Dan entrada en el Congreso local iniciativa para prevenir, erradicar y castigar la tortura
Las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos de la 60 Legislatura presentaron la iniciativa de reforma para prevenir, erradicar y castigar severamente la tortura en Guerrero.
La iniciativa que tipifica como delito la práctica de la tortura y considera un castigo de hasta 15 años de prisión sin beneficios legales
para quien la cometa, da respuesta a las propuestas de organizaciones no gubernamentales que durante años habían solicitado esa medida. Durante la sesión del pleno del Congreso local, realizada este viernes, se presentó la iniciativa que tiene el propósito de que la entidad cuente con un marco jurídico adecuado para prevenir y erradicar la tortura. Al dar lectura al documento la diputada Karen Castrejón Trujillo, manifestó que la 60 Legislatura tiene el compromiso y la obligación de legislar en materia de tortura para estar acorde con los artículos 1, 20 y 122 de la Constitución federal y con los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado. Expuso que el año pasado el Organismo de defensa de los derechos Humanos “Tlachinollan” y el presidente de la Comisión Estatal de defensa de los Derechos Humanos, presentaron al Congreso iniciativas de Reformas para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura. Y fueron las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos las que acordaron retomar dichas propuestas para generar un marco legal que no quede sólo en la tipificación del delito de tortura, sino que considere las modificaciones legales que eliminarán los incentivos legales que la propician y la impunidad que prevalece cuando se denuncia. La iniciativa que tipifica el delito de tortura incorpora los elementos constitutivos de este ilícito conforme a los tratados internacionales, para que se considere un delito contra la vida y la salud personal y no contra la administración de justicia. Asimismo, pretende adicionar un segundo párrafo para señalar que el delito de tortura será imprescriptible, que la pena será como mínimo 6 años de prisión y como máximo quince, así como de quinientos a tres mil días de salario de multa y destitución e inhabilitación para el desempeño de otro cargo, por un término de diez a quince años, sin perjuicio de las penas que correspondan a otros delitos que concurran. Además que al responsable de la tortura se le incrementará la pena de prisión en un tercio de la que le corresponda, cuando el sujeto pasivo sea discapacitado, minusválido, menor de edad, mujer, periodista, defensor de derechos humanos, candidato a cargo de elección popular, dirigente sindical, político o religioso. También se impondrán penas de 4 a 8 años de prisión y la inhabilitación, a los servidores públicos que teniendo conocimiento del delito de tortura no denuncie de inmediato, o ayude a eludir la aplicación de la justicia o entorpezca la investigación. Además, se considera una sanción penal adecuada para el médico legista que deliberadamente se abstenga de certificar las lesiones que presente una persona o lo haga de manera incompleta, con la finalidad de encubrir la comisión del delito de tortura. Se establece que el responsable del delito de tortura, no gozará de beneficios o substitución de sanciones, remisión parcial de la pena, tratamiento preliberacional, libertad preparatoria, amnistía, indulto o cualesquier otro beneficio que la Ley establezca. De igual manera el delito de tortura no será susceptible de perdón, indulto o amnistía y el Juez deberá condenarlo también al pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido. Finalmente la legisladora precisó que la iniciativa de reformas a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales y de la Ley que Crea la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y Establece el Procedimiento en Materia de Desaparición Involuntaria de Personas es innovadora y recoge años de experiencia acompañando a víctimas de tortura que no han accedido a la justicia, además de ser reforma integral que podría sentar las bases para erradicar la tortura de Guerrero, poniéndolo a la vanguardia legislativa en materia de derechos humanos.
para quien la cometa, da respuesta a las propuestas de organizaciones no gubernamentales que durante años habían solicitado esa medida. Durante la sesión del pleno del Congreso local, realizada este viernes, se presentó la iniciativa que tiene el propósito de que la entidad cuente con un marco jurídico adecuado para prevenir y erradicar la tortura. Al dar lectura al documento la diputada Karen Castrejón Trujillo, manifestó que la 60 Legislatura tiene el compromiso y la obligación de legislar en materia de tortura para estar acorde con los artículos 1, 20 y 122 de la Constitución federal y con los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado. Expuso que el año pasado el Organismo de defensa de los derechos Humanos “Tlachinollan” y el presidente de la Comisión Estatal de defensa de los Derechos Humanos, presentaron al Congreso iniciativas de Reformas para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura. Y fueron las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos las que acordaron retomar dichas propuestas para generar un marco legal que no quede sólo en la tipificación del delito de tortura, sino que considere las modificaciones legales que eliminarán los incentivos legales que la propician y la impunidad que prevalece cuando se denuncia. La iniciativa que tipifica el delito de tortura incorpora los elementos constitutivos de este ilícito conforme a los tratados internacionales, para que se considere un delito contra la vida y la salud personal y no contra la administración de justicia. Asimismo, pretende adicionar un segundo párrafo para señalar que el delito de tortura será imprescriptible, que la pena será como mínimo 6 años de prisión y como máximo quince, así como de quinientos a tres mil días de salario de multa y destitución e inhabilitación para el desempeño de otro cargo, por un término de diez a quince años, sin perjuicio de las penas que correspondan a otros delitos que concurran. Además que al responsable de la tortura se le incrementará la pena de prisión en un tercio de la que le corresponda, cuando el sujeto pasivo sea discapacitado, minusválido, menor de edad, mujer, periodista, defensor de derechos humanos, candidato a cargo de elección popular, dirigente sindical, político o religioso. También se impondrán penas de 4 a 8 años de prisión y la inhabilitación, a los servidores públicos que teniendo conocimiento del delito de tortura no denuncie de inmediato, o ayude a eludir la aplicación de la justicia o entorpezca la investigación. Además, se considera una sanción penal adecuada para el médico legista que deliberadamente se abstenga de certificar las lesiones que presente una persona o lo haga de manera incompleta, con la finalidad de encubrir la comisión del delito de tortura. Se establece que el responsable del delito de tortura, no gozará de beneficios o substitución de sanciones, remisión parcial de la pena, tratamiento preliberacional, libertad preparatoria, amnistía, indulto o cualesquier otro beneficio que la Ley establezca. De igual manera el delito de tortura no será susceptible de perdón, indulto o amnistía y el Juez deberá condenarlo también al pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido. Finalmente la legisladora precisó que la iniciativa de reformas a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales y de la Ley que Crea la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y Establece el Procedimiento en Materia de Desaparición Involuntaria de Personas es innovadora y recoge años de experiencia acompañando a víctimas de tortura que no han accedido a la justicia, además de ser reforma integral que podría sentar las bases para erradicar la tortura de Guerrero, poniéndolo a la vanguardia legislativa en materia de derechos humanos.
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