Demandan que la PGR investigue la muerte de dirigentes de UP en Iguala

La organización internacional no gubernamental defensoras de derechos Humanos, Human Rights Watch, emitió un comunicado demandando al gobierno mexicano que las instancias federales atraigan la investigación por la muerte de los tres integrantes de Unidad Popular en la ciudad de Iguala. Human Rights
Watch, que desde 1975 tiene activismo en pro de los derechos humanos en decenas de países y ha abanderado causas como la no utilización de niños soldado, y la erradicación de la pena capital en el mundo, señaló en su manifiesto que debido a señalamientos de que autoridades locales pudieran estar involucradas en la muerte de los tres activistas de Unidad Popular, es necesario que el gobierno federal atraiga la indagatoria. “Las autoridades federales mexicanas deberían llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de tres activistas políticos en el estado de Guerrero, además debería ofrecer una fuerte protección a los sobrevivientes del ataque y sus familias”. La ONG consideró a los tres fallecidos como miembros de una organización que realiza campañas de defensa de campesinos y comunidades marginadas y destaca que días antes de su muerte interpusieron una denuncia ante la procuraduría local en la que señalaban el temor de que el presidente municipal de Iguala y el jefe de policía del municipio, pudieran ordenar su muerte como represalia por sus actividades. El 3 de junio, los cuerpos de tres activistas de la organización Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, fueron encontrados a un costado de la carretera, ellos habían desaparecido, junto a otros cinco de sus compañeros, después de bloquear la autopista en protesta contra la política del gobierno local. Dos de los cuerpos tenían heridas de bala y todos mostraban signos de haber sido torturados. Los otros cinco miembros de Unidad Popular que fueron sustraídos en el mismo incidente lograron escapar, y actualmente están escondidos. Una de estas personas explicó a otro activista cómo se habían desarrollado los asesinatos, y relató cómo una de las víctimas había sido golpeada hasta morir después de haber intentado escapar. Antes del ataque, Unidad Popular había realizado reiteradas críticas al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por sus políticas acerca de la asistencia a agricultores y comunidades pobres, y lo había acusado públicamente de corrupción. La denuncia presentada el día anterior al que las víctimas fueran sustraídas hace referencia a una serie de confrontaciones cada vez más encarnizadas con el presidente municipal, que comenzaron en enero. “Colegas de Hernández Cardona, manifestaron a Human Rights Watch que los miembros del grupo se habían sentido amenazados durante varias semanas. Estas personas también denunciaron haber sido seguidas por automóviles y por desconocidos que les tomaron fotografías. El 29 de mayo, miembros del grupo tuvieron una reunión, que se extendió durante varias horas, con el presidente municipal y otros representantes del gobierno. Una de las personas que asistió a esta reunión relató a Human Rights Watch que, durante el encuentro, surgieron numerosas controversias”. “Más de dos semanas después del hallazgo de los cuerpos, se desconoce cuál es el estado de la investigación por parte de los agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Los sobrevivientes no han hablado con los investigadores, ya que no confían en las autoridades municipales ni estatales, explicó un activista a Human Rights Watch. El activista también ha recibido una llamada amenazante a su celular. Mientras tanto, la pareja de Hernández Cardona señala que se siente en peligro, y que la única protección que está recibiendo es una visita diaria por parte de la policía del estado”. (Por: Abel Miranda Ayala)