Deja plantados el procurador a la CRAC en una audiencia
El titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJE), Iñaki Blanco Cabrera, plantó a dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con quienes iniciaría una segunda mesa de trabajo para abordar el desistimiento de las por lo menos 200 órdenes de aprehensión y averiguaciones
previas que hay contra policías de esa organización. Apenas el 28 de junio pasado, en un primer encuentro sobre este tema, el gobierno del estado aceptó dejar sin efecto las averiguaciones previas y órdenes de aprehensión que hay por presuntas irregularidades que según los Ministerios Públicos y algunos municipios, han cometidos miembros del sistema de justicia. Sin embargo, este día coordinadores de las cuatro casas de justicia que tiene la CRAC, Espino Blanco, Malinaltepec; Zitlaltepec, Metlatónoc; San Luis Acatlán, en ese municipio y El Paraíso, en Ayutla, acudieron a la cita que tenían prevista con Blanco Cabrera, para formalizar el compromiso y plantear otras inconformidades. Además de la cancelación de órdenes de aprehensión, plantearían casos específicos en los que las agencias de los Ministerios Públicos han chocado con su sistema de justicia y reeducación, y otras inconformidades que cada Casa de Justicia expondría en la mesa de trabajo. La reunión del 28 de junio donde además de Iñaki Blanco participó el asesor del gobernador, Ernesto Aguirre fue a puerta cerrada, pero ocurrió a unas horas de que el coordinador de la CRAC, Eliseo Villar Castillo, fuera detenido por un grupo de elementos del Ejército Nacional. La comisión de la Policía Comunitaria (PC) estuvo encabezada por Villar Castillo, que entre otras cosas solicitó la entrega de 16 armas de fuego que les han sido despojadas en diferentes acciones de la milicia. La CRAC denunció que la detención de Villar Castillo y sus acompañantes se desarrolló en el municipio de Ayutla por elementos del Ejército nacional, una acción que dijo, es injustificada porque las autoridades saben de la representación que este ostenta. A los comunitarios que acompañaban a Villar les recogieron 9 armas de fuego; tres de ellas consideradas como de uso exclusivo del Ejército Nacional, y se acordó que este miércoles previo a que la reunión que el próximo 9 de julio buscarán una audiencia con los mandos de la Marina Armada de México y la Secretaría de la Defensa Nacional. La CRAC denunció que no existe el interés de apoyarlos, sino de criminalizar las actividades que se realizan para protestar por diferentes problemas. (www.agenciairza.com)
previas que hay contra policías de esa organización. Apenas el 28 de junio pasado, en un primer encuentro sobre este tema, el gobierno del estado aceptó dejar sin efecto las averiguaciones previas y órdenes de aprehensión que hay por presuntas irregularidades que según los Ministerios Públicos y algunos municipios, han cometidos miembros del sistema de justicia. Sin embargo, este día coordinadores de las cuatro casas de justicia que tiene la CRAC, Espino Blanco, Malinaltepec; Zitlaltepec, Metlatónoc; San Luis Acatlán, en ese municipio y El Paraíso, en Ayutla, acudieron a la cita que tenían prevista con Blanco Cabrera, para formalizar el compromiso y plantear otras inconformidades. Además de la cancelación de órdenes de aprehensión, plantearían casos específicos en los que las agencias de los Ministerios Públicos han chocado con su sistema de justicia y reeducación, y otras inconformidades que cada Casa de Justicia expondría en la mesa de trabajo. La reunión del 28 de junio donde además de Iñaki Blanco participó el asesor del gobernador, Ernesto Aguirre fue a puerta cerrada, pero ocurrió a unas horas de que el coordinador de la CRAC, Eliseo Villar Castillo, fuera detenido por un grupo de elementos del Ejército Nacional. La comisión de la Policía Comunitaria (PC) estuvo encabezada por Villar Castillo, que entre otras cosas solicitó la entrega de 16 armas de fuego que les han sido despojadas en diferentes acciones de la milicia. La CRAC denunció que la detención de Villar Castillo y sus acompañantes se desarrolló en el municipio de Ayutla por elementos del Ejército nacional, una acción que dijo, es injustificada porque las autoridades saben de la representación que este ostenta. A los comunitarios que acompañaban a Villar les recogieron 9 armas de fuego; tres de ellas consideradas como de uso exclusivo del Ejército Nacional, y se acordó que este miércoles previo a que la reunión que el próximo 9 de julio buscarán una audiencia con los mandos de la Marina Armada de México y la Secretaría de la Defensa Nacional. La CRAC denunció que no existe el interés de apoyarlos, sino de criminalizar las actividades que se realizan para protestar por diferentes problemas. (www.agenciairza.com)
Comentarios
Publicar un comentario