Comisión Instructora rechazará demanda de juicio político, confía Ramón Almonte
El ex secretario de Seguridad Pública del gobierno estatal, Ramón Almonte Borja, confió que la Comisión Instructora del Congreso desechará la demanda de juicio político que solicitó en su contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el caso Ayotzinapa.
Consideró que el descargo de pruebas
que presentó a la comisión legislativa durante su comparecencia en Acapulco será de utilidad confirmar que él no tuvo ninguna participación en el desalojo del 12 de diciembre del 2011. “Seguramente voy a obtener la reposición del procedimiento para que se deseche de plano la demanda de juicio político o bien para que se decrete el sobreseimiento”, afirmó en entrevista. Almonte Borja afirmó que en las once páginas que conforman la denuncia de juico político que ordenó en su contra la CNDH “no se me acusa de nada, ni por omisión ni por acción. Esta mal la acusación, está mal”. Acusó además que el presidente del órgano federal, Raúl Plascencia Villanueva, se extralimitó en sus funciones al solicitarle al Congreso local le iniciara un juicio político sin mayores elementos. “La comisión Nacional de Derechos Humanos trata de desviar el asunto para inculpar a unos y proteger a otros”, pero confió que la Comisión Instructora resuelva a su favor en el dictamen final que presente al pleno. “Espero que sí, la verdad es que una comisión plural, es una comisión integrada por diputados muy jóvenes, preparados, la mayoría de ellos son abogados”, dijo el ex funcionario estatal. Luego explicó que por tratarse de un juicio político se le sigue el proceso, pero si se tratase de un juicio “estrictamente” jurídico no siquiera hubieran radicado la demanda en atención a que solo pueden promover denuncia de juicio político los ciudadanos, ya que las instituciones en este caso la CNDH no pueden hacerlo. El ex funcionario estatal enfatizo que no tiene la intención de regresar a su puesto como secretario, pues recordó que su ciclo en el gobierno estatal terminó con su renuncia al cargo luego de los hechos suscitados a finales del 2011. Borja indicó que el hecho de tener en contra un juicio político no lo limita para aspirar a un cargo de elección popular o en el servicio público “en atención a que no estoy inhabilitado, no he sido condenado, y tengo mis derechos políticos a salvo”. Insistió: “Nunca estuve involucrado, yo estoy completamente seguro que la sociedad guerrerense, los medios de comunicación, los diputados integrantes de la 60 legislatura al Congreso del Estado y toda la gente sabe que no tengo ninguna responsabilidad de ninguna naturaleza”, sostuvo. Cuestionado sobre la reincorporación del ex procurador de Justicia, Alberto López Rosas, al gabinete estatal dijo que no tiene impedimento para ejercer un cargo porque al igual que él, tiene sus derechos políticos a salvo. Mencionó que ahora les toca a las instancias de procuración de justicia investigar los hechos y hacer las consignaciones correspondientes ante los tribunales judiciales quienes a su vez determinará si a la “gente” que se le procesa es responsable o no. (www.agenciairza.com)
que presentó a la comisión legislativa durante su comparecencia en Acapulco será de utilidad confirmar que él no tuvo ninguna participación en el desalojo del 12 de diciembre del 2011. “Seguramente voy a obtener la reposición del procedimiento para que se deseche de plano la demanda de juicio político o bien para que se decrete el sobreseimiento”, afirmó en entrevista. Almonte Borja afirmó que en las once páginas que conforman la denuncia de juico político que ordenó en su contra la CNDH “no se me acusa de nada, ni por omisión ni por acción. Esta mal la acusación, está mal”. Acusó además que el presidente del órgano federal, Raúl Plascencia Villanueva, se extralimitó en sus funciones al solicitarle al Congreso local le iniciara un juicio político sin mayores elementos. “La comisión Nacional de Derechos Humanos trata de desviar el asunto para inculpar a unos y proteger a otros”, pero confió que la Comisión Instructora resuelva a su favor en el dictamen final que presente al pleno. “Espero que sí, la verdad es que una comisión plural, es una comisión integrada por diputados muy jóvenes, preparados, la mayoría de ellos son abogados”, dijo el ex funcionario estatal. Luego explicó que por tratarse de un juicio político se le sigue el proceso, pero si se tratase de un juicio “estrictamente” jurídico no siquiera hubieran radicado la demanda en atención a que solo pueden promover denuncia de juicio político los ciudadanos, ya que las instituciones en este caso la CNDH no pueden hacerlo. El ex funcionario estatal enfatizo que no tiene la intención de regresar a su puesto como secretario, pues recordó que su ciclo en el gobierno estatal terminó con su renuncia al cargo luego de los hechos suscitados a finales del 2011. Borja indicó que el hecho de tener en contra un juicio político no lo limita para aspirar a un cargo de elección popular o en el servicio público “en atención a que no estoy inhabilitado, no he sido condenado, y tengo mis derechos políticos a salvo”. Insistió: “Nunca estuve involucrado, yo estoy completamente seguro que la sociedad guerrerense, los medios de comunicación, los diputados integrantes de la 60 legislatura al Congreso del Estado y toda la gente sabe que no tengo ninguna responsabilidad de ninguna naturaleza”, sostuvo. Cuestionado sobre la reincorporación del ex procurador de Justicia, Alberto López Rosas, al gabinete estatal dijo que no tiene impedimento para ejercer un cargo porque al igual que él, tiene sus derechos políticos a salvo. Mencionó que ahora les toca a las instancias de procuración de justicia investigar los hechos y hacer las consignaciones correspondientes ante los tribunales judiciales quienes a su vez determinará si a la “gente” que se le procesa es responsable o no. (www.agenciairza.com)
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