en el intento, pero no podemos seguir permitiendo que los delincuentes nos mantengan presas del terror y sigan abusando de los guerrerenses”. Resaltó que en los últimos 15 días dos personas en esta capital fueron levantados y como resultado de su trabajo con la UPOEG, pero a pesar de ello el proceso de combate a la delincuencia mediante la organización sigue adelante. Placido Valerio rechazó tener nexos con algún grupo guerrillero y dijo ser respetuoso de las ideologías políticas de cualquier grupo, “nos han criticado, nos han calificado como un peligro para la nación, sin embargo lo que somos es un peligro para los delincuentes”. Reiteró que la UPOEG tiene información de políticos que tiene relación con la delincuencia, pero se negó a revelar nombres e indicó que muchos de los delincuentes que tienen detenidos han revelado los nombres de quienes son sus contactos en el gobierno, “porque para que un delincuente pueda operar tiene que tener protección en el gobierno, concluyó. (Por Abel Miranda Ayala)