En quiebra proveedores del gobierno; niega pago de ocho millones de pesos

Más de 20 empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se encuentran en quiebra debido a que el gobierno del estado se niega a pagarles los productos y servicios que les suministró prácticamente desde el inicio de la actual administración, informó el presidente de esta
organización empresarial en Chilpancingo, Fernando Meléndez Cortés. A esto se suma, destacó el líder empresarial capitalino, el hecho de que la actual administración estatal se niega a reconocer una deuda institucional de más de 10 millones de pesos que dejó con ellos el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo. Meléndez Cortés indicó que la deuda que el gobierno del estado tiene desde hace muchos meses con poco más de 20 empresarios afiliados a la Coparmex, es superior a los 8 millones de pesos, aunque la cantidad es mucho mayor porque también le debe a empresarios de otras organizaciones empresariales que de igual forma están en quiebra. Explicó que el hecho de que la administración estatal no pague los productos y servicios a los empresarios locales les provoca grandes pérdidas económicas, razón por la cual muchos ya están muy desesperados, toda vez que para poder proveer al gobierno del estado tuvieron que solicitar préstamos a los bancos y estas instituciones bancarias desde hace meses comenzaron a hostigarlos. Señaló que son varias las dependencias estatales las que tienen fuertes adeudos con empresarios locales prácticamente desde que inició la actual administración estatal, pero aun cuando reconocen la deuda, nada más no pagan, por lo que apeló a la sensibilidad de los funcionarios, ya que en estos momentos ni siquiera reciben las llamadas de sus proveedores. Pero esto no es todo, añadió el presidente del Centro Empresarial Coparmex Chilpancingo, ya que la actual administración estatal se niega a reconocer un adeudo superior a los 10 millones de pesos que dejó pendientes el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, por lo cual muchos de los empresarios que se encuentran en esta situación, entablaron juicios civiles en contra de dependencias estatales diversas, porque al fin de cuentas “es una deuda institucional, y como tal debe cumplirse porque los bienes y servicios fueron vendidos para un bien común, porque fueron aplicados en beneficia de la ciudadanía, y no a favor de un particular”, finalizó. (Baltazar Jiménez Rosales)