Amnistía Internacional exige no haya impunidad en homicidios
Amnistía Internacional (AI) pidió al gobierno de Guerrero tomar “todas las acciones necesarias” para evitar que el caso Ayotzinapa siga en la impunidad y se castigue a los responsables.
Además respaldó el llamado de otras organizaciones no gubernamentales nacional y extranjeras “para que las autoridades de Guerrero
pongan fin a la impunidad que ha prevalecido” en ese caso. Mediante un comunicado de prensa que difundió este domingo el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, AI lamentó la lentitud de las investigaciones por el gobierno estatal. Lo anterior debido al desalojo violento del 12 de diciembre del 2011 donde fueron asesinados a balazos dos normalistas de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. A consecuencia de los mismos hechos murió Gonzalo Miguel Rivas Cámara, un empleado de la gasolinera “Eva” mientras intentaba controlar el fuego de una bomba que ocasionaron presuntos estudiantes de la misma normal. La organización internacional lamentó la liberación de los agentes de la Policía Investigadora Ministerial Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama, implicados en el doble asesinato del 12 de diciembre del 2011. “El pasado 23 de abril de 2013 por la tarde, fueron liberados dos elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, esta liberación ocurre como resultado de una revisión del proceso ordenada por un tribunal federal argumentando que las pruebas para su detención eran insuficientes”, sostiene. “Como consecuencia de estas liberaciones, ningún agente del estado se encuentra ni proceso ni sentenciado por estos asesinatos”, agrega el comunicado de Amnistía Internacional. Por lo anterior hizo un llamado a las autoridades de Guerrero “a tomar todas las acciones necesarias para evitar que estos asesinatos permanezcan en la impunidad y para asegurar que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia”. “Además, la organización insta a hacer públicos los resultados de las investigaciones con relación a este caso para garantizar el acceso a la verdad para las víctimas y para la sociedad”, agrega. En el comunicado AI da a conocer que tras el operativo de desalojo de aquel fatídico 12 de diciembre del 2011, Gerardo Torres, un estudiante de la Normal Ayotzinapa “fue detenido y, tras vendarle los ojos, en un lugar aislado, seis agentes estatales lo amenazaron de muerte, le propinaros puñetazos en el estómago, las costillas y brazos para obligarlo a apretar el gatillo de un arma automática y poner sus huellas dactilares en los casquillos de las balas usadas para culparlo falsamente de los disparos efectuados previamente”. “Los diversos cuerpos de seguridad involucrados han negado tener responsabilidad. Sin embargo, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la Recomendación Especial 1 VG/2012, concluyó con base en su propio trabajo pericial que los proyectiles de arma de fuego que habían privado de su vida a los estudiantes habían sido disparados por elementos de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero”, indica. (www.agenciairza.com)
pongan fin a la impunidad que ha prevalecido” en ese caso. Mediante un comunicado de prensa que difundió este domingo el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, AI lamentó la lentitud de las investigaciones por el gobierno estatal. Lo anterior debido al desalojo violento del 12 de diciembre del 2011 donde fueron asesinados a balazos dos normalistas de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. A consecuencia de los mismos hechos murió Gonzalo Miguel Rivas Cámara, un empleado de la gasolinera “Eva” mientras intentaba controlar el fuego de una bomba que ocasionaron presuntos estudiantes de la misma normal. La organización internacional lamentó la liberación de los agentes de la Policía Investigadora Ministerial Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama, implicados en el doble asesinato del 12 de diciembre del 2011. “El pasado 23 de abril de 2013 por la tarde, fueron liberados dos elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, esta liberación ocurre como resultado de una revisión del proceso ordenada por un tribunal federal argumentando que las pruebas para su detención eran insuficientes”, sostiene. “Como consecuencia de estas liberaciones, ningún agente del estado se encuentra ni proceso ni sentenciado por estos asesinatos”, agrega el comunicado de Amnistía Internacional. Por lo anterior hizo un llamado a las autoridades de Guerrero “a tomar todas las acciones necesarias para evitar que estos asesinatos permanezcan en la impunidad y para asegurar que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia”. “Además, la organización insta a hacer públicos los resultados de las investigaciones con relación a este caso para garantizar el acceso a la verdad para las víctimas y para la sociedad”, agrega. En el comunicado AI da a conocer que tras el operativo de desalojo de aquel fatídico 12 de diciembre del 2011, Gerardo Torres, un estudiante de la Normal Ayotzinapa “fue detenido y, tras vendarle los ojos, en un lugar aislado, seis agentes estatales lo amenazaron de muerte, le propinaros puñetazos en el estómago, las costillas y brazos para obligarlo a apretar el gatillo de un arma automática y poner sus huellas dactilares en los casquillos de las balas usadas para culparlo falsamente de los disparos efectuados previamente”. “Los diversos cuerpos de seguridad involucrados han negado tener responsabilidad. Sin embargo, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la Recomendación Especial 1 VG/2012, concluyó con base en su propio trabajo pericial que los proyectiles de arma de fuego que habían privado de su vida a los estudiantes habían sido disparados por elementos de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero”, indica. (www.agenciairza.com)
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