Niega PGR a la Comverdad acceso a sus archivos; denuncia hostigamiento
La Comisión de la Verdad (Comverdad), creada por el Congreso local para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en los 60’s y 70’s rindió ayer una especie de “preinforme” de los avances que presenta su investigación, en el que además de reiterar que ha sufrido hostigamientos, amenazas y una
campaña de desprestigio, denunció que hasta el momento, la Procuraduría General de la República (PGR) no le permitido acceder a sus archivos bajo el argumento de que son “confidenciales”. En una conferencia de prensa que dieron en la Sala de Juntas de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), los integrantes de la Comverdad, encabezados por el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), José Enrique González Ruiz, informaron que en las investigaciones que han llevado a cabo hasta el momento han podido documentar casos de desplazamientos forzados de familias e incluso de comunidades enteras. “En el transcurso de la investigación de la Comverdad se ha llegado al convencimiento de que en muchas comunidades del estado de Guerrero se vivió la suspensión de las garantías individuales y un verdadero estado de sitio, ya que en el combate a los grupos guerrilleros se violaron no solamente los derechos de las personas pertenecientes o sospechosas de pertenecer a dichos grupos sino que también se afectaron y violaron los derechos de algunas comunidades, especialmente de la sierra del estado, donde el ejército, policía y corporaciones paramilitares realizaron indiscriminadamente detenciones sin importar la edad, sexo o condición física”, indicó González Ruiz. Asimismo, señaló que esta comisión también tiene documentado que el Ejército impidió la introducción de suficientes víveres, robó el ganado, destruyó casas, desplazó a familias enteras y sometió mediante el hambre y la miseria a quienes vivían en esas regiones, ya que debían pedir permiso para realizar sus actividades productivas, lo cual generó pérdidas en sus cosechas y una reducción considerable de su nivel de vida, porque limitaron la introducción, a las comunidades, de víveres, medicinas y demás satisfactores. Los casos de desplazamientos forzados de familias se documentaron en las localidades de Rincón de las Parotas y El Alto del Camarón y las comunidades que fueron “arrasadas” por el Ejército fue El Potrero o Valle Florido, en el municipio de Acapulco. Hasta el momento, mencionó González Ruiz, la Comverdad tiene documentados 214 casos de víctimas de la llamada “guerra sucia” en lo que corresponde a un año de trabajo, lo cual calificó como positivo, considerando que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha investigado 532 casos en 10 años.
La negativa de la PGR
González Ruiz reconoció asimismo que si bien la Procuraduría General de Justicia del Estado apoyó a la Comverdad en su trabajo de investigación, la realidad es que en sus archivos no hay documento alguno. Pero en donde la Comverdad se encontró con una negativa rotunda para poder acceder a sus documentos que están en poder del Archivo General de la Nación, fue en la PGR bajo el argumento de que son archivos confidenciales, por lo cual interpuso un amparo ante al Juzgado décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa. “Esta negativa de la PGR a colaborar y brindar información a la Comverdad contraviene no solamente el derecho de la sociedad guerrerense a la verdad sino que incumple la recomendación del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La negativa de la expresó, llegó al límite de negar a las personas sobrevivientes de desaparición forzada, el acceso a la averiguación previa donde supuestamente se habrían investigado los hechos relacionados con la violación a sus derechos”. (Baltazar Jiménez Rosales)
campaña de desprestigio, denunció que hasta el momento, la Procuraduría General de la República (PGR) no le permitido acceder a sus archivos bajo el argumento de que son “confidenciales”. En una conferencia de prensa que dieron en la Sala de Juntas de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), los integrantes de la Comverdad, encabezados por el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), José Enrique González Ruiz, informaron que en las investigaciones que han llevado a cabo hasta el momento han podido documentar casos de desplazamientos forzados de familias e incluso de comunidades enteras. “En el transcurso de la investigación de la Comverdad se ha llegado al convencimiento de que en muchas comunidades del estado de Guerrero se vivió la suspensión de las garantías individuales y un verdadero estado de sitio, ya que en el combate a los grupos guerrilleros se violaron no solamente los derechos de las personas pertenecientes o sospechosas de pertenecer a dichos grupos sino que también se afectaron y violaron los derechos de algunas comunidades, especialmente de la sierra del estado, donde el ejército, policía y corporaciones paramilitares realizaron indiscriminadamente detenciones sin importar la edad, sexo o condición física”, indicó González Ruiz. Asimismo, señaló que esta comisión también tiene documentado que el Ejército impidió la introducción de suficientes víveres, robó el ganado, destruyó casas, desplazó a familias enteras y sometió mediante el hambre y la miseria a quienes vivían en esas regiones, ya que debían pedir permiso para realizar sus actividades productivas, lo cual generó pérdidas en sus cosechas y una reducción considerable de su nivel de vida, porque limitaron la introducción, a las comunidades, de víveres, medicinas y demás satisfactores. Los casos de desplazamientos forzados de familias se documentaron en las localidades de Rincón de las Parotas y El Alto del Camarón y las comunidades que fueron “arrasadas” por el Ejército fue El Potrero o Valle Florido, en el municipio de Acapulco. Hasta el momento, mencionó González Ruiz, la Comverdad tiene documentados 214 casos de víctimas de la llamada “guerra sucia” en lo que corresponde a un año de trabajo, lo cual calificó como positivo, considerando que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha investigado 532 casos en 10 años.
La negativa de la PGR
González Ruiz reconoció asimismo que si bien la Procuraduría General de Justicia del Estado apoyó a la Comverdad en su trabajo de investigación, la realidad es que en sus archivos no hay documento alguno. Pero en donde la Comverdad se encontró con una negativa rotunda para poder acceder a sus documentos que están en poder del Archivo General de la Nación, fue en la PGR bajo el argumento de que son archivos confidenciales, por lo cual interpuso un amparo ante al Juzgado décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa. “Esta negativa de la PGR a colaborar y brindar información a la Comverdad contraviene no solamente el derecho de la sociedad guerrerense a la verdad sino que incumple la recomendación del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La negativa de la expresó, llegó al límite de negar a las personas sobrevivientes de desaparición forzada, el acceso a la averiguación previa donde supuestamente se habrían investigado los hechos relacionados con la violación a sus derechos”. (Baltazar Jiménez Rosales)
Comentarios
Publicar un comentario