No intranquiliza a legisladores el “costo político” de sus acciones

El diputado priísta Héctor Astudillo Flores y el perredista, Bernardo Ortega Jiménez, descartaron que el Congreso del Estado tenga alguna responsabilidad en las acciones violentas o no que el magisterio cetegista realice tras no haber logrado que se modificara (a modo) la Ley Estatal de Educación, y aseguraron que su
actuar fue en estricto apego a la ley y ponderando el bien común. Los legisladores, que fueron entrevistados ayer al concluir la sesión del Poder Legislativo, coincidieron en que la reforma que propusieron algunos maestros, sería para atender los intereses de un sector social, que no a la mayoría de la población, por ello se ponderó la legalidad por encima de todo. Astudillo Flores indicó que la propuesta de ley contenía detalles que la contraponían a la Constitución Federal, por lo cual legalmente no procedía su aplicación. “El congreso no puede legislar bajo ninguna presión que no sea la de ajustarse a la ley y definitivamente no se puede ir en contra de la reforma constitucional que ya está en vigor”. Cuestionado sobre si asumirán el costo político que aprobar en estos términos puede representar -dados los anuncios de movilizaciones y una probable represión- , el diputado respondió, “no podría suponer cuestiones que no han sucedido, pero nos queda claro que el papel del Congreso es legal y moral, y estamos obligados a legislar en un marco jurídico, por ello el costo político sería grave para el Congreso si legislara en contra de la ley”. Por su parte Bernardo Ortega destacó que de la propuesta de los maestros se aprobó la parte que expresa la gratuidad de la educación que es un tema que están defendiendo los profesores, sin embargo reconoció que las demás propuestas no fueron aprobadas porque representaban contraponerse a la Constitución. Consideró que el Congreso no deberá asumir ningún costo político porque actuó con legalidad y transparencia, “no nos sentiremos culpables porque nosotros actuamos conforme a la ley y logramos que prevaleciera la legalidad ante las presiones”. Destacó que la reforma federal se aprobó para eliminar vicios en el sector educativo que son parte de las causas del rezago que se mantiene, por ello fue que la iniciativa se aprobó en pos de la legalidad. Finalmente, en cuanto a las movilizaciones anunciadas por el magisterio, dijo que el atenderlas será responsabilidad del Poder Ejecutivo y que ellos en todo caso dialogarían con el magisterio sólo si existiese alguna petición de parte, “nosotros ya cumplimos presentamos el dictamen y lo aprobamos en el tiempo que nos pidieron”. (Abel Miranda Ayala)